El cártel de Caborca, uno de los más violentos, sigue generando violencia e inestabilidad en el país. Comandado por Gil Caro Quintero –sobrino de Rafael Caro Quintero, exjefe del cártel de Guadalajara –ese grupo criminal ha extendido sus reales hacia el sureste del país, invadiendo estados como Yucatán y Quintana Roo. En esos territorios, Gil Caro Quintero opera cientos de narcovuelos que provienen de Perú, Colombia y Venezuela y es uno de los más rentables explotadores de la llamada ruta del Caribe mexicano. El capo presuntamente recibe protección del gobierno de la Cuarta Transformación, por lo que se ha mantenido impune durante varios años. Ahora, de acuerdo con informes de la DEA, tiene un nuevo refugio donde se mueve a placer. Es el estado de Yucatán, gobernado por Joaquín Jesús Díaz Mena, mejor conocido dentro y fuera de la política como “El Huacho”, quien además de político dice ser ganadero y, según la DEA, tiene
amigos de muy mala reputación a los que les siguen los pasos desde Estados Unidos.
Por. Ricardo Ravelo / La Opinión de México
El cártel de Caborca –cuarto en la lista de organizaciones poderosas después de Jalisco, Sinaloa y Noreste –es uno de los más boyantes del país y opera en absoluta impunidad en todo el país, aunque una segunda base de operaciones de ha instalado en Yucatán y Quintana Roo.
Ese grupo criminal con asiento en Sonora, fue fundado por el capo Rafel Caro Quintero, extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025, cuando el Gobierno Federal decidió enviar a Estados Unidos la primera remesa de 29 narcotraficantes para que sean juzgados en ese país, salvo con la pena de muerte.
Caro Quintero –cuyo sobrino Gil Caro, “El Pelo Chino”, lidera el cártel de Caborca –había sido liberado en 2013 mediante argucias legales: se dijo entonces que su procesamiento por el crimen del agente de la DEA, Enrique Camarena, había sido ilegal porque fue juzgado por una autoridad
incompetente. Por ello, lo sacaron a la calle y varios años después fue recapturado para, luego, ser extraditado a Estados Unidos, donde lo esperaba un voluminoso expediente criminal.
Sin embargo, dentro de la prisión en la que estaba recluido en México, Caro Quintero seguía operando el tráfico de drogas hacia Estados Unidos mediante el cártel de Caborca y la operación de su sobrino, Gil Caro, quien extendió los tentáculos de ese grupo criminal hacia Quintana Roo y Yucatán, donde puso en operación el trasiego de drogas desde Sudamérica a través de narcovuelos.
Actualmente, el cártel de Caborca domina territorios como Sonora, Jalisco y sus redes llegan hasta Yucatán y Quintana Roo, feudos que mantiene bajo control en complicidad con autoridades estatales: policías, militares y una amplia red empresarial a su servicio.
El cártel de Caborca ha expandido sus redes hacia el sureste del país y ya controla la plaza de Quintana Roo, una de las más importantes para el tráfico de drogas proveniente de Centro y Sudamérica. Actualmente ese grupo criminal explota lo que se conoce como la ruta del Caribe mexicano, por donde entra la droga que proviene de Venezuela, Colombia y otros países del continente.
El jefe de esta organización criminal, José Gil Caro Quintero. Este personaje, de acuerdo con informes de la DEA y de la Fiscalía General de la República, opera desde Veracruz y El Caribe mexicano. En octubre de 2023, el capo conocido como “El Pelo Chino” y/o “Don José”, fue detenido en Tulum por agentes ministeriales cuando comía en un restaurante acompañado de una dama.
Los policías entregaron al sobrino de Rafael Caro Quintero a otro grupos de agentes –según la versión oficial — quienes lo liberaron a cambio de un soborno millonario. Una versión extraoficial indica que el pago que entregó José Gil Caro Quintero fue de unos quince millones de pesos en
efectivo. La Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades de Quintana Roo aseguraron que investigarían el hecho. Abrieron una carpeta, a tres años de ese evento nada se sabe del caso. Gil Caro Quintero está libre y continúa operando el tráfico de drogas, vía los narcovuelos, en Quintana Roo y Yucatán
De acuerdo con informes de la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, el jefe del cártel de Caborca es el presunto responsable de la mayoría de los narcovuelos que arriban a Quintana Roo y Yucatán cargados con cocaína y precursores químicos para elaborar drogas sintéticas, entre otras, el fentanilo a través de laboratorios que ese mismo grupo criminal opera en el norte del país, particularmente en Sonora.
En Veracruz tiene varios refugios y se afirma que cuenta con protección de las autoridades locales; el llamado “Pelo Chino” ocupó el lugar que tenía en ese estado Albino Quintero Meraz, cabecilla del cártel de Juárez, quien operaba al lado de Alcides Ramón Magaña, “El Metro”.
Este último fue el principal enlace de ese grupo criminal que presuntamente sirvió para involucrar actividades de lavado de dinero y tráfico de drogas al exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, según establecen las investigaciones que realizó la extinta Procuraduría General de la República a finales de los años noventa del siglo pasado.
José Gil Caro Quintero también tiene su feudo en el estado de Sonora. Esa entidad, gobernada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) desde hace más de dos años, está convertida en un campo de batalla donde al menos cuatro cárteles ajustan sus cuentas dejando como saldo cientos de muertos y un baño que sangre que ya es causa de terror en toda la entidad.
Tal situación, incontrolable hasta ahora, puso en evidencia la ineficacia del gobernador Arturo Durazo Montaño, exsecretario de Seguridad Pública Ciudadana, quien no ha podido frenar la ola de violencia que azota al estado más rico en litio y otros minerales de alto valor que también han desatado la ambición de los grupos criminales.
Y es que en Sonora los cárteles de Sinaloa y Caborca llevan más de tres años de enfrentamientos en ese territorio; se disputan el control de los recursos naturales, el mercado de consumo de drogas y las rutas de trasiego hacia Estados Unidos, sobre todo, del fentanilo El gobierno estatal
simplemente no mete las manos ante la guerra de ambos grupos de la delincuencia.
Para colmo, a la disputa por el control del negocio ya se sumaron los cárteles de Jalisco y “Los Chapitos” y redes relacionadas con Ismael “El Mayo Zambada –el capo más viejo del narcotráfico mexicano que presuntamente fue entregado a la fuerza a las autoridades estadunidenses el pasado 25 de julio –por el dominio del territorio y la carrera por la apertura de narcolaboratorios para producir drogas sintéticas, entre otras ferntanilo, que ha desatado una fiebre de consumo en Estados Unidos, así como más de cien mil muertes por sobredosis.
A un año de dejar la gubernatura de Sonora, Alfonso Durazo enfrenta la peor crisis de inseguridad en la historia de Sonora: la entidad está sacudida por una oleada de matanzas, secuestros, levantones y desapariciones forzadas, perpetradas por los grupos criminales que se disputan a sangre y fuego el control del territorio, uno de los más codiciados por la mafia.
En la entidad que gobierna el exsecretario de Seguridad Pública Ciudadana y exsecretario particular de Luis Donaldo Colosio –el fallido candidato presidencial asesinado en 1994 en Lomas Taurinas, Baja California, hace 30 años –la disputa se centra entre el cártel de Sinaloa, El cártel de
Jalisco Nueva Generación y el cártel de Caborca, éste último era comandado por Rafael Caro Quintero y ahora por Gil Caro Quintero, uno de sus sobrinos.
Sonora es un estado clave para el tráfico de enervantes hacia Estados Unidos, de acuerdo con informes de la Secretaría de la Defensa Nacional: está muy cerca de la frontera con Estados Unidos. Según informes de la DEA, la agencia antidrogas norteamericana, desde esa entidad los grupos criminales envían a territorio estadunidense decenas de toneladas de drogas sintéticas, entre otras, fentanilo, la sustancia de moda en Estados Unidos por su bajo costo y alto efecto adictivo. El consumo de esa droga química aumenta pese a que cada año mata a más de cien mil norteamericanos.
Pero esta narcodinamica no está ajena a la violencia, pues el estado no tiene paz y en cualquier momento las balaceras y ejecuciones se desatan como consecuencia de la disputa territorial y el amplio mercado de drogas.
También detona violencia la guerra por el control de recursos naturales, entre otros el litio, de gran demanda en Estados Unidos para la industria electrónica, en especial, para los automóviles eléctricos.
Tanto de día como de noche las balaceras, levantones, ejecuciones y enfrentamientos se multiplican por todas partes y en distintos municipios de la entidad. Es tanta la inseguridad en Sonora que hasta el propio gobernador Durazo Montaño fue víctima de la criminalidad: su teléfono celular fue hackeado cuando apenas llevaba dos meses en el cargo: le sacaron información y habrían usado sus cuentas en redes sociales para cometer fraudes, una nueva modalidad del crimen organizado.
Durazo Montaño recibió un estado plagado por el crimen, pero durante los casi cinco años de mandato que lleva las cosas se han recrudecido. En San Luis Río Colorado, una de las zonas más socorridas por los criminales, existe una disputa territorial entre un capo apodado “El Ruso” y los hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, que mantienen férreos controles en la plaza.
La presencia de Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán, los vástagos de “El Chapo” conocidos como “ Los Chapitos”, no ha evitado la violencia en Sonora, por el contrario, ésta se ha agudizado desde septiembre del 2021, cuando Alfonso Durazo, presuntamente investigado por la DEA por sus presuntos nexos con el narco, tomó posesión como gobernador de esa entidad.
Después de algunos meses de tregua, obligada por la pandemia del coronavirus, la delincuencia organizada se reactivó y los grupos que antes eran aliados ahora se enfrentan por el control territorial, el tráfico de drogas y los negocios paralelos que ha desarrollado la delincuencia organizada.
La violencia que ha venido escalando en las semanas recientes tanto en San Luis Río Colorado, Sonora, como en la zona del Valle de Mexicali –corredor de la droga controlado por el cártel de Sinaloa –, a decir de autoridades federales y fuentes consultadas obedece a la disputa por el control de la venta y tráfico de drogas. Esta guerra ha incendiado toda la zona noroeste del país.
La disputa por la plaza en San Luis Río Colorado inició desde que una célula criminal identificada por las autoridades como el grupo de “Los Salazar” –originarios de Navojoa, Sonora y vinculados al cártel de Sinaloa –se afincó y extendió sus tentáculos hacia San Luis hace poco más de tres años.
Debido a desacuerdos con los narcos locales, encabezados por los hermanos Lara, conocidos en el mundo del hampa como “Los Cuates”, comenzaron los ajustes de cuentas entre los distintos bancos criminales: Los Salazar, vinculados con el capo Adán Salazar –el jefe del clan –mataron a un miembro del grupo “Los Cuates”, el 2 de mayo de 2019.
Mientras era velado en una funeraria ubicada en la calle 17 de San Luis Río Colorado pretendieron abatir a su hermano, aunque otro grupo repelió la agresión. No lo consiguieron.
En ese enfrentamiento la policía detuvo a cuatro pistoleros, dos por cada bando, los cuales fallecieron. Debido al fuego cruzado, los hermanos de Santa Clara, quienes habían llegado a expresar sus condolencias, fueron acribillados.
Las disputas continuaron sin que autoridad alguna pusiera orden en el territorio. El propio gobierno estatal se vio rebasado por la violencia criminal.
Fue el 15 de diciembre de 2019, tras recibir un reporte de la presencia de personas armadas, que policías municipales de San Luis Río, Colorado, abatieron a “El Charal”, quien era buscado por autoridades de Sonora y Baja California.
Al momento de su muerte, las autoridades le atribuían a “El Charal” y a su grupo de sicarios unos 21 crímenes, entre ellos el del policía Ignacio Villagómez, en abril de 2019, luego de una infracción automovilística ocurrida en Ciudad Morelos, en Mexicali.
Además, los oficiales David Ramírez, Raúl Ramírez y Ricardo Castro fueron acribillados mientras estaban en un restaurante de comida china, en San Luis Río Colorado.
Los sonorenses, con la anuencia de los hijos de “El Chapo”, continuaron la cacería de sus enemigos, entre ellos, el expolicía Polo Márquez Tamayo, asesinado como consecuencia de un ajuste de cuentas.
De acuerdo con las estadísticas, Sonora enfrenta actualmente niveles de violencia que no se vivían desde el año 2006. La tasa estatal de homicidios es de 54.18 por cada cien mil habitantes. La media nacional llegó a 30.08.
La violencia se recrudeció tras el asesinato de Édgar Alonso Villegas Sarazín, “El H”, identificado por las autoridades estatales y federales como jefe de sicarios del cártel de Los Salazar.
Además, en la zona conocida como Valle del Yaqui fueron asesinados, el pasado 27 de octubre de 2025 tres personas durante un enfrentamiento entre presuntos grupos criminales.
Lo extraño de todo fue que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, a pesar de haber sido secretario de Seguridad Pública Federal ahora como mandatario parece tener las manos atadas ante el crimen, pues la violencia continúa, imparable, pero nada se hace ni por parte de las autoridades estatales ni federales.
De acuerdo con un informe de la Fiscalía General de la República (FGR) que abarca desde el año 2000 hasta el 2018, las autoridades federales han asegurado un total de 104 narco-túneles a lo largo de la frontera con Estados Unidos, de los cuales 56 fueron localizados en el estado de Sonora.
El informe también explica que con el arribo del cártel de Caborca a Yucatán y a todo el Caribe mexicano la violencia se recrudeció debido a los enfrentamientos que el grupo criminal mantiene con dos cárteles rivales: Jalisco y Noreste.
Según el informe, la plaza se la disputan los cárteles de Sinaloa. “Los Chapitos”, “Los Salazar”, el cártel de Jalisco Nueva Generación, así como algunos ramajes de la organización Beltrán Leyva, encabezados por “El Chapo” Isidro Meza, uno de los más violentos y sanguinarios de esa región.
La DEA también señala al cártel de Caborca, encabezado por Rafael Caro Quintero, quien mueve el tráfico de drogas a través de avionetas que aterrizan en la Península de Yucatán y la zona de Quintana Roo presuntamente con apoyo oficial.
Según su historial criminal, Meza Flores era aliado del cártel de Sinaloa, pero tras las fuertes disputas internas, se pasó al grupo de los hermanos Beltrán Leyva. Por ello, se ha propuesto no dejar el estado de Sonora a los hijos de Joaquín Guzmán Loera –Iván Archivaldo y Jesús Alfredo –lo que ha derivado en un incremento de la violencia en el sur del estado, colindante con Sinaloa, principalmente en la población de Cajeme, donde los crímenes han alcanzado niveles históricos.
No es todo: Desde hace varios meses se ha desatado una guerra abierta entre “La Línea” –brazo armado del cártel de Juárez –que opera en Chihuahua y los cárteles de la droga que operan en Sonora, principalmente en la región serrana.
De acuerdo con las últimas estadísticas del Semáforo Delictivo Sonora, en abril de 2021 los municipios con más muertos fueron Empalme, Guaymas, Magdalena, Nogales y Hermosillo.
La situación también se ha complicado en otras demarcaciones como Agua Prieta, Navojoa, Guaymas y Empalme, poblaciones pequeñas con menos de 200 mil habitantes y que colindan con Sinaloa, territorio controlado por el cártel del mismo nombre.
La violencia ha alcanzado a personajes de la política. Un caso escandaloso ocurrió en octubre de 2019 cuando grupos del crimen organizado balearon el domicilio de la presidenta municipal de Guaymas –Sara Valle Dessens –. En ese municipio fueron acribillados once policías en el mismo año.
Tras el ataque, Sara Valle solicitó protección personal por parte de elementos de la Marina. De acuerdo con la dependencia, no se descarta que en algún momento la edil pueda vivir en alguna unidad habitacional resguardada por marinos ante la atroz violencia que enfrenta el estado.
La exalcaldesa de Guaymas milita en MORENA, el partido en el poder. En junio de 2021 ella advirtió a la población que evitarían espacios públicos y de esparcimiento ante los fuertes enfrentamientos que se han registrado en el municipio. La autoridad simplemente está rebasada.
Y es que las amenazas del narcotráfico no sólo afectaron a los alcaldes sonorenses sino que alcanzaron, en su momento, incluso a la propia Claudia Povlovich cuando era gobernadora del estado: En agosto de 2019, por ejemplo, en las calles de la ciudad de Hermosillo el crimen organizado colgó una “narcomanta”. Los autores fueron los miembros del cártel “Pura Gente Nueva”, encabezado por “Los Salazar”.
La amenaza a la mandataria fue directa. También arrasaron con su familia. Le recriminaron que no había cumplido con los acuerdos. Al finalizar el mensaje cierra con una amenaza: “Los compromisos se pagan con sangre”.
Y, así, Sonora sigue envuelta en una oleada de muerte y tragedia. Pero no es el único territorio sacudido por el poderoso cártel de Caborca. Ahora se suma Yucatán, donde el jefe del grupo criminal –Gil Caro Quintero –tiene amplia protección para operar el trasiego de drogas a través
de narcovuelos, también tiene fuertes inversiones en hotelería y diversos negocios que utiliza como “fachada” para lavar dinero sucio.
