Por. J. Jesús Lemus
Cherán fue la primera localidad que le declaró la guerra al crimen organizado. Los hombres de ese municipio se negaron a rendirse en condición de esclavos a los jefes de la Familia Michoacana; decenas de familias de indígenas reclutados para trabajar como obreros para el cártel buscaron el apoyo del gobierno municipal. El alcalde, el priísta Roberto Bautista chapina, ni siquiera escuchó el reclamo de los pobladores. Él mismo era parte del problema.
En 2007 la campaña de Bautista chapina, como la de cientos de políticos de todos los partidos en todo el estado, fue financiada por el crimen organizado. La intención de la Familia era apropiarse de la explotación del bosque de Cherán, una extensión arbolada de más de veintisiete mil hectáreas donde el tronco de árbol tenía un valor de 1 610 pesos en promedio. Roberto Bautista había llegado a la alcaldía con el único propósito de entregar los recursos naturales del municipio a la Familia Michoacana.
Frente a la ola de secuestros, robos, extorsiones, homicidios y desplazamientos que se registraba en Cherán, ante la que los pobladores no tenían eco a sus quejas, el gobierno estatal del perredista Lázaro cárdenas Batel atribuyó todo a “enfrentamientos y rivalidades añejas” entre grupos de vecinos. Esa postura fue una carta blanca a las células de la Familia para ampliar su presencia intimidatoria en la zona: sólo en los meses de enero de 2006 a diciembre de 2007 se registraron 84 homicidios, 56 secuestros y el desplazamiento de 474 familias cuyos jefes habían sido reclutados como esclavos.
El alcalde, lejos de apoyar a los pobladores que en forma insistente acusaban el hostigamiento de las células criminales, optó por tratar de solucionar la inconformidad de los quejosos. comenzó a reunirse con los vecinos afectados y les ofreció un primer trato: compensar económicamente a los hombres que eran reclutados para talar madera en provecho del crimen organizado. ofreció entregar de las arcas municipales una cantidad igual a la que les daban los jefes de plaza: el ayuntamiento pagaría ochenta pesos y las células criminales otros tantos a cada trabajador, con la única petición de que no hubiera quejas ni demandas públicas. Ninguno de los afectados aceptó la propuesta.
En la procuraduría de justicia de Michoacán se cerraron las puertas a los reclamos de los comuneros de Cherán. La célula de la Familia que buscaba el control de ese municipio arreció su presencia en la zona: comenzó a ejecutar a los que habían recurrido al alcalde. Una lista de veintitrés personas que se oponían a ser esclavos del crimen organizado fue preparada por la comandancia de la policía municipal, se entregó al jefe de plaza del lugar y uno a uno fueron apareciendo asesinados los comuneros que recriminaban la sorda actuación del gobierno local y de la propia administración estatal.
Hasta la misma Federación fue notificada de las condiciones de sometimiento que se vivían en esa localidad indígena. Pobladores hicieron llegar una carta al secretario de Gobernación a finales de 2007; el documento sólo fue recibido en la oficialía de partes de la dependencia, nunca hubo respuesta de Francisco Javier Ramírez Acuña. Las puertas de la residencia oficial de Los Pinos, adonde había llegado Felipe calderón con la promesa de que a los michoacanos les iría muy bien, nunca se abrieron para la comisión de comuneros de Cherán, que seguían tocando puertas en espera de que alguna autoridad escuchara del sometimiento del que estaban siendo víctimas.
El interés de la Familia Michoacana en el control de los bosques de Cherán no sólo era económico, sino también logístico: pretendían establecer una red de laboratorios de producción de drogas sintéticas en la zona serrana del centro del estado. Desde Cherán era más fácil el acceso de esas sustancias a las rutas comerciales que parten de Morelia, Uruapan, Zacapu y Lázaro cárdenas. Hicieron tal denuncia los comuneros esclavos, a los que se les obligó a cargar a lomo de mula diversos implementos para el funcionamiento de los laboratorios.
A principios de 2006, según informes del cisen —que siempre mantuvo informado al gobierno federal sobre lo que realmente ocurría en Michoacán—, en Cherán el crimen organizado había reclutado mediante la intimidación a más de 890 personas entre hombres, jóvenes y niños. A la mayoría los mantenía en condiciones de esclavitud, siempre pendiendo sobre ellos amenazas de muerte o de secuestro de sus seres queridos. Para finales de ese año casi la mitad de los reclutados había abandonado el municipio junto con sus familias.
El 11 de diciembre de 2006, a sólo diez días de haber llegado a la Presidencia de la República, el michoacano Felipe calderón lanzó su llamada ofensiva contra el crimen organizado. Se desplegaron en el estado más de siete mil elementos de las fuerzas federales: ninguna de esas partidas armadas fue asignada a la zona de Cherán. Los comuneros indígenas vieron con desesperanza la omisión del problema por parte de la autoridad federal, las pocas veces que arribaron las patrullas a la localidad fue para ubicar y detener a supuestos miembros de los cárteles del narcotráfico: de diciembre de 2006 a diciembre de 2007, el gobierno federal detuvo como probables delincuentes a 552 indígenas, la mayoría de ellos señalados desde las presidencias municipales de Cherán, Zacapu, Nahuatzen, Paracho y Uruapan.
Hacia marzo de 2010 el gobierno federal anunciaba por conducto del procurador general de la República, Arturo Chávez, el éxito de la guerra contra el crimen organizado. En sólo tres años de combate al narcotráfico se había detenido y procesado a 121 199 personas, aunque se omitía mencionar que para ello no se requirió mayor prueba que las suposiciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación.
La guerra de Felipe calderón contra el narcotráfico fue costosa en términos económicos, según el especialista Jorge carrillo olea: de las cuatro dependencias concentradas exclusivamente en la tarea —Sedena, Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la PGR—, tres registraron incrementos notables en su presupuesto, casi de
60 por ciento durante la administración, y el de la SSP fue de casi 140 por ciento. El presupuesto de la Sedena pasó de 32 200 millones de pesos en 2007, a 34 861 millones en 2008 y a 43 623 millones en 2009; la Semar pasó de 10 951 millones de pesos en 2007, a 13 382 millones en 2008 y a 16 059 millones en 2009; la SSP pasó de 13 664 millones de pesos en 2007, a 19 711 millones en 2008 y a 32 916 millones en 2009, y el de la PGR pasó de 9 216 millones en 2007, a 9 307 millones en 2008 y a 12 309 millones en 2009.
Durante el sexenio de calderón, como parte de la guerra contra el narcotráfico, fueron detenidas 228 678 personas, acusadas de tener vínculos de cualquier tipo con el crimen organizado. A 175 101 se les recluyó e incomunicó en penales federales, el resto afrontó sus procesos lentamente en cárceles estatales. Para 2015, un total de 79 329 acusados de narcotráfico ya estaban en libertad al no poder la PGR demostrar los ilícitos atribuidos.
La mayoría de los detenidos en la zona indígena de Michoacán eran pobladores esclavizados por el crimen organizado, entre ellos algunos de los denunciantes de la complicidad entre los gobiernos locales y los jefes de plaza de la Familia Michoacana. Para principios de 2015, solamente once de los 552 indígenas encarcelados continuaban en prisión, sometidos a procesos retardados intencionalmente. Ninguno de los acusados de colaborar con el narcotráfico voluntariamente pudo ser sentenciado: las indagatorias fueron creadas al vapor, sin soporte de pruebas, salvo con los señalamientos procedentes de las dependencias oficiales.
En Cherán, el hartazgo estaba llegando a su límite. Los pobladores comenzaron a desconocer las disposiciones del gobierno municipal en materia de reglamentación local; se hizo un llamado a la desobediencia civil. Todos los acosados por el crimen organizado empezaron a organizarse para evitar que llegaran a sus colonias los grupos de sicarios a sacar por la fuerza a los jefes de familia. Los comuneros se armaron con palos y machetes. La primera muestra de resistencia la dieron los vecinos de Cherán la noche del 5 de diciembre de 2007, cuando una turba enardecida con palos y machetes hizo frente a un comando de sicarios que intentó sustraer a dos comuneros de sus localidades; los indígenas respondieron con piedras a las ráfagas de metralla que en lo oscuro de la noche dispararon los sicarios. Los criminales tuvieron que huir a pie, la camioneta en la que viajaban fue incendiada por los habitantes.
El hecho no tuvo mayor importancia en las esferas del gobierno estatal, sólo las fuerzas federales desplegadas por el gobierno de calderón se hicieron presentes a la mañana siguiente para tomar únicamente fotografías del vehículo incendiado y volver por donde llegaron. Nadie tomó declaración a los comuneros, que seguían armados con palos y machetes; nadie preguntó las razones por las que se había conformado la turba. El alcalde Bautista chepina aseguró que el incidente obedecía a una riña entre barrios.
La explotación inmoderada en el bosque de Cherán continuaba en forma intensa. Hacia comienzos de 2008, en medio de una confrontación abierta entre los comuneros y las células del crimen organizado, se estimaba que más de 20 000 hectáreas de las veintisiete mil contabilizadas oficialmente en esa demarcación ya habían sido arrasadas. Decenas de camiones cargados con madera en rollo bajaban de la sierra sin que autoridad alguna lo impidiera; en menos de dos años se arrebató a los comuneros de Cherán la única posibilidad de trabajo.
El reclamo de los indígenas de Cherán fue llevado a la cámara de diputados de Michoacán; los poderes del estado se habían renovado, y con ello la esperanza de un cambio en lugar de la política sorda del gobierno de Lázaro cárdenas Batel. Sin embargo, la petición de ayuda para terminar con el crimen organizado en Cherán fue sepultada en el oficialismo burocrático estatal. La petición de los comuneros era simple: designar una comisión legislativa que escuchara las quejas de inseguridad en el municipio. A los diputados locales les pareció complicado y optaron por ignorar la exigencia.
Entre los cuarenta legisladores que recibieron la queja de lo que pasaba en Cherán se encontraban Wilfrido Lázaro Medina, miembro del equipo de trabajo y hombre de todas las confianzas de Fausto Vallejo, entonces alcalde de Morelia por tercera ocasión; Eligio cuitláhuac González, cabeza del filtro de las audiencias de Vallejo, y carlos campos Ponce, señalado después escandalosamente por corrupción al desviar fondos oficiales en contubernio con el diputado federal Ernesto Núñez Aguilar, quien a su vez fue beneficiario en la distribución de notarías en la gubernatura fallida de Vallejo Figueroa.
Entre los miembros del congreso local que no quisieron atender a tiempo el reclamo de justicia de los pobladores de Cherán también figuraba, en calidad de plurinominal, José Trinidad Martínez Pasalagua, ubicado posteriormente por la PGR en un video donde aparecía conversando con la Tuta. Hasta entrado 2015, se le mantenía en proceso penal en la cárcel federal del Altiplano.
Arquímedes oseguera Solorio, del PRD, fue otro de los entonces diputados que no hicieron nada por atender el problema de inseguridad en la zona indígena de Michoacán, y cómo iba a hacerlo si se le relacionaba ya con células del crimen organizado que actuaban en el puerto de Lázaro cárdenas según las investigaciones de la PGR. Apresado como edil de Lázaro cárdenas junto a su tesorero, omar Alejandro Soto Gil, luego de que la PGR descubriera un video donde los dos aparecían reunidos amenamente con Servando Gómez, hasta principios de 2015 la jueza Amalia Herrera Arroyo lo mantenía en prisión.
otros más que pecaron de omisión en el caso del sometimiento de los pueblos indígenas por parte de las células criminales de la Familia Michoacana fueron los priístas Jaime Rodríguez López y Alfredo Anaya Gudiño, quienes llegaron a la posición de legisladores locales en calidad de plurinominales como una cuota de poder de su amigo, el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, quien gestionó directamente para su inclusión en el congreso de Michoacán.
Era también diputado local Eduardo Villaseñor Meza, muerto en forma misteriosa —al igual que su padre, el ex gobernador Eduardo Villaseñor Peña— justo cuando salía de una fiesta en honor de Luisa María calderón en Morelia; Villaseñor Meza había tocado con algunos cercanos el tema de solicitar a la Federación su intervención en Cherán. De su muerte no hubo siquiera levantamiento de pruebas periciales.
Ante la ceguera del congreso, los comuneros de Cherán insistieron en la Secretaría de Gobierno del estado: había llegado a la dependencia Fidel calderón Torreblanca, pero no tuvieron mayor respuesta que la recepción de la queja. comisiones de comuneros desfilaron por diversas dependencias de la administración estatal, incluida la propia casa de Gobierno, donde ya despachaba Leonel Godoy. Los reclamos de atención a los problemas de los pueblos indígenas sometidos por el crimen organizado se ventilaron en los despachos de Aída Sagrero Hernández, titular de la Secretaría de Educación, citlalli Fernández González, secretaria de Seguridad Pública, y de Miguel García Hurtado, el procurador de justicia. No pasó nada.
La demanda de los comuneros también se hizo presente en los medios de comunicación. A las redacciones de los principales periódicos asentados en Morelia llegó un manifiesto informando del desgobierno que se vivía en la zona de la meseta purépecha, concretamente en el municipio de Cherán; se hacía hincapié en la falta de interés del gobierno estatal para solucionar el problema de seguridad. Se denunciaba el saqueo de los recursos naturales por parte de células del crimen organizado; se resaltaba la condición de esclavitud en que vivían cientos de indígenas. Muchos directores de medios resolvieron como hacían con la mayoría de las crisis noticiosas: literalmente solicitaron autorización al recién nombrado secretario de Gobierno, calderón Torreblanca, para hacer la difusión del manifiesto.
El gobierno estatal recomendó no publicar la postura de los habitantes de Cherán; a cambio se establecieron sendos convenios económicos que garantizaban la inserción permanente de publicidad oficial a precios que ningún particular pagaría. La voz de los indígenas fue callada por los promotores de la libertad de expresión. Tan sólo en algunos medios de circulación local, principalmente de los municipios de Uruapan, Zamora y Lázaro cárdenas, hubo difusión del drama que se vivía en Cherán. Los indígenas únicamente fueron noticia en los medios informativos de la capital del estado cuando había sangre de por medio.
Los promotores de las denuncias sobre la situación de violencia que se vivía en Cherán eran el ex alcalde y profesor Leopoldo Juárez Urbina, el enfermero Plácido Fabián Ambrosio y los comuneros Tirso Madrigal, Santiago ceja Alonso y David campos Macías, quienes encararon en diversas ocasiones al presidente municipal y le exigieron públicamente que no permitiera que la policía local actuara como empleados de las células del crimen organizado. Demandaron que el gobierno estatal revisara el armamento policial, al tener la certeza de que algunas de las armas de cargo habían sido instrumentales en la ejecución de los comuneros que defendían la propiedad del bosque.
con sus peticiones firmaron su sentencia de muerte: el 9 de mayo de 2008 fue encontrado muerto Juárez Urbina. Sus restos fueron hallados en un predio cerca del camino Aranza-cheranástico, en el municipio de Paracho; había desaparecido un día antes en el municipio indígena de Nahuatzen, donde se reunió con otros comuneros para organizar rondas de vigilancia en el bosque que comparten las dos comunidades. Lo secuestró un grupo de sicarios, al parecer apoyados por elementos de la policía municipal de Cherán. Se volvió incómodo para los gobiernos estatal y local tras haber encabezado la toma de la alcaldía como medida de presión para que el congreso del estado decretara la desaparición de poderes en el ayuntamiento, esto luego de las protestas que se registraron cuando un joven comunero fue asesinado por policías municipales.
Las acusaciones públicas sobre la responsabilidad en el asesinato de Leopoldo Juárez apuntaron siempre hacia el alcalde priísta Roberto Bautista. El gobierno estatal no quiso hacer la investigación correspondiente y optó por el olvido; el pueblo se incendió en protestas. Los pobladores bloquearon la carretera carapan-Uruapan y retuvieron dos vehículos de la comisión Federal de Electricidad (cfe) y cuatro de empresas particulares. La turba intentó linchar a un hermano del alcalde: el gobierno estatal negoció entonces con los comuneros. Se mandó una partida policial para evitar roces entre policías y funcionarios municipales y los inconformes.
En Morelia, el gobernador Godoy aseguró que la muerte de Juárez Urbina tenía su origen en rencillas políticas: había perdido la elección interna del PRD a la alcaldía, luego contendió auspiciado por el Partido Alternativa Socialdemócrata, para ser derrotado al final frente al candidato del pri, Roberto Bautista. Se insistió en esa tesis para echar tierra al asunto.
El enfermero Plácido Fabián Ambrosio fue ejecutado a las afueras de su domicilio: un comando a bordo de una camioneta le disparó, acertándole dos balas calibre .9 mm en la cabeza. Había salido de su domicilio al filo de las diez de la noche del domingo 4 de octubre de 2009 para cerrar el portón de su casa. Los homicidas se dieron a la fuga sin que la partida de más de trescientos policías que había designado el gobierno estatal para vigilar el entorno de la comunidad se diera cuenta de los sucesos.
Las desapariciones forzadas de otros líderes comuneros como Armando Gerónimo Rafael, Rafael García Ávila, Jesús Hernández Macías y Tirso Madrigal Madrigal, que se oponían a la agobiante presencia del cártel michoacano en la zona indígena, exacerbaron los ánimos de los vecinos de Cherán. Se interpusieron las querellas ante las autoridades procuradoras de justicia del estado, señalando probables responsables, pero no se hizo nada; antes hubo persecución en contra de los denunciantes. Muchos comuneros fueron señalados como narcotraficantes, y algunos optaron por salir de la zona para exiliarse en Baja california y Sonora.
Entre los años 2009 y 2011, sólo en el municipio de Cherán se registraron ocho desaparecidos y veintisiete asesinatos, todos de miembros del grupo comunal que defendía la propiedad del bosque y se negaban a ser esclavos del crimen organizado. La lista de los desaparecidos de Cherán se engrosó con otros indígenas, principalmente de la región de la sierra-costa nahua, donde la Familia Michoacana intentaba apoderarse de las tierras de minas que por años han pertenecido a los pobladores naturales. El delito de los líderes comuneros de la región sierra-costa nahua fue el mismo que el de los indígenas de Cherán: defendieron a sus familias y se negaron a entregar los recursos de sus localidades al crimen organizado. En febrero de 2010 los pobladores de Santa María ostula, municipio de Aquila, denunciaron la desaparición de Javier Martínez Robles y Gerardo Vera orcina; en abril fueron secuestrados y desaparecidos Francisco de Asís Manuel, presidente del comisariado de Bienes comunales, Martín Santos Luna y y Enrique Domínguez Macías.
