Por. J. Jesús Lemus
El periodista y defensor de derechos humanos, Gildo Garza, formalizó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del senador por Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal (conocido como “JR”), integrante de la bancada de Morena.
La denuncia surge en un contexto de creciente tensión entre el legislador y diversos comunicadores que han dado seguimiento a investigaciones sobre su patrimonio y presuntos nexos con redes de influencia en el estado de Tamaulipas.
No se debe olvidar que JR Gómez está involucrado directamente con la red de huachicol que organizó inicialmente Sergio Carmona y luego continuó Adán Augusto López Hernández, a través de su operador criminal Hernán Bermúdez Requena, al menos así lo refieren 4 de las 32 las carpetas de investigación integradas por la FGR.
De acuerdo con la exposición de motivos de Garza, la queja se fundamenta en los siguientes puntos:
1.- Amenazas y Hostigamiento. El comunicador señala haber sido objeto de mensajes intimidatorios y ataques sistemáticos que buscan frenar sus publicaciones. Gildo Garza es un periodista ya anteriormente ha sido agredido por sus trabajos periodísticos, y por ello cuenta con medidas de seguridad del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas,
Ahora, de nueva cuenta, por razón de su ejercicio profesional, el periodista y abogado en defensa de derechos humanos ha sido expuesto en su seguridad por ataques que provienen de directamente del entorno del senador José Ramón Gómez Leal.
2.- Censura y Bloqueo Informativo. Se acusa al senador de utilizar su posición de poder para estigmatizar la labor periodística. Cabe destacar que otros periodistas, como Martha Olivia López, también han señalado públicamente que el senador suele bloquear o descalificar a la prensa cuando se le cuestiona sobre temas sensibles.
3.- Vulneración de la Libertad de Expresión. La queja solicita a la CNDH que emita medidas cautelares para garantizar la integridad física de Garza y su familia, argumentando que el discurso del senador fomenta un ambiente de odio y criminalización hacia los periodistas que investigan temas de corrupción o “huachicoleo” fiscal.
Esta denuncia no es un hecho aislado. El senador Gómez Leal ha estado bajo el reflector público por diversos escándalos recientes. En septiembre de 2025, se reportaron denuncias ciudadanas que lo vinculan con el presunto despojo de terrenos en Reynosa para beneficiar a empresas familiares.
Reportes de periodistas como los de Manuel López San Martín y Anabel Hernández han señalado al senador como un enlace clave en la red de Sergio Carmona (el fallecido “Rey del Huachicol”, acusaciones que el legislador ha calificado repetidamente como “mentiras y falsedades”, pero las carpetas de investigación de la FGR hablan de otra realidad.
Hasta el momento la CNDH ha recibido el expediente para su análisis. Se espera que el organismo solicite informes al Senado de la República y al propio legislador para determinar si hubo una violación al derecho humano de la libertad de expresión y si existe un riesgo inminente para el reconocido periodista.
Por su parte, el senador José Ramón Gómez Leal ha mantenido una postura defensiva, afirmando en encuentros previos con medios que prefiere “bloquear a quienes levantan mentiras” en lugar de debatir, una actitud que, según el canon periodístico, contraviene la transparencia exigida a un servidor público.
Este caso pone a prueba, una vez más, la eficacia de la CNDH frente a figuras del poder legislativo. La denuncia de Gildo Garza es un recordatorio de la vulnerabilidad de los periodistas desplazados que, aun bajo protección federal, enfrentan el asedio de figuras políticas con gran influencia regional y nacional.
