El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum en la que señala que, a casi un año de los macabros hallazgos en el centro de exterminio y reclutamiento ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, las autoridades han abandonado el rancho donde fueron hallados más de 200 pares de zapatos y cientos de prendas, muchas de ellas identificadas como pertenencias de personas reportadas como desaparecidas.
El 5 de marzo de 2025 se desenterró una verdad atroz en el Rancho Izaguirre, que recorrió el mundo con cobertura de medios como BBC, France24 y El País, así como con la atención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El colectivo de familiares buscadores Guerreros Buscadores de Jalisco había hallado indicios de la existencia de un campo de reclutamiento, entrenamiento y exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dentro de la propiedad ubicada cerca de la comunidad de La Estanzuela.
En el lugar, el colectivo halló más de 400 prendas de ropa, decenas de mochilas, al menos 200 pares de zapatos, fotografías, varios cuadernos y restos óseos que presentaban exposición térmica, es decir, habían sido sometidos a altas temperaturas.
De acuerdo con el colectivo, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que acompañaron a las y los buscadores y apoyaron en las labores dentro del predio lograron localizar una fosa con restos óseos cubiertos por una losa para dificultar su hallazgo.
Mediante una transmisión en Facebook, el colectivo documentó el ingreso al Rancho Izaguirre, que en ese momento se encontraba sin sellos de aseguramiento ni resguardo de las autoridades. En dicha transmisión también se constató el hallazgo de, por lo menos, cuatro hornos que habrían sido utilizados para incinerar a víctimas de reclutamiento forzado por parte del CJNG.
El rancho contaba con una pequeña cocina, un área de práctica de tiro, un gimnasio rústico para acondicionamiento físico y un altar a la Santa Muerte.
En poco tiempo, el hallazgo del sitio de exterminio recorrió el mundo y evidenció la falta de autoridad que impera en el estado de Jalisco y en el resto del territorio nacional. La indignación aumentó cuando se dio a conocer que las autoridades ya tenían conocimiento del lugar desde septiembre de 2024, cuando aseguraron el inmueble por primera vez, para que casi seis meses después el colectivo lo encontrara en total estado de abandono.
Hoy, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ha tenido que alzar la voz nuevamente ante la repetición de esta conducta por parte del gobierno. Denuncian que, actualmente, el Rancho Izaguirre vuelve a estar abandonado y olvidado por el Estado, sin que exista atención alguna, al igual que para las cientos de víctimas que, se especula, habrían atravesado sus puertas, muchas de ellas sin volver a salir con vida.
El lunes 12 de enero, el colectivo difundió a través de sus redes sociales una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que puntualiza que el mensaje “no es político ni golpeteo mediático”, sino que se trata de “un grito desesperado”.
“El Rancho Izaguirre no fue un rancho más; fue una zona de exterminio donde se cometieron privación ilegal de la libertad, trata de personas, asesinatos sistemáticos, canibalismo y otros actos inhumanos”, señala el colectivo.
Aseguran que el silencio que mantuvieron respecto al rancho respondió a la intención de no afectar las investigaciones, pues confiaron en las autoridades e instituciones, recibiendo como respuesta “abandono, omisiones y mentiras”.
El mensaje enfatiza que el Rancho Izaguirre se encuentra totalmente abandonado, hecho acreditado por múltiples evidencias documentadas. Asimismo, denuncian que las acciones de las autoridades resultaron ineficientes, al carecer de cateos, líneas de investigación y funcionarios judicializados, pese a que, afirman, existen elementos suficientes para hacerlo.
Entre los señalamientos más graves, el colectivo sostiene que existió filtración de información desde la Fiscalía General de la República (FGR) hacia el crimen organizado, lo que habría permitido que algunos de los pocos detenidos relacionados con el caso hoy apelen sus condenas o pospongan sus juicios, “existiendo un riesgo real de que queden en libertad”.
Las denuncias continúan, pues el colectivo señala múltiples omisiones y una reiterada negativa a permitir el acceso a la carpeta de investigación, “pese a existir quejas interpuestas por víctimas contra el director del área de Personas Desaparecidas, Ricardo Flores”. Estos hechos, señalan, se han presentado desde la salida de la anterior titular de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF), Martha Lidia Pérez, “con quien sí existía coadyuvancia y trabajo real”, lo que habría provocado el cierre de la investigación, “un atraso grave y el abandono total del caso”.
Asimismo, el colectivo afirma que la presidenta Claudia Sheinbaum recibe información falsa, utilizada para simular trabajo, ocultar omisiones y aparentar responsabilidad institucional.
Finalmente, el mensaje advierte que testigos clave con información delicada fueron ignorados por las instituciones, por lo que algunos tuvieron que huir del país hacia Estados Unidos para salvaguardar su integridad y su vida. Dichos testigos han manifestado su intención de entregar las pruebas fuera del país.
En su momento, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó una investigación en torno a la falta de resguardo del Rancho Izaguirre; sin embargo, al cierre de esta edición, la titular del Ejecutivo federal no se ha pronunciado sobre el mensaje de Guerreros Buscadores de Jalisco.
Actualmente existen 14 personas detenidas por el caso del campo de exterminio del Rancho Izaguirre. De ellas, 10 ya fueron condenadas a 141 años y tres meses de prisión, además del pago de una multa de 1.3 millones de pesos como reparación del daño.
Entre los detenidos se encuentra el entonces alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, capturado por elementos de la FGR el 3 de mayo de 2025 en las inmediaciones de su domicilio. De acuerdo con un testigo, Murguía Santiago sería colaborador del CJNG y habría presenciado la entrega de miles de pesos producto de la protección brindada al cártel para que las autoridades municipales no actuaran en su contra.
Dos de los detenidos son policías municipales presuntamente vinculados con el cártel liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
Según un testimonio presentado durante la primera audiencia de Ascensión Murguía, policías de los municipios de Tala, Etzatlán y otros de la región Valles estarían involucrados en las actividades realizadas en el Rancho Izaguirre.
En septiembre de 2024, cuando la Guardia Nacional atendió una denuncia por detonaciones de arma de fuego, sus elementos fueron recibidos con disparos provenientes del Rancho Izaguirre, lo que derivó en un enfrentamiento que concluyó con la detención de 10 sujetos y el rescate de dos personas. Una de ellas declaró que fue trasladada al rancho después de que policías de Tala lo detuvieran para realizarle “una inspección de rutina”.
En abril de 2025, el entonces fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, afirmó que “no es creíble que una situación de esta naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales y del Estado”, lo que podría confirmar la participación, al menos, de policías municipales.
A pesar de que Gertz Manero y la maquinaria de comunicación oficial aseguraron meses después que en el Rancho Izaguirre únicamente se reclutaba y adiestraba a víctimas de falsas ofertas de trabajo, y que no se trataba de un sitio de exterminio, el primer comunicado de la Fiscalía del Estado de Jalisco, emitido el 9 de marzo de 2025, confirma que durante el primer aseguramiento, ocurrido el 18 de septiembre de 2024, se localizaron armas, chalecos, indicios balísticos y “dos lotes de restos óseos con exposición térmica”.
El conteo final presentado por la Fiscalía estatal confirmó el hallazgo de cinco lotes de restos óseos fragmentados con indicios de exposición térmica, 400 prendas e indumentaria, 96 casquillos de diversos calibres y tres cargadores, tras los peritajes realizados luego de que el colectivo Guerreros Buscadores evidenciara el sitio.
La duda persiste a casi un año de aquella transmisión que reveló el horror. Cientos de víctimas continúan desaparecidas y decenas de pruebas e indicios que podrían ayudar a resolver algunos de los casos hoy se encuentran olvidados, abandonados e ignorados.
El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco lanzó este mensaje, como ellos mismos lo señalan, como un último grito de esperanza “por la memoria de quienes quedaron en el Rancho Izaguirre, por quienes hoy siguen desaparecidos y por un país que no puede normalizar centros de exterminio”.
