Por. Luis Calderón
A través de un comunicado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció la adquisición de nueve unidades vehiculares bajo el pretexto de “garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad personal” de los ministros, encabezados por Hugo Aguilar Ortiz, primer presidente de la SCJN electo por voto popular.
Según el comunicado, la decisión se tomó luego de “consultar opiniones técnicas emitidas por autoridades federales”, quienes concluyeron que las unidades en uso ya no cumplen con los estándares “adecuados de seguridad”.
La SCJN negó que esta compra esté motivada por intereses personales y reiteró que responde únicamente a criterios de prevención y seguridad institucional, y no a “consideraciones discrecionales”.
Asimismo, aseguró que esta compra se realizó “en estricto apego a la normatividad interna vigente emitida en 2019”, la cual señala que este tipo de vehículos deben renovarse constantemente por motivos —recalcan— de seguridad, así como por el servicio que prestan. Afirman que esta renovación debe darse por lo menos “cada cuatro años o antes, cuando las condiciones del automotor no sean seguras”.
También señalaron que, para no generar un gasto mayor a la institución, este movimiento se lleva a cabo a la par de un proceso de desincorporación de un parque vehicular mayor a las nueve unidades adquiridas.
En septiembre pasado, Aguilar Ortiz aseguró que se realizaría un recorte salarial dentro de la SCJN, además de implementar una reducción al presupuesto que dejó la anterior ministra presidenta Norma Piña, quien aprobó un aumento del 8.1 por ciento respecto al de 2025, dando un total de 5 mil 869 millones de pesos.
Presuntamente, la SCJN disminuiría sus gastos de acuerdo con la política de austeridad republicana de la Cuarta Transformación, solicitando una revisión del presupuesto al Órgano de Administración Judicial (OAJ) y a la Cámara de Diputados para realizar las adaptaciones necesarias.
