La madrugada del 27 de agosto de 2025, la vida de 19 familias se convirtió en una pesadilla. Alrededor de las 6 de la mañana de ese miércoles, por lo menos 100 granaderos y decenas de cargadores ingresaron al edificio ubicado en República de Cuba 11, a unos pasos de Palacio Nacional, tras romper cadenas, ventanas y cerrojos, expulsando a los habitantes con lujo de violencia, muchos de ellos con más de medio siglo de habitar el inmueble.
Las “autoridades” presentes en el lugar afirmaron que las 19 familias que habitaban el edificio fueron notificadas con anterioridad de que debían desalojar el inmueble, hecho negado en diversas ocasiones por las personas desalojadas, quienes, en su mayoría, son de la tercera edad.
Ante el atentado contra el derecho a la vivienda y la expulsión de todas sus pertenencias —así como el robo de otras tantas—, los vecinos de Cuba 11 se vieron orillados a montar un campamento en medio de la calle, donde viven desde hace 201 días.
En este campamento, donde las lluvias y el frío han sometido a los habitantes, viven aún 17 familias. Han encontrado, entre tanto, la manera de sobrevivir en la violenta intemperie y con el peso de la incertidumbre sobre sus hombros, pues las autoridades aún no han hallado una solución para reubicarlos, sino solo un paliativo económico de cuatro mil pesos al mes y la renta de una habitación de hotel, la cual solo es usada para bañarse, pues los vecinos desalojados temen que sus pertenencias sean sustraídas o el campamento retirado.
Después del desalojo, diversos medios cubrieron la noticia, sobre todo tras el cierre del Eje Central Lázaro Cárdenas; sin embargo, después de diciembre de 2025, la difusión de esta situación ha sido menor, así como la actuación pública de las autoridades, cuyo último comunicado respecto al caso de Cuba 11 fue el 8 de diciembre de 2025, cuando se llevó a cabo una reunión entre vecinos y el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, y el subsecretario de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno, Juan José García Ochoa.
De acuerdo con este comunicado, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Vivienda y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, acompañaría la revisión jurídica del caso para la recuperación o adquisición del predio en favor de quienes lo han habitado durante años.
Desalojo rodeado de irregularidades
En entrevista para Cenzontle400, una habitante del campamento con 52 años viviendo en el inmueble —quien prefirió mantenerse en el anonimato— señaló que el despojo está rodeado de irregularidades, comenzando con la muerte del dueño original, Fernando Díaz Pérez de León, fallecido en 1992. Sin embargo, los vecinos no dejaron de pagar renta, pues esta era cobrada puntualmente por una empresa arrendadora; como evidencia, varios vecinos poseen recibos de pago
A esto se suma que, de acuerdo con el testimonio de la entrevistada, el edificio de Cuba 11 ya tenía la intención de ser vendido a quienes lo habitaban por parte de Díaz Pérez de León antes de fallecer; sin embargo, debido a una división en la posesión del terreno junto a otros parientes, este no pudo ser escriturado a nombre de los habitantes.
La renta se siguió pagando a la mencionada arrendadora hasta mediados de 2017, cuando la persona encargada de cobrarla dejó de asistir. Para entonces, y con tantos años habitando el lugar, los vecinos ya habían invertido en la restauración de la fachada, así como en el mantenimiento del inmueble, por lo menos desde los años 2000. De ello existen recibos y documentos firmados que acreditan las labores.
La mujer entrevistada indicó que, al momento de ser desalojados, acababan de renovar toda la tubería del edificio, restaurar los interiores e instalar tinacos de agua con la intención de mejorar su calidad de vida; en sus palabras, en caso de poder ingresar, “se encontrarían con departamentos y áreas comunes prácticamente nuevas”.
Aunque la renta se dejó de cobrar, los vecinos no dejaron de pagar la energía eléctrica ni el servicio de agua. Además, tenían la intención de pagar el predio, que rondaba el millón 200 mil pesos en adeudos luego del fallecimiento de Díaz Pérez de León, pues ninguno de sus descendientes se presentó a reclamarlo y, al no ser propiedad de los vecinos, les era imposible realizar el pago.
Por ello, cuando la ahora presidenta Claudia Sheinbaum aún era jefa de Gobierno de la Ciudad de México, solicitaron un acercamiento para atender su caso, con la intención de expropiar el predio y que pasara a ser propiedad de quienes lo han habitado por años. Sheinbaum les indicó que, para dicho trámite y revisión del caso, debían acudir al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI).
Al asistir al INVI, los funcionarios les indicaron que era imposible realizar este proceso, pues carecían de los recursos para hacerlo. Sin mayor información, el caso quedó en el olvido. Al realizarse el cambio de gobierno, volvieron a solicitar audiencia con la actual mandataria de la CDMX, Clara Brugada; sin embargo, no fueron atendidos.
Luego del desalojo
Tras los hechos de la madrugada del 27 de agosto de 2025, los habitantes volvieron a solicitar una reunión con Brugada y con César Cravioto, secretario de Gobierno de la CDMX, recibiendo una respuesta “deleznable” por parte de este funcionario, quien los llamó invasores y paracaidistas a pesar de recibir los comprobantes de pago en poder de los vecinos.
Existe un proceso legal abierto para recuperar lo que durante décadas fue el hogar de estas familias, encabezado por el abogado Arturo Aparicio, quien ha ofrecido su asesoría y representación legal sin costo para todos los habitantes de Cuba 11.
En este juicio se han presentado diversas pruebas de acciones irregulares que permitieron el despojo de este inmueble. Entre las más graves se señala que la orden de desalojo fue emitida por un juez del municipio de Tizayuca, Hidalgo, por lo que dicha resolución no tiene validez en el territorio de la CDMX.
Asimismo, el documento presentado el día del desalojo señala que la notificación obligatoria fue recibida por una mujer de la tercera edad que lleva años fallecida. Incluso, el viudo de esta mujer rindió declaración, pues quienes encabezaron el desalojo poseían su credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE). Además, se ha presentado el acta de defunción de la mujer que presuntamente recibió las notificaciones, como evidencia de la inexistente notificación a las familias afectadas por el desalojo.
En un evento realizado frente a la Plaza de Santo Domingo, las personas desalojadas de Cuba 11 se manifestaron y exigieron una reunión con Clara Brugada, para lo cual su equipo de trabajo pidió a los manifestantes guardar las pancartas y lonas que llevaban. Tras finalizar el evento, Brugada recibió a los vecinos, aseguró estar de su lado e indicó que iniciaría acciones para reubicarlos o, en su caso, que regresen al inmueble.
Aunque la jefa de Gobierno se comprometió a asistir al campamento, esta promesa no se ha cumplido. Sin embargo, la entrevistada señaló que mantienen la esperanza de salir pronto de la situación de calle a la que han sido orillados, pues las reuniones con personal del INVI se han incrementado este año. Considera que este cambio en la atención es producto de la proximidad del Mundial de Fútbol 2026, por lo que Brugada “no quiere que esté esto [el campamento] en las calles, menos cerca del Zócalo y con tantos turistas que van a venir”.
¿Una marca que precede al Cártel Inmobiliario?
La entrevistada aseguró que este despojo es consecuencia de un Cártel Inmobiliario que estaría encabezado por el dueño de diversos locales que fungen como bares en las inmediaciones del inmueble. Según el testimonio, el desalojo es producto de la supuesta adquisición del edificio en años recientes, a pesar de que no existen descendientes del dueño original, por un hombre identificado como “Elías”, quien también ejerce violencia psicológica contra las familias desalojadas. Este individuo suele rondar el campamento y burlarse de los vecinos gritando la consigna “sí se pudo”.
Asimismo, la vecina señaló que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se encuentran en las entradas del campamento no fueron desplegados con la intención de proteger a los habitantes, sino con el objetivo de cuidar los locales de este personaje ante las protestas que pudieran realizar los desalojados de Cuba 11.
El testimonio detalló que, en toda la calle de República de Cuba, los edificios próximos a desalojar presentan una marca con grafiti en la que se lee la palabra “Diablo…” o “Diablo 1312”, que sería la señal para marcar los próximos inmuebles que serán víctimas de desalojo. En Cuba 11, este grafiti apareció días antes del 27 de agosto; sin embargo, se percataron de este modus operandi luego de que el edificio de Cuba 14 intentara ser desalojado en las mismas condiciones que el número 11 y de que dicha marca también se hallara en su fachada.
Además, los vecinos señalan que la persona identificada como “Elías” ya posee una buena parte de los predios de los alrededores, en los que instala sus negocios y desplaza a los habitantes, como ocurrió en el edificio ubicado en la esquina de República de Cuba con Héroes del 57, donde los habitantes fueron desalojados uno por uno hasta dejarlo vacío.
