La tarde de este martes, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos aprobaron el dictamen enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum en materia electoral, conocido como “Plan B”, que pretende hacer modificaciones en torno a la revocación de mandato y “reducir privilegios” de los partidos políticos.
Con la ausencia de los miembros del Partido del Trabajo (PT) y con un total de 24 votos a favor y 11 en contra, se aprobó el dictamen de decreto para reformar los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución, que busca regular la revocación de mandato y establecer límites al número de regidurías de los municipios, al presupuesto de los congresos estatales y a los ingresos de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral, federales y estatales.
La ausencia del PT es significativa, sobre todo después de las declaraciones de Alberto Anaya, dirigente nacional del partido, quien afirmó que no permitirán ningún retroceso democrático en México. En un comunicado, el PT acusó que la aprobación de la reforma electoral original enviada por Sheinbaum era el “regreso al viejo partido de Estado que dominó México de 1929 a 2018”.
Esta nueva iniciativa aprobada para el Pleno es una versión recortada de la enviada originalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde además se buscaba la reducción de los representantes plurinominales y evitar el nepotismo en puestos públicos, pero que fue rechazada al no alcanzar los votos necesarios, gracias a la negativa del PT y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el 11 de marzo.
Uno de los puntos más polémicos es la modificación al artículo 35 constitucional en torno a la revocación de mandato y la posibilidad de que la persona titular del Ejecutivo —en este caso Sheinbaum— pueda promover el voto a su favor en la consulta.
“La persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”, es el texto que se agregaría —en caso de aprobarse— al artículo 35 constitucional, así como la modificación a la fracción séptima del mismo, donde se especifica la prohibición del “uso de recursos públicos para la recolección de firmas, uso de tiempos oficiales, así como la contratación y propaganda con fines de promoción y difusión” relacionados con la revocación de mandato.
En cuanto al artículo 115, la modificación pretende fijar el límite de una sindicatura y hasta 15 regidurías por ayuntamiento en el país. Hasta ahora, el número es definido por el propio municipio, en ocasiones con más o menos de las establecidas. Por su parte, la modificación al 116 constitucional establece que las constituciones estatales deben señalar que su presupuesto no debe exceder del cero punto setenta por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente.
Por otro lado, la reforma al artículo 134 precisa que las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales, así como de titulares de las secretarías de órganos administrativos y de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral (INE), de los organismos públicos locales electorales y de los tribunales electorales de las entidades federativas, no podrán exceder de la remuneración que percibe el presidente de la República.
La reforma al artículo 134 pone sobre la mesa el sueldo de funcionarios del INE que se encuentran por encima de los percibidos por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto podría afectar el sueldo que percibe la presidenta del Consejo General del INE, Guadalupe Taddei, quien, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, durante 2025 recibió una remuneración mensual bruta de 262 mil 634 pesos, mientras que la presidenta Sheinbaum recibió la cantidad de 193 mil 361 pesos mensuales brutos; casi 70 mil pesos menos que la presidenta del INE.
En torno al “Plan B” de Claudia Sheinbaum, aún coexisten poderes que podrían alegar en contra de la reforma, acusando la vulneración a las instituciones autónomas, como podría ser el caso de Guadalupe Taddei, o por la pérdida de poder dentro del Poder Legislativo, como sería el caso de Alberto Anaya, cuya postura es clave para definir el futuro de cualquier reforma constitucional que promueva el Ejecutivo federal.
