Por. J. Jesús Lemus
El interés de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá de mantener vigente el mayor tiempo posible el TLC, radica en a posibilidad de suministro de agua a su planta productiva, la que en esos países no se puede sostener, pero que el gobierno mexicano sigue otorgando bajo la visión de un desarrollo económico para el país, que no solo no se refleja en las comunidades, sino que beneficia cada vez más a menos personas.
La codicia del gobierno norteamericano sobre el agua mexicana no es reciente. Desde 1944 existe ambición sobre la riqueza hídrica del México. Eso fue lo que en aquel año llevó al gobierno de Estados Unidos a firmar con el gobierno mexicano de entonces el llamado “Tratado de Distribución de las Aguas Internacionales de los Ríos Colorado y Bravo”, uno de los 66 acuerdos de cooperación y económicos que mantienen vigentes al día de hoy los gobiernos de las dos naciones, y que ha llevado a nuestro país a mantener el estatus de “amigo y socio de Estados Unidos”, que siempre sale a relucir en el discurso.
Pero en el “Tratado de Distribución de las Aguas Internacionales de los Ríos Colorado y Bravo” no hay nada de amistad. Es un contrato leonino mediante el cual el gobierno de Estados Unidos mantiene privilegios en la administración conjunta de los afluentes del río Colorado, en Tijuana, y del río Bravo, desde Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo de México, debido al cual, por décadas, México ha venido pagando cuotas de agua a Estados Unidos.
El referido tratado, que se ha mantenido prácticamente sin revisión en los últimos años, establece que en la administración conjunta de los dos principales ríos fronterizos, al gobierno de Estados Unidos le corresponde el derecho de uso sobre 431 millones 721 mil metros cúbicos de agua, en tanto que a México le toca disponer de hasta 2 mil 096 millones 931 mil metros cúbicos al año de las aguas contenidas en los ríos Colorado y Bravo. Hasta allí todo va bien, porque en apariencia este tratado beneficia a México.
“Pero no es así, pues Estados Unidos, siempre argumenta sequias, uno de los puntos de excepción del tratado, en donde la contraparte se obliga a la entrega de volúmenes extraordinarios de agua para subsanar esa condición”, explicó el doctor Federico Mancera Valencia, especialista en temas del agua del Centro de Investigación y Docencia (CID) del estado de Chihuahua, quien explicó que de esa forma el gobierno norteamericano siempre saca la mejor parte del acuerdo, sin ningún tipo de reticencia del gobierno mexicano.
Bajo el argumento de constantes sequías en el desierto de Texas, Arizona y Nuevo México –que son obvias por razones naturales de la zona- el gobierno de Estados Unidos ha venido argumentando acceso a menores volúmenes de agua, “lo que, a su juicio, no lo permiten aprovechar la totalidad de las aguas que lleguen a la corriente principal del río Bravo, procedentes de los ríos Pecos, Devils, manantial Goodenough y arroyos Alamito, Terlingua, San Felipe y Pinto”, ubicados en suelo norteamericano, explicó el especialista.
Por esa razón, tal como se establece en el Tratado, el reclamo norteamericano de agua a México ha sido permanente en los últimos 50 años. Cada año, la constante del argumento son los bajos volúmenes de captación en los escurrimientos de los afluentes alimentadores de los ríos Bravo y Colorado, los que fueron establecidos en el tratado aun a sabiendas de que esos ríos alimentadores no aportaban gran cantidad de agua a los dos ríos fronterizos.
Este tratado, que por apatía de los legisladores mexicanos no se ha sometido a revisión aun cuando los reclamos de comunidades afectadas por el desabasto de agua en la zona norte del país así lo han solicitado, es la mejor muestra de la forma en que el gobierno de Estados Unidos mantiene una política de sumisión sobre gobierno de México, al exigirle compensaciones del vital líquido por la falta de lluvia en los desiertos de Arizona, Nuevo México y Texas, donde las precipitaciones pluviales nunca se han registrado en la forma en que fueron consideradas al momento de la firma del acuerdo.
Historia del Tratado de Aguas
El “Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América de la Distribución de las Aguas Internacionales de los Ríos Colorado, Tijuana y Bravo, desde Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo de México”, como oficialmente se llama, fue firmado el 3 de febrero de 1944, por la representación mexicana encabezada por el embajador en Estados Unidos, Francisco Castillo Nájera, y Rafael Fernández MacGregor, titular entonces de la Comisión Internacional de Límites.
Por parte del gobierno norteamericano firmaron Cordell Hull, secretario de Estado de los Estados Unidos, George S. Messersmith, embajador en México, y Lawrence M. Lawson, titular de la Comisión Internacional de Límites de ese país, quienes vislumbraron condiciones ventajosas en el uso del agua propiedad de los mexicanos, por el solo hecho de anteponer condiciones de lluvia similares para Estados Unidos y México, cuando no eran ni siguen siendo así.
Desde la óptica del investigador Federico Mancera, este un tratado ventajoso para Estados Unidos, “por el solo hecho de que la representación mexicana de aquel tiempo no vislumbró los cambios climáticos que Estados Unidos -con el avance de su ciencia- ya pronosticaba, y que han venido sucediendo y se han agudizado en la forma prevista”, por eso este científico, una de las mayores autoridades en materia de agua de todo el país, considera que no solo es necesario revisar el tratado sobre la administración conjunta de las aguas de los ríos Bravo y Colorado, “sino que es urgente replantear el uso del agua de los dos principales ríos de la frontera norte”, a fin de evitar un colapso en las actividades agrícolas y urbanas de la zona norte de México.
A final de cuentas, el tratado de aguas entre México y Estados Unidos se ha convertido en un contrato, en donde por periodos de cinco años las dos partes que conforman la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) revisan los volúmenes de lluvias que caen en ambos lados de las fronteras, para decidir el volumen de agua que debe ser aprovechado en cada país, lo que siempre deja saldos negativos para México.
Así, la deuda de agua de México con Estados Unidos se ha incrementado gradualmente desde 1992, luego de reconocer las dos partes del CILA que durante el quinquenio 1992-1997, los escurrimientos en los ríos a los que tiene acceso Estados Unidos, dentro de su territorio, y que alimentan a los ríos Colorado y Bravo, no permitieron al gobierno de esa nación acceder a los volúmenes de agua acordados en el Tratado.
Cabe señalar que solo la escasez de agua en Estados Unidos, en el quinquenio 1992-1997 y 1998-2002, también conocidos como los periodos 25 y 26, hizo que México acumulara una deuda de agua a favor de Estados Unidos por un volumen estimado de 734 mil millones de metros cúbicos, equivalentes a lo que en tres meses utiliza toda la planta industrial establecida en suelo mexicano, los que no se habían podido pagar hasta apenas en octubre del 2016. También en el quinquenio 2003-2007, el periodo 27, México terminó con un déficit de agua tasado en 884 millones de metros cúbicos de agua.
Para el periodo 28, comprendido entre los años del 2008 al 2012, el gobierno de Estados Unidos volvió a argumentar -bajo los establecidos del Tratado- que tuvo baja captación de agua en sus afluentes, y exigió al gobierno mexicano el pago de los volúmenes no obtenidos por lluvias, los que fueron tasados en 324 millones de metros cúbicos de agua, y que fueron entregado apenas el pasado mes de octubre del 2016, con una consecuente reducción en los volúmenes de agua destinados a las poblaciones de la zona norte del país, principalmente de los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.
En los últimos años, las sequías han afectado severamente a la zona sur de Estados Unidos y la zona norte de México, dijo el doctor Damián Aarón Porras Flores, director de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, quien consideró existe, por parte del gobierno mexicano, una desatención para revisar las condiciones bajo las que opera el Tratado de Aguas con Estados Unidos.
Tal es la desatención a este tratado, o dicho de otra forma ¿de qué tamaño es la presión del gobierno norteamericano para seguir haciendo uso de las aguas mexicanas? Toda vez que durante toda la legislación pasada el Senado de la Republica se negó a rechazar, o al menos revisar las condiciones bajo las que se entrega el agua de los ríos Colorado y Bravo, pese a que se presentaron varias iniciativas para ello.
