Por. Luis Calderón
Los refugios de seres sintientes —como define a los animales el Código Civil de la Ciudad de México— son una penosa necesidad provocada por el abandono de dueños inescrupulosos que consideran la vida de una mascota como algo desechable, un fenómeno recurrente en toda la República, pero con mayor incidencia en grandes urbes como la Ciudad de México.
La vida de cientos de perros y gatos en situación de calle puede desembocar en cuatro destinos. En el mejor de los casos, ser rescatados y adoptados por una familia o, bien, ser rescatados por alguna organización altruista que cuente con un refugio, sostenido a pesar de la falta de insumos y de apoyo por parte del sector gubernamental.
Otra opción es caer en manos de ese mismo sector gubernamental que, en diversas ocasiones, ha demostrado carecer de los conocimientos adecuados para atender a animales en situación de vulnerabilidad, recurriendo a soluciones inhumanas como el sacrificio o el hacinamiento en jaulas frías de concreto.
Finalmente, está el destino de la indiferencia, donde animales callejeros sufren ignorados, sobreviven con sobras de alimento, enfermos, en manadas que pueden representar un peligro para niños y personas mayores, para posteriormente morir en la calle, solos, con frío y hambre.
El caso del Refugio Franciscano —que ayuda a los “seres sintientes” abandonados desde hace más de 40 años— se encuentra en una situación lamentable que ha generado críticas y posturas encontradas, pues desde diciembre del año pasado ha sido señalado por presunto maltrato animal, bajo una operación que parece encubrir el despojo del territorio donde se ubica el refugio y que sería solapada por el Gobierno de la Ciudad de México.
Sería impreciso no señalar que muchos de los animales presentes en el Refugio Franciscano no se encontraban en las mejores condiciones. Esto no es necesariamente atribuible al personal del refugio, sino al sinfín de carencias que se presentan durante la labor de rescate y resguardo de animales.
La manutención de un animal es costosa; incluso resulta difícil para personas de clase media con una economía estable, pues implica destinar miles de pesos durante años. El caso de los refugios es similar, ya que no solo se dedican a sacar animales de las calles, sino que también procuran atender sus necesidades alimenticias, de techo y resguardo, así como de afecto y atención médica, lo que requiere inversiones millonarias para dar un seguimiento adecuado al bienestar animal.
La mayoría de los refugios en la Ciudad de México subsisten a partir de donaciones de adoptantes o particulares, las cuales en ocasiones apenas alcanzan para cubrir el alimento. No es un secreto que estas organizaciones viven con carencias importantes; ellas mismas han difundido la situación precaria en la que se encuentran.
Hoy, la indiferencia que el gobierno de la CDMX mantuvo durante décadas respecto al Refugio Franciscano se rompió, pero no en beneficio de los animales que lo habitan, sino para despojarlos del único lugar donde fueron tratados como lo establece el Código Civil: seres sintientes, aun cuando los recursos fueran limitados y las condiciones no las mejores, pero con el intento de brindar un hogar a los animales que, antes de ingresar al refugio, (sobre)vivían en las calles.
La alcaldía Cuajimalpa —donde se localiza el predio que ocupa el Refugio Franciscano— sabía, por lo menos desde 2022, de la situación del lugar, pues representantes del refugio han mostrado documentos avalados por dicha alcaldía que constatan la labor que voluntarios y directivos realizaban con los animales rescatados.
Tres años después, en 2025, se reavivó el interés en el Refugio Franciscano, ahora por parte del gobierno de Clara Brugada y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que iniciaron una investigación por presunto maltrato animal. Desde diciembre, esta querella ha mantenido en la incertidumbre a mil perros y 40 gatos, al ir acompañada de un intento de despojo del predio por parte de la Fundación Antonio Haghenbeck, la misma que no logró concretar un primer desalojo en 2022.
En 2022, el Juzgado 60 Civil de la Ciudad de México ordenó el desalojo del predio, sin importar el posible uso de las fuerzas de seguridad. Ante ello, el Refugio Franciscano interpuso un recurso de apelación que le permitió continuar con su labor, además de un acuerdo mediante el cual la Fundación Antonio Haghenbeck se comprometió, el 9 de noviembre de ese año, a construir un nuevo refugio en el mismo predio, sin que hasta 2026 se haya cumplido dicho acuerdo.
El pasado 11 de diciembre, el predio fue desalojado de los cuidadores que lo resguardaban. Ocho días después, el 19 de diciembre, un Tribunal Colegiado de la CDMX ordenó la entrega inmediata del albergue al Refugio Franciscano:
“…este Tribunal no advierte que con el otorgamiento de la suspensión [contra el desalojo] se contravengan disposiciones de orden público ni el interés social, es procedente conceder la suspensión provisional, para efecto de restituir a la quejosa de inmediato en la posesión de una fracción del inmueble de la carretera México-Toluca, km 17.5, también identificado con el número oficial cuatro mil quinientos cuarenta y siete, colonia Lomas de Vista Hermosa, código postal 05100, alcaldía Cuajimalpa, en esta ciudad”, se lee en la sentencia compartida el mismo día de su resolución por el Refugio Franciscano a través de sus redes sociales.
La disputa entre el Refugio Franciscano y la Fundación Antonio Haghenbeck se centra en la fracción del predio mencionada en la sentencia del 19 de diciembre, donde se ubica el albergue y que —según contratos difundidos por el propio Refugio— fue vendida en 2020 por la Fundación en 650 mil pesos a Banco Ve por Más.
Dicha venta resulta de un precio extremadamente bajo, considerando que el terreno cuenta con una superficie de 163 mil 266 metros cuadrados, lo que implicaría un valor aproximado de cuatro pesos por metro cuadrado, pese a la buena ubicación del predio, a un costado de la carretera México-Toluca.
La venta —concretada por las representantes de la Fundación Verónica Blanco González y Carmela Rivero Jiménez— se realizó pese a lo establecido por el creador de la fundación, Antonio Haghenbeck, en un testamento público que prohíbe la venta y el uso del predio para actividades distintas al rescate de animales.
Este 7 de enero se concretó el desalojo del predio, respaldado por el gobierno de Clara Brugada, la fiscal Bertha Alcalde Luján y el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez, quienes desplegaron un operativo brutal con la presencia de cientos de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), incluidos cuerpos especiales como los “Zorros” y las “Ateneas”, así como granaderos, con el objetivo de desalojar y desplazar a los animales refugiados en el albergue.
Antes de ingresar al Refugio Franciscano, elementos de la SSC encapsularon y agredieron a activistas, vecinos, colaboradores del albergue y medios de comunicación, en un despliegue de violencia desproporcionada que se prolongó desde el inicio del operativo, a las 11:00 horas, hasta por lo menos las 17:00 horas. No se reportaron detenidos, pero sí el aseguramiento preliminar de 936 animales, según informó la fiscal Bertha Alcalde en una conferencia realizada de manera simultánea al operativo.
Alcalde señaló que las acciones derivaron de investigaciones formales iniciadas en diciembre de 2025, “a partir de múltiples denuncias ciudadanas relacionadas con las condiciones en las que se encontraban perros y gatos al interior del inmueble”, argumento respaldado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presente en la conferencia. Cenzontle400 solicitó a la FGJCDMX el número exacto de denuncias, sin que al cierre de esta edición se haya recibido respuesta.
Tras la irrupción de los elementos de la SSC en el albergue, medios de comunicación y ciudadanos documentaron la falta de conocimiento institucional en el manejo de animales vulnerables, pues fueron transportados hacinados y arrojados a camionetas como si se tratara de cajas. Además, varios fueron trasladados en camiones sin ventilación, lo que podría provocar muertes por asfixia, golpe de calor o deshidratación.
A este trato deficiente se suma la incertidumbre sobre el destino de los animales “rescatados”, como los denomina la FGJCDMX, ya que no se informó su paradero ni a integrantes del Refugio Franciscano ni a los medios de comunicación. Solo se indicó que serían trasladados a tres sitios distintos, uno de ellos el Hospital Veterinario de Iztapalapa, operado por la Agencia de Atención Animal (Agatan).
Gracias a la cobertura de diversos medios, se conoció que al menos 200 perros fueron trasladados a un refugio en el Ajusco identificado como Asociación Reserva para la Flora y Fauna Silvestre. Su representante legal, Flor Hernández, señaló que el albergue no cuenta con la capacidad para atender a todos los animales que llegaron.
Hernández aseguró que no fueron consultados sobre la llegada de los animales asegurados por la FGJCDMX y que el refugio solo tiene capacidad para alrededor de 30 perros, por lo que resulta imposible brindarles una calidad de vida digna.
La FGJCDMX informó que se realizaron inspecciones ministeriales y dictámenes de medicina veterinaria forense, mediante los cuales se documentaron “probables actos de maltrato o crueldad contra 936 animales no humanos, en su mayoría perros, así como un grupo de gatos”.
Por su parte, el Refugio Franciscano sostiene que el trasfondo de estas acciones es la apropiación del terreno donde se ubica el albergue. Señaló el desinterés gubernamental durante años y cuestionó la sinceridad de las autoridades, así como el uso de la fuerza policial contra cuidadores, vecinos y activistas.
“¿Por qué no se ofreció apoyo, recursos, acompañamiento, mejoras reales? Porque cuando se ‘negoció’ el terreno que tanto se deseaba, nadie se preocupó por el bienestar animal. Si así hubiera sido, se habría trabajado en ayudar, no en sacar, no en arrebatar”, señaló el Refugio Franciscano en un comunicado.
En contraste, la FGJCDMX afirmó que, de acuerdo con valoraciones veterinarias, se identificaron casos de desnutrición grave y caquexia en varios perros, así como múltiples casos de obesidad extrema “asociados a dietas inadecuadas”. En el caso de los felinos, la Fiscalía señaló la presencia de signos de enfermedades respiratorias, como secreción nasal y ocular persistente, estornudos constantes y falta de aislamiento sanitario adecuado.
Finalmente, la Fiscalía indicó que las inspecciones permitieron constatar condiciones de hacinamiento extremo, espacios reducidos, jaulas sin ventilación o sin techo, acumulación de heces y orina, falta de luz natural, ausencia de áreas de aislamiento para animales enfermos y carencia de condiciones mínimas de bienestar, una “situación que generaba dolor, sufrimiento y estrés prolongado”.
Aunque la Fiscalía difundió imágenes del “antes y después” de los animales asegurados, en pocas de las fotografías del “después” se observa a los animales libres. En la mayoría, solo se aprecia a los animales dentro de transportadoras y a elementos de instituciones del gobierno capitalino.
Imágenes del “después”, la mayoría de animales aún en transportadora
Al cierre de esta edición, persiste la incertidumbre sobre el destino de más de mil perros y 40 gatos —según censos del Refugio Franciscano—, su estado de salud, la definición de la propiedad del predio ubicado en la carretera México-Toluca y, sobre todo, las acciones que implementará el gobierno en favor del bienestar de estos animales, que hoy dormirán en un lugar desconocido, separados de aquellos con los que convivían y sin un destino asegurado.
Únicas fotos difundidas de perritos fuera de transportadoras del “después” de la FGJCDMX
