Por. J. Jesús Lemus
Influenciado, como él mismo cuenta en su libro Me Dicen: el Más Loco, “por los actos valerosos y humanitarios que realizaba el personaje de la radionovela Porfirio Cadenas [sic], héroe de mil enfrentamientos y justiciero por vocación, que desafiaba y castigaba a los poderosos que abusaban del pueblo, quitándoles riqueza para repartirla entre los pobres”, Nazario comenzó a organizar a los jóvenes de la zona de Guanajuatillo y El Alcalde.
Decidió distribuir la principal riqueza de Michoacán: las minas de oro, plata, cobre y hierro que se extienden en toda la zona sur del estado. Mandaba llamar a grupos de cinco muchachos para organizarlos: les daba armas, dinero y apoyo para que acudieran a las minas a robar el mineral extraído.
Puso en marcha su propia revolución social, esa era su forma de imitar los actos del héroe de radionovela Porfirio cadena. Los talacheros —así fueron apodados por el propio Nazario Moreno— llegaban por las noches a los patios de las minas y a punta de pistola se llevaban el mineral en greña. Las caravanas de camiones que circulaban toda la noche por los agrestes caminos de las minas eran una escena cotidiana.
Las gavillas de Chayo, como eran conocidos popularmente esos grupos, vendían lo saqueado al mejor postor a empresas chinas asentadas en el puerto de Lázaro cárdenas. Los chinos nunca fueron exquisitos en la verificación de la procedencia lícita del mineral comprado; el dinero obtenido era distribuido entre las familias más pobres de la región.
El robo a las minas no afectó la producción. Las mineras, tanto nacionales como internacionales que se vieron afectadas por el robo, ante la omisión del gobierno estatal para aplicar esquemas de seguridad más puntuales optaron por dos vías: crearon grupos de seguridad privada para la vigilancia perimetral de las minas y pactaron con los grupos delictivos que azotaban la zona. cuando los mineros se negaban a pagar la cuota impuesta por Nazario entraban en operación las gavillas de robo, por lo que la industria de la protección resultó una veta altamente rentable.
Los empresarios mineros entendieron rápidamente el juego de corrupción que se instalaba en Michoacán: ellos hicieron lo propio con las autoridades federales y estatales, a fin de explotar sus minas más allá de los límites establecidos en las concesiones. Muy pronto, el propio Nazario Moreno fue el encargado de entregar permisos de explotación del subsuelo hacia zonas aledañas a las minas legalmente establecidas.
La explotación minera comenzó a crecer en forma desordenada, y el gobierno estatal ignoró el problema; las utilidades fueron para los mineros y el crimen organizado. como efecto de esa acción, hasta 2014 menos de 1 por ciento de las minas que operaban en la entidad contaban con los permisos correspondientes. Sólo 2 por ciento de los ingresos generados por la extracción de minerales era declarado ante el fisco para el correspondiente pago de impuestos.
Las más beneficiadas en la vorágine que generó el crimen organizado fueron siempre las mineras chinas. oficialmente extraían hierro, pero en el material que compraban y mandaban a su país iban impregnados otros minerales como oro, plata, cobre, platino y zinc, por cuya extracción y comercialización no pagaban impuestos al gobierno federal. El acuerdo de pago sólo se mantenía con las bandas del crimen organizado.
Las mineras chinas dejaron de acercarse al gobierno federal: hicieron negocios directamente con representantes personales de Nazario Moreno. El boom chino en Michoacán comenzó hacia finales de 1987 y se mantuvo hasta 2014.
Son las empresas asiáticas las que así lograron el control de casi 70 por ciento de la extracción mineral en la entidad. El desinterés y la falta de vigilancia del gobierno mexicano permiten desde hace más de veinte años que se extraigan otros minerales sólo con el permiso de extracción del hierro; pese a tener permiso sólo para la extracción y traslado de mineral con hierro, solamente 62 por ciento de la carga corresponde a ese mineral, en el resto están integrados al menos veinte más que no se pagan a la autoridad.
La riqueza mineral de Michoacán se tasa, en cuanto al oro, en un contenido mínimo promedio de tres gramos por tonelada. Eso equivale a que en 45 mil toneladas métricas (la capacidad promedio de los barcos) los chinos se llevan aproximadamente 135 kilos de oro sin pagar, porque al mineral extraído sólo se le hacen pruebas para la detección de hierro. En el mismo material obtenido de las minas michoacanas que se clasifica como “con bajo contenido de hierro” predominan otros minerales como cobre, manganeso y níquel.
Actualmente, entre los principales compradores del hierro michoacano se encuentran las empresas chinas Shenzhen Golden E-Fast Technology co., Ltd., Zhejiang Losun Holding Group co., Ltd., Sunju Mining & Resources, S.A. de c.V., y Liming Heavy Industry Science & Technology, las que ofertan una compra rápida y seria del mineral, ofreciendo pagos en forma inmediata; ninguna indaga sobre la procedencia del material ni sobre la personalidad de quien hace la venta. La característica en el trato con las empresas chinas es que ofrecen comprar
cualquier cantidad de mineral, sin especificar la necesidad de mostrar certificados de calidad o permisos oficiales para la extracción metalúrgica; todos los documentos comprobatorios que garantizan que una mina está en orden se omiten en esos procesos de compraventa.
Las firmas chinas tienen participación directa en la explotación de las cuatro minas más importantes que operan en la entidad, de donde extraen principalmente material con bajo contenido de hierro, el cual tienen pactado comprar sin limitación alguna hasta el año 2070.
Tras las facilidades otorgadas por la célula criminal de Nazario Moreno para la explotación del subsuelo en Michoacán, creció la presencia de empresas mineras trasnacionales.
A principios de 2010 Michoacán ya estaba en la mira de al menos ocho empresas mineras mundiales, las que buscaban una concesión a manera de pretexto para iniciar los trabajos. Muchos de los asentamientos por los que se interesaron se encuentran en zona indígenas, donde la propuesta de las mineras comenzó a permear: ofrecieron un bono anual de 200 mil pesos para cada poblador a cambio de la explotación, que les puede representar 200 mil millones de dólares anuales. Algunas comunidades ya han aceptado, otras aún mantienen en la mesa de diálogo la oferta.
La riqueza mineral de Michoacán hizo que empresas chinas e inglesas entraran en franca competencia por el control de las minas. Ninguna de ellas se apartó de la posibilidad de negociar antes con el crimen organizado, a fin de recibir protección para sus mandos ejecutivos y los bienes de la empresa; el pago constante de tres dólares por tonelada de material extraído se respetó en la mayoría de los casos. Donde no hubo acuerdos, las empresas se obligaron a crear sus propias guardias blancas, que hacen funciones de policías municipales en algunas localidades cercanas a las minas.
Pero no sólo las compañías extranjeras habían iniciado la explotación minera de Michoacán; también algunos grupos indígenas, asentados en la zona costa-sierra nahua, comenzaron la extracción y comercialización de minerales.
Las minas rudimentarias que operaron bajo el principio de usos y costumbres, sin necesidad de permisos del gobierno federal, tuvieron que protegerse a sí mismas de los robos y cobros del crimen organizado. Toda la producción minera indígena fue a parar a las empresas chinas, que pagaban precios hasta 60 por ciento por debajo del valor internacional, por la ventaja de que no requerían la procedencia legal del mineral.
La célula criminal de Nazario Moreno se acercó a dichos pueblos indígenas para exigirles cobros por protección y derecho de piso para el traslado del material extraído. Los indígenas respondieron copiando el modelo de protección que algunas empresas chinas e inglesas utilizaban: se armaron grupos de civiles para la vigilancia de las minas. El equipamiento de las guardias en las vetas indígenas corrió por cuenta de algunos funcionarios locales y estatales encargados de las policías en los municipios.
La corrupción en cuanto al mineral extraído no se limitaba a la zona minera de la entidad, también alcanzó el puerto de Lázaro cárdenas. Allí, funcionarios federales encargados de la administración portuaria permitían el movimiento y f lujo de carga sin mayor control.
Investigaciones de la pgr hechas hacia 2014 apuntan a malos manejos en el puerto michoacano durante los periodos de administración de Armando Palos Nájera, Héctor Mejía Bautista, Rubén Medina González y Juan Paratore García, en cuyas épocas se registró una movilización irregular de hierro y otros minerales con destino a china y corea del Sur. Fue en esos periodos cuando la célula de Nazario Moreno se asentó como una empresa más dentro del recinto portuario a fin de contabilizar el mineral que se subía a los barcos chinos, para poder aplicar las cuotas correspondientes.
La comercialización de mineral y su extracción ilegal del subsuelo michoacano podrían también alcanzar a funcionarios federales, los que se desempeñaron en la entidad en los últimos quince años, principalmente en las delegaciones de la Secretaría de Economía, Secretaría de Energía y del Fideicomiso de Fomento Minero, de donde salieron sin normatividad los permisos y autorizaciones para la explotación de minas por parte de particulares.
cabe recordar que fue durante el gobierno de Felipe calderón, cuando fungía como secretario de Economía Bruno Ferrari, o cuando se incrementó exponencialmente el número de permisos otorgados por la Federación para la explotación de minas en Michoacán, principalmente para la extracción de hierro, cuya normatividad no fue cumplida en la mayoría de los casos. Por las manos del entonces subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa, Juan Bueno Torio, pasaron las solicitudes de permisos para minas en el estado, los que en su mayoría fueron para empresas chinas, estadounidenses e inglesas.
La mayoría de las gestiones, solicitudes de operación y permisos que se tramitaron en las administraciones perredistas ante la Secretaría de Economía federal fueron impulsadas por el gobierno de Michoacán por medio de la Secretaría de Desarrollo Económico, encabezada entonces por Eloy Vargas Arreola, quien sería el primero de una lista de funcionarios contratados en los gobiernos de Lázaro cárdenas Batel y Leonel Godoy en ser acusado de peculado; se le inhabilitó por malversación de fondos y desfalco al erario estatal tras establecerse su participación en la triangulación de fondos federales, retención de partidas y manejo secreto de ellas por 7.5 millones de pesos, decisión que recurrió y ganó.
El funcionario además se habría quedado con dinero del Fondo Nacional de Desastres enviado por la Federación para la reconstrucción del pueblo de Angangueo, arrasado por las lluvias el 2 y 4 de febrero de 2010, lo que aún se investiga.
La mayoría de los permisos entregados por la Federación contaron con el aval ciego del estado; no hubo revisión a la normatividad ni verificación de los datos de la persona o agrupación civil que solicitaba la explotación del subsuelo. Fueron avalados por el entonces tesorero estatal Humberto Suárez López, quien ordenó su entrega discrecional y después de su gestión pudo adquirir dos mansiones, una en París y otra en Madrid para sus ratos de descanso.
Suárez López se encuentra actualmente bajo proceso penal, acusado de desviar a su favor más de 40 millones de pesos del erario público; las imputaciones que se le hacen van desde desviar fondos de obra pública a sus cuentas, hasta otorgar permisos de explotación minera sin ninguna regulación. Fue detenido el 18 de marzo de 2014, pero no pisó la cárcel porque los delitos que se le inculpan no son considerados como graves. Pagó una fianza de 49 895 455 pesos, la más alta en la historia judicial de la entidad.
En 2014 operaban oficialmente en Michoacán 926 minas, pero solamente 47 de ellas contaban con los permisos oficiales debidamente requisitados. La producción total de hierro en la entidad ascendía a un promedio de cuatro millones de toneladas anuales, cuyo destino en 98 por ciento era la industria china. Hasta 2013 las células del crimen organizado ya habían incrementado su cuota a las empresas mineras a cinco dólares por cada tonelada de mineral extraído.
El monto anual de la riqueza que se genera globalmente por la explotación de las minas en Michoacán, según un estudio del Servicio Geológico Mexicano, asciende a más de 5 826 millones 982 900 pesos, cifra que equivale a casi 10 por ciento del presupuesto de gastos del gobierno de Michoacán. Aun cuando el mayor monto que genera dicha industria proviene de la extracción de hierro, seguido por el cobre y la plata, también existen importantes minas de otros minerales no metálicos, como agregados pétreos de arena, barita, calcita, cantera, caolín, yeso y tezontle principalmente, cuya explotación alcanza anualmente casi los 500 millones de pesos anuales según datos de la Secretaria de Economía.
Al observar el despegue que comenzó a registrar la industria minera en Michoacán, en cuyo convencimiento personal Nazario Moreno atribuía a su protección, decidió dejar de cobrar cuotas por el mineral extraído y optó por entrar directamente al negocio de la minería: comenzó una cacería contra pequeños propietarios de minas, a los que mediante el secuestro, intimidación u homicidio logró arrebatarles propiedades.
Hacia los años 1998 a 2000, se estima que el grupo de Nazario Moreno mantenía bajo su control directo al menos unas 200 minas en toda la zona de Tierra caliente, y de las 926 que operaban, al menos 60 por ciento de ellas le pagaban cuota.
De todas las empresas mineras asentadas en Michoacán, solamente una expresó de manera frecuente reclamos de seguridad al gobierno estatal: Arcelor Mittal, por medio de sus directivos, denunció insistentemente los actos vandálicos de robo y extorsión de que era objeto. El gobierno de Michoacán, como siempre, no respondió a las exigencias, pero extrañamente el grupo de Nazario Moreno supo del hartazgo y de la petición de la minera y comenzó a lanzar ataques directos contra los ejecutivos de la empresa. Uno de sus directores, Virgilio Camacho Zepeda, fue ejecutado, y Arcelor Mittal cedió a las presiones de cobro de la célula criminal.
No hay cifras exactas, pero se estima que las 200 minas que mantenían en operación los seguidores de Nazario Moreno sólo en la zona de Tierra caliente debieron haber generado por año la cantidad de 119 mil toneladas de mineral de hierro, que puestas en el mercado internacional significaban una utilidad directa al crimen organizado por más de un millón de dólares, recursos suficientes para financiar cualquier empresa que se dispusieran a realizar.
Las guardias blancas fueron la respuesta de numerosos centros de extracción de mineral para garantizar su operatividad. Las mineras se armaron: varias empresas establecidas en suelo michoacano contaron de alguna forma con el apoyo de sus países para el suministro de armas a pequeños ejércitos irregulares privados que desde los primeros meses de 2000 empezaron a observarse en las inmediaciones de las minas.
Fueron más de dos mil los hombres armados por las mineras para defenderse del reinante crimen organizado. Su única tarea era salvaguardar los intereses de las empresas transnacionales, aunque también realizaban labores de seguridad pública en los poblados cercanos a las minas.
Militares de china, Estados Unidos y Alemania llegaron para adiestrar a los grupos de michoacanos que en su función como guardias de seguridad en las minas comenzaron a ser objeto de los ataques de las células criminales. Ninguna minera intentó dar una explicación —porque ningún órgano del gobierno estatal o federal se las solicitó— sobre las operaciones de sus guardias blancas, aunque el argumento que esgrimieron los propios michoacanos involucrados en esa labor tenía que ver con hacer uso de su derecho a defender su trabajo, su vida y sus familias.
Desde 2001 y hasta entrado 2014, al menos nueve de las 12 empresas internacionales asentadas en la zona de Tierra caliente y de la costa Sierra Nahua pusieron en operación de manera abierta grupos de civiles armados, los que tenían la encomienda de repeler la presencia de las células del crimen organizado además de garantizar seguridad a los directivos de las mineras.
Entre las firmas que se sabe pusieron en actividad a personal armado, mejor conocidos como guardias blancas, para asegurar la tranquilidad de sus intereses económicos, se señala a Arcelor Mittal, Shenzhen Golden E-Fast Technology co., Ltd., Zhejiang Losun Holding Group co., Ltd., Sunju Mining & Resources, S.A. de c.V. y Liming Heavy Industry Science & Technology. También las empresas chinas Zhong Ning México y Mining Investment, de las más importantes en la explotación minera de Michoacán, fueron señaladas de organizar a grupos de civiles en su mayoría formados por michoacanos, pero también con elementos traídos de otras partes del país, a los que se les dio capacitación policial, instrucción de tiro y se les dotó de armamento de grueso calibre para resguardar la seguridad de sus instalaciones y de sus minas o bancos de minerales.
La minera Ternium, asentada en el municipio de Aquila, es la que mayor número de guardias ha integrado al servicio de seguridad de sus minas no sólo en el estado sino también en colima y Jalisco, donde mantienen en operación otros yacimientos de minerales que también han sido golpeados por el crimen organizado.
Los municipios de Michoacán donde la presencia del crimen organizado llevó a las mineras a parapetarse son Lázaro cárdenas, Aquila, Huetamo y La Huacana. La mayoría de las guardias blancas que armó y capacitó Ternium, principalmente las de Aquila, fueron la semilla de los grupos de autodefensa: inicialmente formaron los cuerpos de la policía rural de esa localidad, y luego pasaron a ser parte de los grupos de autodefensa que se alzaron contra la delincuencia en toda la región de Tierra caliente.
cabe recordar que la empresa Ternium se asentó en Michoacán desde hace más de una década, cuando se dio el boom minero luego de que en Aquila se encontraron bancos minerales con reservas probadas para la explotación de hierro por más de 30 años. La empresa logró la concesión federal para la explotación del subsuelo, pero los vecinos de la comunidad se opusieron argumentando deterioro ambiental en la zona.
Frente a ese panorama, Ternium integró su propio grupo de seguridad privada, el que inicialmente tuvo como fin evitar la presencia de manifestantes y quejosos dentro de las áreas de extracción de mineral; sin embargo, muy pronto el cuerpo de seguridad de Ternium comenzó a apoyar a la policía de Aquila en la vigilancia del municipio para garantizar la tranquilidad del lugar.
El grupo armado formado por Ternium para asegurar sus intereses económicos en la zona pasó de ser un comando de 10 personas a más de 50 hombres armados en menos de dos meses, y comenzaron a amenazar a quienes se oponían a la explotación del subsuelo. Para encararlos, los vecinos de la comunidad de Aquila se integraron en una agrupación de comuneros a fin de solicitar una negociación con la empresa, a la que requirieron a manera de regalías un pago por persona; en marzo de 2013 Ternium comenzó a pagar en forma mensual regalías a 401comuneros por 13 millones de pesos en promedio por la explotación del hierro.
El líder que consiguió las regalías de Ternium era Octavio Villanueva Magaña, quien después fue señalado por los propios comuneros, organizados por agentes del cisen, de haber desviado para su beneficio la suma de 14 millones de pesos; el gobierno estatal, basándose en dichos señalamientos, obsequió una orden de aprehensión girada por un juez en contra de Villanueva y lo recluyó en la cárcel estatal de Morelia. El grupo civil armado de Ternium, mezclado con comuneros de Aquila, saltó luego a las trincheras y se hizo llamar Grupo de Autodefensa de Aquila.
La operación de las empresas mineras extranjeras en la zona costa Sierra Nahua y Tierra Caliente de Michoacán sigue causando malestar entre los vecinos de los poblados donde se asientan. En realidad, nunca llegó el desarrollo económico para la región, la pobreza siguió creciendo y lacerando a los habitantes; los caminos polvorientos por donde se traslada el mineral para llevarlo al puerto de Lázaro cárdenas siguieron igual o peor en algunos casos que antes de que llegara la maquinaria pesada y los equipos de extracción de tierra con hierro. El reclamo de los colonos se ha presentado al gobierno estatal de Michoacán, pero nadie parece escuchar.
Hasta entrado 2013, era común ver a los grupos de civiles armados contratados por las mineras en circulación a bordo de camionetas de doble rodada, en vehículos estadounidenses sin placas o sin ningún tipo de rótulos o identificación. No había forma de diferenciarlos de los gavilleros de las células del crimen organizado, por lo que la gente les tenía miedo y prefería voltear a otro lado para no verlos: nadie quiere saber quiénes son los que viajan a toda velocidad por los caminos polvorientos del sur.
oficialmente las guardias blancas de las mineras no existen ni existieron, pese a que la misma Sedena emitió algunas de las licencias colectivas que ampararon la legitimidad de las armas con las que las firmas internacionales buscaron resguardar sus intereses. Dentro de las empresas mineras, a quienes se sumaban a la vigilancia y cuidado de sus bienes se le registraba y asignaba como personal de seguridad o de vigilancia perimetral; la mayor parte de las partidas para el financiamiento de esos grupos quedaron dentro del rubro de “investigación y desarrollo”.
Algunas de las armas registradas ante la Sedena, señalan fuentes de una empresa acerera, pertenecían a las células criminales que ellos mismos combatían, otras veces las compraron las mineras, y algunas más las decomisaron sus propias guardias.
El patrullaje que realizaban las brigadas de las mineras fue lo que comenzó a generar confrontaciones con las células criminales actuantes en la zona. El primer blanco que los particulares tuvieron en la mira fue la cabeza de Nazario Moreno, al que contradictoriamente siempre se le pagaban las cuotas que exigía; después pactaron con las fuerzas federales para que se permitiera su existencia al exterior de los perímetros de las minas, llegando a acuerdos con los gobiernos locales a fin de apoyar en la vigilancia de algunas localidades en Tierra caliente.
Los excesos —robos, extorsiones, violaciones y secuestros— de los guardias particulares de las mineras en funciones de policías fueron denunciados con insistencia ante las autoridades del gobierno estatal. Las primeras denuncias presentadas ante la procuraduría de justicia datan de los últimos meses de 1992, cuando Jesús Reyna García estaba al frente de ella y conducía la administración en calidad de interino Ausencio Chávez Hernández. La omisión oficial fue lo único que observaron los vecinos ofendidos.
Nunca hubo una postura oficial de las mineras sobre los abusos de sus guardias contra la población civil. Las mineras en Michoacán se caracterizaron por no tener rostro: sólo en la cumbre estatal se sabe quiénes son dichos empresarios, los que siempre argumentaron la necesidad de garantizar sus cuantiosas inversiones, que veían amenazadas con la presencia de células criminales primero del grupo de Nazario Moreno, luego de la Familia Michoacana y principalmente de los Templarios. Tan sólo las mineras chinas tienen inversiones globales por más de 3 500 millones de dólares.
Hasta antes de la integración de las guardias blancas, según se informó en su momento a la procuraduría de justicia de Michoacán, las empresas mineras registraban pérdidas económicas por más de 100 millones de pesos al año, toda vez que casi 10 por ciento del mineral extraído les era robado y vendido a ellas mismas por el crimen organizado. Armar grupos de vigilancia y seguridad para la protección de sus intereses económicos les representó menos de 0.1 por ciento de sus gastos de operación.
En sólo 10 años, entre 1990 y 2000, el número de guardias al servicio de las compañías mineras de Michoacán creció en forma exponencial. Hacia junio de 1990 se estima que existían al menos unos 50 civiles armados y financiados por las mineras; hacia 2000 se calcula que la fuerza civil armada y entrenada por las firmas transnacionales ya había llegado a por lo menos 6 500 hombres. capacitaron a esos grupos armados exmilitares estadounidenses que llegaron a la entidad con la misión oficial de integrar los equipos de seguridad de los mandos ejecutivos de esas compañías.
El buen sueldo —considerando las condiciones de pobreza en la zona sur de Michoacán, donde el ingreso promedio diario para un campesino es de 30 pesos al día—, el alto desempleo y la posibilidad de portar un arma para el cuidado de la propia familia, hicieron que muchos michoacanos vieran como una opción inmejorable enrolarse en el trabajo de vigilancia de las mineras. En la década de 2000 a 2010, el número de guardias llegó a casi nueve mil personas, cuando la mayoría de ellos ni siquiera pisaban las inmediaciones de las minas: estaban asignados a la seguridad y vigilancia de los caminos de acceso o a las comunidades aledañas a los centros de extracción de mineral.
De las guardias blancas de las mineras comenzaron a nutrirse las policías municipales de Aquila, Lázaro cárdenas, Tumbiscatío, Huetamo, Coalcomán, Tepalcatepec, Apatzingán, Nueva Italia, Buenavista Tomatlán, Aguililla y Churumuco.
Pronto las mineras no sólo tenían pleno control de los cuerpos de seguridad de los municipios más pobres de Michoacán, sino que comenzaron a imponer alcaldes en cada una de las poblaciones donde se asentaban las minas. El caso más evidente es el municipio de Lázaro cárdenas, donde la empresa Arcelor Mittal sigue manteniendo el control político y desde 1990 financia a funcionarios públicos del prd y del pri para asentarse en la administración local como parte del cuidado de sus intereses.
