“El que nunca tiene y llega a tener, loco se quiere volver”
Refran popular
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra en el ojo del huracán tras revelarse un gasto de 40 mil pesos para la realización de un retrato de la ministra Lenia Batres. La controversia ha escalado rápidamente, generando críticas y cuestionamientos sobre la congruencia de este desembolso con los principios de austeridad y el discurso de “primero los pobres” promovido por el gobierno actual.
En un contexto donde la austeridad se ha erigido como bandera de la administración pública, el gasto de 40 mil pesos en un retrato ha sido calificado por diversos sectores como un derroche innecesario. La pregunta que surge es si este tipo de erogaciones se justifica en un país con altos niveles de pobreza y desigualdad.
El gobierno de la Cuarta Transformación (4T) ha insistido en la necesidad de reducir los gastos superfluos y destinar los recursos a programas sociales que beneficien a los más vulnerables. En este sentido, el gasto en el retrato de la ministra Batres parece contradecir este discurso, generando una sensación de incongruencia entre las palabras y los hechos.
La polémica se agudiza al considerar que la SCJN, como garante de la justicia y el Estado de Derecho, debería ser especialmente cuidadosa con el manejo de los recursos públicos. La imagen de la institución se ve comprometida cuando se destinan fondos a gastos que pueden ser percibidos como suntuarios o innecesarios.
Algunos analistas señalan que este tipo de gastos envía un mensaje equivocado a la sociedad, sugiriendo que la austeridad no se aplica de manera uniforme a todos los niveles del gobierno. Esto puede generar desconfianza y erosionar la legitimidad de las instituciones.
La Defensa de la SCJN
Ante las críticas, la SCJN ha argumentado que el retrato de la ministra Batres forma parte de una colección de retratos de los ministros que integran el pleno de la Corte. Se argumenta que esta colección tiene un valor histórico y cultural, y que su realización es una práctica común en otras instituciones del Estado.
Sin embargo, este argumento no ha logrado disipar la polémica. Muchos ciudadanos consideran que existen otras prioridades más urgentes para destinar los recursos públicos, como la mejora de la infraestructura judicial, la capacitación de los funcionarios o la atención a las víctimas del delito.
La controversia por el retrato de la ministra Batres ha abierto un debate necesario sobre el uso de los recursos públicos y la congruencia entre el discurso y la práctica. Es fundamental que las instituciones rindan cuentas claras sobre sus gastos y que se priorice la austeridad y la eficiencia en el manejo de los fondos públicos.
Este caso sirve como un recordatorio de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio del poder. La sociedad demanda que sus representantes sean responsables y cuidadosos con el dinero de los contribuyentes, y que se eviten gastos que puedan ser percibidos como derroches o privilegios.
