Por. Margarita Rodríguez
• La semana pasada, el Gobierno de México se comprometió ante el relator sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Humanas (ONU), Marcos Orellana, a monitorear el agua y frenar granjas porcícolas; en los últimos cinco años, la Profepa ha clausurado 26, aunque algunas siguen operando
Desde hace dos décadas, la producción porcina a nivel industrial en territorio yucateco creció 40%, dejando ganancias multimillonarias a las empresas monopolio. Exportan carne premium a países asiáticos como Corea del Sur, China y Japón, y a Estados Unidos y Canadá. El costo lo pagan las comunidades mayas, al quedar contaminados su aire, sus fuentes de agua y tierras, lo cual repercute en padecimientos de salud.
A los actuales herederos de la civilización maya ya no los despierta el trinar de las aves ni el calor del bendecido sol, ahora son olores pestilentes y penetrantes a heces fecales de k’éek’en -término maya yucateco para referirse al cerdo- en por lo menos 86 de los 106 municipios de Yucatán, donde se han instalado 500 granjas porcícolas a lo largo de su territorio.
Ha cambiado la vida cotidiana de las comunidades mayas
En la comunidad de La Esperanza de Sitilpech, perteneciente al municipio de Izamal, a la fruta “le sale humo”, las plantas se secan; ya no se puede tener las puertas abiertas al cocinar porque entran moscas verdes y las jaquecas son insoportables, de acuerdo con testimonios de los habitantes.
En Sitilpech se instaló el monopolio porcícola en Yucatán, Kekén, en 2019, sin consultar a los pueblos indígenas mayas.
“Cuando se instaló la granja primero pusieron 5 mil cerdos. Como nadie dijo nada, pusieron otros 10 mil. Después, 15 mil. Los camiones pasaban y pasaban. Empezaron los malos olores pero como las autoridades están coludidas, tampoco intervinieron”, en 2023 narró una mujer de Izamal a Jaltún, un proyecto de investigación del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible de la Península de Yucatán. En la actualidad, hay fábricas de cerdos que llegan a tener ente 40 mil y 50 mil.
Las emisiones de gases de los mismos cerdos y el uso de plaguicidas han afectado las milpas, es decir, los cultivos tradicionales de maíz, calabaza y frijol. A naranjas y toronjas les salen hongos. Además, ya son pocos los yucatecos que crían cerdos en sus patios para autoconsumo. Ahora los compran en las mismas carnicerías de Kekén: Maxi Carne, para preparar los riquísimos guisos de su gastronomía como la cochinita pibil, el lechón, el frijol con puerco, el castacán, el poc chuc, los salbutes, los panuchos y un largo etcétera.
No solo es el mal olor lo que respiran los yucatecos, sino 170 compuestos del polvo de las heces de los cerdos, como muestra la siguiente infografía. En su mayoría, es nitrógeno, que daña el agua, el suelo y el aire. Respirar heces también es fuente de bacterias, hongos y virus, que puede derivar en diversas enfermedades respiratorias y gastrointestinales.
En 2024, más de 300 organizaciones yucatecas pidieron la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la comunidad de Chapab, ya que desde el 2017, sin consulta previa, se instaló una megagranja porcícola a un kilómetro de distancia.
Luis Ysmael Salazar Teh, comisario ejidal de Chapab, declaró al sitio de noticias Megabay que se “empezaron a enfermar los chiquitos, los niños, también personas grandes. Les empezó a dar diarrea, vómito. El olor empieza de madrugada. Cuando está amaneciendo, a las cinco o seis de la mañana los chamacos despiertan con el olor de la granja. Desde que empezó a funcionar, empezó a dar problemas, porque está como a un kilómetro, está cerquita”.
Bañarse con esa agua sacaba ronchas en la piel y, por las mañanas, veían visto peces muertos a la orilla de las lagunas: “Yo creo que es por la contaminación, no puede ser que se mueran solos”, explicó.
Grave contaminación en ríos y cenotes interconectados
La contaminación de los mantos freáticos de Yucatán por la producción megaindustrial de cerdos será irreversible, si no se toman medidas radicales en este momento, debido a que el suelo es kárstico, es decir, que los ríos subterráneos están interconectados con los miles de cenotes que existen -se calcula que existen entre 7 mil y 8 mil-.
A finales de marzo del presente año, un estudio de la Universidad Johns Hopkins y de la UNAM, reveló que el 83% de 3 mil 100 cenotes monitoreados estaban contaminados con materia fecal, principalmente por granjas porcícolas y escurrimientos urbanos.
Se detectaron contaminantes peligrosos, como cadmio y mercurio, superando límites establecidos. Además de hormonas y antibióticos con los que crían a los cerdos. Teniendo en cuenta que en las comunidades mayas, alejadas de urbes como Mérida, no se bebe agua de plantas purificadoras, sino de pozos o de los mismos cenotes.
ONU respalda la lucha mayas contra industrias contaminantes
La denuncia contra los daños ambientales y las violaciones a los derechos del pueblo maya llegó hasta la ONU: El relator especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos del organismo, Marcos Orellana, el mes pasado visitó Yucatán y visibilizó la crisis socioambiental que padecen las comunidades de la Península, por el crecimiento descontrolado de las granjas porcícolas y las afectaciones a las abejas, por la liberación de plaguicidas.
“La industria por sí misma no es una amenaza al medioambiente, lo que sucede es que la práctica industrial donde las normas no son lo suficientemente robustas para asegurar los derechos humanos de las personas que se puedan ver expuestas a la contaminación que genera la industria. Es ahí donde está el problema”, señaló Orellana.
El relator de la ONU se reunió con organizaciones de la sociedad civil en Yucatán como el Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal A. C, Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, Subcomisaría municipal, Comisariado ejidal y Consejo comunitario maya de Santa María Chi y Contraloría Autónoma del Agua de Yucatán, entre otras, quienes le pidieron suscribir su Declaratoria de Emergencia Sanitaria y Ambiental.
Con el objetivo de que los tres niveles de gobierno -municipal, estatal y federal- destinen recursos a la reparación del daño y la no repetición.
En el documento exigen “su derecho a la consulta indígena conforme a estándares internacionales. Garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, es decir, acceso a agua limpia, segura y libre de contaminantes.
“Implementar un sistema integral de monitoreo epidemiológico sobre los efectos de sustancias tóxicas. Detener la criminalización de personas defensoras del territorio y garantizar su protección. Reforzar de manera efectiva los mecanismos de supervisión, fiscalización y transparencia ambiental. Implementar programas de restauración ecológica y de salud comunitaria, con recursos estatales y federales.
“Garantizar el derecho a la información, participación y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Respetar la libre determinación y autonomía del pueblo maya, incluyendo la decisión de declarar sus territorios libres de megaproyectos.
“Reconocimiento de la vulnerabilidad del territorio y acuífero kárstico a la contaminación y la sobreextracción. Actualización del marco jurídico ambiental ante la apertura gubernamental de más megaproyectos a la Península de Yucatán y contaminantes emergentes sin regulación”.
Gobierno de Yucatán: monitorear agua y frenar granjas porcícolas
En respuesta al relator de la ONU, el Gobierno de Yucatán informó que en la actualidad se monitorea, “científicamente” el agua de cenotes, pozos y acuíferos para detectar de dónde proviene la contaminación y adelantó a que ya no se autorizará la instalación de nuevas granjas de cerdos.
La secretaria de Desarrollo Sustentable de Yucatán, Neyra Silva Rosado, aseguró que se trabaja de manera coordinada con ayuntamientos y autoridades federales como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) como parte de una estrategia para contener el impacto ambiental en los mantos acuíferos.
En septiembre de 2025, la Profepa clausuró definitivamente la megagranja de más de 40 mil cerdos San Gerardo, de la firma Kekén, en la comisaría Santa Maria Chi, en Mérida. Asentada allí desde 1990. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año continuaba operando con normalidad, aseguró Wilberth Nahuat Puc, comisario municipal.
En 2024, Wilberth Nahuat fue demandado por la familia Loret de Mola, dueña de la granja San Gerardo, por despojo de inmueble y privación ilegal de la libertad. En octubre de 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán determinó que no existió delito en las protestas de los pobladores mayas contra la granja.
La protesta de los habitantes de Santa María Chí no era para menos: para 2023 aumentaron las infecciones gastrointestinales y respiratorias en el pueblo de 500 habitantes por la contaminación del agua y el aire.
“Pruebas de pozos del pueblo mostraron que los niveles de coliformes fecales, Salmonella, E. Coli y sólidos eran superiores a los permitidos para el agua potable”, documentaron diversos organizaciones civiles.
