Por. Luis Calderón
El 23 de enero de 2022 la periodista Lourdes Maldonado fue asesinada por disparos de arma de fuego, a unos pasos de la entrada de su vivienda, en Tijuana, Baja California. Era una muerte anunciada, una muerte que se pudo prevenir, sobre todo cuando la exconductora de PSN había denunciado frente al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador que existía una persecución en su contra encabezada por Jaime Bonilla Valdez, entonces gobernador de Baja California, en la que incluso recibió amenazas de muerte.
López Obrador, en su natural desprecio por la prensa, ignoró la denuncia de Lourdes. Argumentó que canalizaría el caso a Jesús Ramírez Cuevas, entonces Coordinador General de Comunicación Social, quien nada hizo para garantizar la protección de la periodista. Las acciones de Cuevas trascendieron hasta el homicidio de Lourdes a manos de sicarios una noche de enero de 2022, tan solo unos días después de que en tribunales consiguiera un embargo a la televisora PSN, propiedad de Bonilla Valdez, luego de ganar un juicio laboral
La noticia del asesinato de Lourdes recorrió toda la República. ¿Cómo era posible que una periodista que denunció el acoso y amenazas recibidas por un gobernador frente al “máximo representante” de la nación fuera ultimada sin más? ¿Dónde quedaron las promesas de libertad de expresión que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) hizo durante años? Las palabras se las lleva el viento.
El 9 de febrero de 2022, López Obrador anunció que fueron detenidos los tres autores materiales del asesinato de Lourdes. Rosa Icela Rodríguez, entonces secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana —actual secretaria de Gobernación—, dijo que fue gracias al trabajo conjunto entre la Secretaría de la Defensa, de Marina y de Gobernación que dicha captura se logró; sin embargo, negó que existieran indicios de la identidad del autor intelectual, así como del móvil por el que fue perpetrado el asesinato de Maldonado.
En octubre de 2022 se dio a conocer que los tres autores materiales recibieron sentencia condenatoria por el asesinato de la periodista. Guillermo Julián Castro, quien se dictaminó fue el responsable de jalar el gatillo, fue condenado a 24 años de prisión, mientras que sus acompañantes, Kevin Alberto Villarino y Erick Eduardo Contreras, recibieron una condena de 20 años.
Los sentenciados dijeron haber recibido una suma de 5 mil dólares, alrededor de 86 mil 700 pesos mexicanos al cierre de edición, para cometer el asesinato. De acuerdo con las autoridades, las investigaciones —que continúan sin ningún avance hasta el día de hoy— apuntan a un grupo relacionado con el Cártel de los Arellano Félix; presuntamente, el móvil sería en represalia a la labor periodística de Lourdes, así como de su colega, el fotoperiodista Margarito Martínez, ultimado tan solo seis días antes del atentado contra Maldonado. El 17 de enero, en condiciones similares, fue asesinado en la entrada de su casa de un disparo.
El pasado viernes 23 de enero, periodistas, reporteros y comunicadores de toda Baja California se dieron cita afuera del edificio de la Fiscalía General del Estado para denunciar los cuatro años de impunidad y falta de claridad en los casos de Maldonado y de Martínez.
Durante la manifestación se leyó un comunicado del colectivo YoSíSoyPeriodista, donde señalan la inacción de la Fiscalía General de Baja California, que se escuda en la detención y condena de los autores materiales del homicidio de Lourdes para no entregar avances sobre la identidad del o los autores intelectuales, lo que “mantiene al gremio periodístico bajo riesgo y perpetúa el ciclo de impunidad, una característica en los crímenes de periodistas en nuestro país”.
Exigieron a la fiscal general del Estado, María Elena Andrade Ramírez, que actúe, que no se esconda tras discursos e instruya a continuar con las investigaciones que permitan conocer, lo más pronto posible, la identidad de las personas que ordenaron estos asesinatos y que respondan ante la justicia.
Finalmente, durante la manifestación se señaló que el gobernador Jaime Bonilla Valdez no ha sido citado a declarar sobre su presunta participación en el homicidio de Lourdes Maldonado, a pesar de que fue señalado directamente por la víctima de cometer amenazas en contra de su integridad y de su vida luego de haber ganado el conflicto laboral que disputaba con el entonces gobernador de Baja California.
Ante la concentración, el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, Miguel Ángel Gaxiola, se vio obligado a dar la cara; sin embargo, solo sirvió para recalcar la impunidad del caso de Lourdes, pues confirmó que no existe ningún detenido señalado como posible autor intelectual.
Además, Gaxiola dijo que en meses recientes la Fiscalía General del Estado retomó los trabajos de investigación; sin embargo, aunque existen dos líneas de investigación relacionadas con el homicidio de la periodista y se investiga a un individuo “clave”, declaró que no hay un autor intelectual identificado en la carpeta de investigación.
La falta de justicia íntegra es una invitación peligrosa para que personajes poderosos dentro de la política y del crimen organizado se sientan con la libertad de ultimar a periodistas, reporteros y comunicadores que resulten incómodos para sus intereses sin consecuencias.
Esta invitación no es reciente, data desde el sexenio sangriento de Felipe Calderón Hinojosa, quien registró —oficialmente— la muerte de 48 periodistas y reporteros durante su gobierno. López Obrador, que prometió acabar con la violencia contra la prensa, no se quedó atrás, pues continuó con el pacto de impunidad en los crímenes contra la prensa, dejando como resultado un total de 47 periodistas asesinados durante su mandato, tan solo uno menos que Felipe, el “Carnicero de Michoacán”, Calderón.
Claudia Sheinbaum no da señales de cambio, pues hay, por lo menos, 14 periodistas asesinados durante el primer año de su gobierno y los tres meses consecuentes, siendo el caso más reciente el del periodista de Veracruz Carlos Castro, asesinado el pasado 8 de enero de 2026.
Lo peor de todo es que esta impunidad ha permitido que incluso las personas cercanas a los periodistas y reporteros se vean afectadas y señaladas como blanco, como es también el caso de una amiga y de la pareja sentimental de Castro, Karime Montserrat Murrieta Reséndiz y Wendy Arantxa Portilla Ramos, respectivamente, quienes fueron reportadas como desaparecidas después de asistir al funeral del reportero de nota roja y que hasta hoy se desconoce su paradero.
¿Claudia Sheinbaum y las autoridades de todos los niveles de gobierno presentarán un cambio en esta cadena de impunidad? Ojalá los resultados infructuosos de las autoridades, luego de más de un año de trabajo, no se conviertan en el común denominador en los casos de agresiones a la prensa; de lo contrario, será una realidad el incremento de las zonas de silencio y la difusión de desinformación que solo afecta a la ciudadanía.
