Por. J. Jesús Lemus
Tras el reciente naufragio de su reforma constitucional en la Cámara de Diputados —donde incluso aliados estratégicos como el PVEM y el PT le dieron la espalda—, la presidenta Claudia Sheinbaum ha pasado al contraataque. Este martes 17 de marzo, envió al Senado una nueva iniciativa conocida como el “Plan B Electoral”.
A diferencia de la propuesta original, este plan no requiere una mayoría calificada (dos terceras partes de los votos), sino una mayoría simple, enfocándose en leyes secundarias y “leyes constitucionales” que no tocan la estructura de los partidos aliados, asegurando así su tránsito legislativo.
1.- El eje central de la propuesta del Plan B es la llamada “Austeridad Republicana”, que no es otra cosa que el recorte drástico a lo que la mandataria denomina “privilegios de la casta electoral”.
2.- También propone los llamados topes salariales, a fin de que ningún dirigente de partido político ni alto funcionario del INE o del Tribunal Electoral podrá ganar más que la Presidenta de la República (fijado en un máximo de 1,500 UMAs).
3.- Se pretende la eliminación de “gastos extras”, que son los gastos de seguros médicos privados, bonos de riesgo y gastos de representación con recursos públicos.
4.- Con relación a la cámara de senadores, se propone una reducción progresiva del 15% en el presupuesto operativo de la Cámara Alta.
5.- Se busca aplicar lo que se ha denominado Fiscalización “En Tiempo Real”, a fin de cerrar el paso al dinero ilícito, el Plan B propone una vigilancia tecnológica sin precedentes: los partidos deberán reportar sus operaciones financieras en tiempo real a través de un sistema bancarizado conectado directamente con la autoridad.
En ese mismo sentido se pretende legalizar convenios con la UIF, a efecto de que se formaliza la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera para rastrear aportaciones sospechosas o de origen no comprobable. Quedan estrictamente prohibidas las aportaciones en efectivo y los recursos provenientes del extranjero.
6.- La reforma llamada Plan B busca agilizar los resultados para evitar la incertidumbre postelectoral: los cómputos distritales comenzarán en cuanto llegue el primer paquete electoral a la sede, eliminando la espera de días que ocurre actualmente.
7.- En cuanto al voto electrónico y extranjero, se busca impulsar el uso de tecnología para el voto de mexicanos en el exterior y se reduce el tiempo de propaganda en radio y TV (de 48 a 35 minutos diarios).
8.- Se busca regular el uso de inteligencia artificial en campañas políticas, por lo que se incluye por primera vez una ley para etiquetar contenido generado por Inteligencia Artificial y la prohibición del uso de granjas de “bots” en campañas.
9.- En esta propuesta legislativa, además se buscan ajustes en lo local y democracia participativa. La presidenta apunta también a los estados y municipios. Se busca un recorte de Regidores. Se propone limitar el número de regidores en los ayuntamientos (máximo 15 en ciudades grandes) para evitar “nóminas infladas”.
10.- Con relación a la Revocación de Mandato, se establece que la consulta de revocación se realice el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno.
En identidad de género en el INE, la propuesta incluye que la credencial para votar permitirá a los ciudadanos decidir si incluyen información sobre identidad de género y pertenencia a pueblos indígenas.
Este Plan B es una jugada de realpolitik. Al abandonar la intención de desaparecer a los diputados plurinominales (lo que aterraba a sus aliados del PT y Verde), Sheinbaum ha logrado recomponer su coalición.
Aunque la oposición (PAN y PRI) califica la propuesta como la “Ley Maduro” por considerarla un intento de asfixia financiera a las instituciones, la narrativa del Gobierno es clara: “No es una derrota, es un asunto de principios”. La batalla ahora se traslada al Senado, donde se espera una aprobación rápida antes de que termine el periodo de sesiones.
Aquí la propuesta integra del Plan B
