El lunes, frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Ciudad de México, el colectivo Mujeres Mazatecas por la Libertad organizó el foro “Voces sobre el Río frente al nuevo Poder Judicial”, donde participaron especialistas en medio ambiente, derechos humanos y derecho penal para visibilizar la persecución política y judicial que ha sufrido la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, en Oaxaca, tras más de 10 años de defensa del río Xangá Ndá Ge, pieza fundamental para el sostenimiento y la identidad de la comunidad.
Previo al inicio del foro, la abogada Argelia Betanzos, miembro del colectivo y defensora de activistas, se reunió con representantes del Poder Judicial para entregar una carta dirigida a los nueve ministros de la Suprema Corte, en la que se exige una reunión de trabajo que permita establecer una ruta que ponga fin a la criminalización de los defensores del río, promovida por la familia Zepeda, cuyas relaciones políticas han perpetuado la persecución de la comunidad.
La abogada Betanzos recalcó que se espera una pronta respuesta por parte de Hugo Aguilar, presidente de la SCJN, y de los ministros que la integran, y advirtió que, en caso de no recibir la atención requerida, lo que ese día fue un paro frente a la sede se convertiría en un plantón indefinido a partir de mayo.
Tras la entrega del documento, inició el foro con la participación de la abogada independiente y defensora de Miguel Peralta —activista y antropólogo—, Araceli Olivos Portugal, quien señaló que la persecución en contra de la comunidad de Eloxochitlán no se trata de un tema iniciado en 2014 con la detención y criminalización de Peralta y otros 13 activistas mazatecos, sino de agresiones de carácter sistemático en contra de la comunidad, su autonomía y sus recursos naturales.
Araceli Olivos recordó la sentencia injusta de 50 años de prisión en contra de Miguel Peralta, acusado falsamente del homicidio de Iván Zepeda, así como de tentativa de homicidio en contra de Elisa Zepeda, ambos hijos del cacique Manuel Zepeda Cortés. El 20 de febrero de este año se logró obtener una sentencia absolutoria por parte de un tribunal federal, que resolvió la inexistencia del delito de tentativa de homicidio en contra de la también diputada local por Morena, Elisa Zepeda Lagunes, debido a la falta de pruebas que argumenten la existencia de tal delito.
En esta misma sentencia, el tribunal afirma que Miguel Peralta no es responsable del homicidio de Iván Zepeda Lagunes. A esto se suma la existencia de dos peritajes que resultan contradictorios: el primero, correspondiente al entregado por las autoridades, y otro proporcionado por la defensa del antropólogo.
Olivos Portugal denunció que la familia Zepeda realiza actividades ilegales de extracción de material pétreo en el río Xangá Ndá Ge, así como el hostigamiento a las familias que habitan la comunidad de Eloxochitlán y que se han opuesto a la actividad extractiva de esta familia caciquil, la cual, a través de sus relaciones políticas con los tribunales locales de Oaxaca, ha criminalizado a la comunidad.
La abogada denunció que, en este y muchos otros casos legales en torno a comunidades indígenas y autónomas, los tribunales —locales y federales— ignoran gran parte del contexto en que se presentan los conflictos. Además, desconocen los sistemas de organización autónomos y tradicionales desarrollados dentro de las comunidades.
Dentro del abuso de poder utilizado por la familia Zepeda se encuentran las acciones de la diputada Elisa Zepeda, quien utiliza un discurso de presunta violencia de género de la que habría sido víctima para mantener la presión en medios de comunicación e instancias legales en contra de la comunidad, sin que sea tomado en cuenta el exceso de poder político con el que la familia caciquil ha asediado a más de 200 habitantes de Eloxochitlán, quienes se han opuesto al saqueo del río.
El tribunal que emitió la sentencia del 20 de febrero reconoció que —aunque sea el discurso manejado en medios por la diputada— no existe violencia de género en el caso. Asimismo, legitimó las agresiones sufridas por los habitantes de Eloxochitlán, cuyo origen se encuentra en el cacicazgo de la familia Zepeda.
A pesar de la existencia de esta sentencia, los 14 defensores y habitantes de Eloxochitlán aún no han sido puestos en libertad. Además, existe el peligro de que Elisa Zepeda recurra a alguna figura jurídica que impida la liberación de estas personas mazatecas. De acuerdo con la jurista: “si la Corte, en algún momento, se pone de lado de quien tiene ese mayor poder abusivo, sería culpa de la misma Corte si esta sentencia no se cumple”.
En su intervención, Claudia Ignacio Álvarez, historiadora, ruralista y antropóloga, recalcó la importancia de reconocer las formas de organización indígena en casos como el de Eloxochitlán. Además, denunció que no solo existe la afectación penal y ecológica a este territorio, sino también graves vulneraciones lingüísticas y culturales contra el pueblo, reflejadas en juicios sin traductores y en la pérdida de identidad dentro de la comunidad, pues el río Xangá Ndá Ge es clave para su cultura, gastronomía y forma de vida, lo que se traduce en la violación de los derechos colectivos de la población de la cuna del anarquista Ricardo Flores Magón.
Por su parte, la bióloga y coautora del libro “Ríos y Montañas en Riesgo: Una Mirada Crítica a la Extracción de Materiales Pétreos en México”, Carla Flores Lot, denunció que los materiales pétreos —arena, grava, arcilla, caliza, cantera, granito, basalto, cuarzo, tepetate, tezontle, entre otros— no se encuentran regulados por la Ley de Minería.
Cuando se encuentran en cauces y riberas de los ríos, la Ley de Aguas Nacionales señala que son responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los estados y los municipios, quienes pueden emitir recomendaciones; sin embargo, el sistema de la Conagua carece de rendición de cuentas, lo que permite la actividad ilegal de extracción.
Asimismo, la bióloga señaló que los compromisos medioambientales que las instituciones y gobiernos han vuelto mediáticos en realidad no funcionan, principalmente debido a que nunca se cumplen. En consecuencia, denuncia Flores Lot, muchos lugares donde se ha extraído material son utilizados como tiraderos irregulares e incluso como fosas por parte del crimen organizado.
En la clausura del foro, se presentó el informe de la Primera Misión Civil de Observación en Eloxochitlán de Flores Magón, donde se registraron las 200 órdenes de aprehensión existentes contra miembros de la comunidad. Además, se informó que se logró obtener la primera vinculación a proceso en contra de Manuel Zepeda Cortés.
La conclusión del informe señala que la comunidad es y ha sido víctima de graves violaciones a sus derechos humanos y colectivos a través de agresiones sistémicas. Se contabilizaron un total de 50 víctimas directas y más de 500 víctimas indirectas de esta violencia.
