Por. Luis Calderón
El pasado 21 de mayo, el comunicador Christian Herrera Rubio fue detenido por presuntos elementos de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) con lujo de violencia en el municipio de Ciudad Valles para posteriormente ser trasladado a la capital de la entidad, a pesar de que en dicho municipio existen oficinas de la FGESLP.
De acuerdo con un testimonio anónimo, la detención se llevó a cabo bajo la acusación de robo “de una farmacia”; sin embargo, organizaciones como Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Fundación para la Justicia expresaron su preocupación por el uso de recientes reformas al Código Penal de San Luis Potosí en materia de inteligencia artificial, las cuales estarían siendo utilizadas para amedrentar y censurar voces críticas dentro de medios digitales.
El señalamiento de las organizaciones no es gratuito, pues ese mismo día la comunicadora y directora del medio digital “San Wicho Times”, Eréndira Reyes Aguillón, y su hija, Alejandra Hermosillo —funcionaria en el área de comunicación social del municipio de San Luis Potosí—, fueron detenidas por elementos de la Policía de Investigación del estado.
En el caso de Christian Herrera, sus familiares denuncian que, además del maltrato físico sufrido por el comunicador, hasta la fecha sigue incomunicado. Sin embargo, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), se encuentra detenido en el Centro de Reinserción Social No. 1, “La Pila”, aunque el registro lo mantiene con el estatus de “en traslado”, sin que se defina el motivo de su detención y sin acceso a una defensa adecuada, lo que, de acuerdo con Artículo 19, “podría ser catalogado como una detención arbitraria por fuerzas de seguridad estatales”.
En cuanto al caso de Eréndira Reyes, familiares denunciaron que, al momento de su detención, la comunicadora se encontraba acompañada de sus nietos menores de edad y, aunque se le permitió realizar una llamada para que los menores fueran recogidos por alguien más, los elementos estatales se llevaron a la mujer dejando a los menores en custodia de oficiales dentro de una camioneta. Tras enterarse de la situación, Alejandra Hermosillo se acercó al lugar y, al llegar, también fue detenida por los agentes estatales.
Familiares de Eréndira y Alejandra denunciaron que durante las primeras 24 horas de su detención recibieron información confusa y errónea sobre el paradero de las mujeres. El 22 de mayo, un juez de control les dictó prisión preventiva oficiosa a ambas y, según información obtenida por Artículo 19, el 23 de mayo fueron trasladadas al Centro de Readaptación Social No. 1, “La Pila”.
Sin embargo, tras consultar el Registro Nacional de Detenciones, se especifica que Eréndira se encuentra en las oficinas de la Dirección de Métodos de Investigación con el estatus de “en traslado”, mientras que el último informe del registro señala que Alejandra fue puesta a disposición y se encuentra en las celdas de los separos de la Policía de Investigación para posteriormente ser trasladada al centro de reinserción “La Pila”, también con estatus de “en traslado”.
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De acuerdo con un comunicado emitido el 22 de mayo, la FGESLP asegura que el 21 de mayo se cumplimentó una orden de aprehensión contra Eréndira y Alejandra, a quienes se les imputa un delito contra la identidad de las personas; dicha orden fue librada por un juez de control de la Primera Región de San Luis Potosí.
Según la versión de la FGESLP: “las imputadas presuntamente utilizaron de manera deliberada estructuras visuales, narrativas y gráficas de la víctima, encaminadas a generar una percepción de autenticidad y veracidad frente al público, realizando una posible manipulación ilícita de imagen e identidad digital al emplear, sin autorización, la representación visual e identidad pública del pasivo del delito para construir contenidos simulados con apariencia de autenticidad”.
En relación con esta acusación, diversas organizaciones obtuvieron de fuentes locales una fotografía de un supuesto acto de investigación en los domicilios de 11 personas, entre las que se encuentran Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo, además de otras nueve personas, entre ellas Anahí Torres González, periodista, directora y titular de diversos medios de comunicación en San Luis Potosí.
Las versiones de fuentes locales señalan que la orden proviene presuntamente de haber generado y compartido un video en redes sociales donde supuestos integrantes del crimen organizado señalan al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, y a la Guardia Civil Estatal de servir para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En noviembre de 2025, tras la aprobación de una serie de reformas al Código Penal del estado, Artículo 19 publicó un informe advirtiendo sobre el uso de los artículos 272 Ter y 272 Bis, añadidos con la reforma, como recurso de persecución y censura contra comunicadores, periodistas, activistas y personas usuarias de redes sociales. Además, la organización hace hincapié en que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió la acción de inconstitucionalidad 132/2025 contra esta normativa.
