Reportes de transparencia contrastan con las cifras oficiales de inversión en el parque, en tanto una empresa vinculada a quien era funcionaria al momento de la licitación obtenida incumple contrato para remodelar La Burbuja
Por. Jesús Ibarra
El Gobierno de Sonora celebró el renacimiento de La Sauceda en primavera tras presumir medio millón de visitantes y el anuncio de una inversión por 526 millones de pesos.
Detrás lo que surge son inconsistencias presupuestales en el parque, sumadas a un conflicto de interés proveniente del DIF en Ciudad Obregón debido a un contrato vinculado a quien tenía una subdirección en el CREE de esa dependencia hasta antier.
Mientras el discurso público se enfoca en un modelo de gestión inspirado en Chapultepec auditorías e informes públicos revelan que el parque es un escenario de conceptos pagados pero no ejecutados por completo e incrementos presupuestales sin soporte.
La documentación obtenida, vía dos solicitudes de acceso a la información, revela que el rescate evolucionó como uno de los megaproyectos de infraestructura recreativa más costosos de este sexenio.
Entre 2022 y 2026 la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur) reportó autorizaciones presupuestales acumuladas destinadas a la rehabilitación por 455.24 millones de pesos.
Se marca una diferencia con los contratos de obra identificados hasta ahora, que sumaron 290.24 millones de pesos, según el memorándum con folio DGEO-0592-2026, obtenido el 1 de abril.
Apenas hace un par de meses el gobernador Alfonso Durazo Montaño pronunció:
“Vimos cómo decayó, artificial o realmente, lo dejaron caer para convertirlo en fraccionamiento en algún momento y justificar su venta, o simple y sencillamente no les importó el esparcimiento de la gente, pero ahora que lo hemos recuperado, y que reevaluamos la trascendencia que tiene en el bienestar de la comunidad, yo les diría: hay que sumar esfuerzos para su preservación”.
Ahí mismo anunció que la segunda etapa de rehabilitación contempla una inversión superior a los 170 millones de pesos para este año, recurso destinado a la remodelación del Museo La Burbuja, la creación de un jardín botánico, laboratorio ambiental, instalaciones de juegos, escuela de educación vial, así como nueva infraestructura deportiva.
Los expedientes oficiales muestran un crecimiento del gasto, de apenas 62 mil pesos en 2022 a más de 182.18 millones en 2024, 124.6 millones en 2025 y 140.8 millones adicionales sólo en los primeros tres meses de 2026.
También hay discrepancias en los anuncios de 2023, cuando se dio a conocer la necesidad de invertir 100 millones de pesos para iniciar el rescate, pero sólo fue una cantidad que apenas superó el 7% de esa cifra.
Contratista y funcionaria
Urbanizaciones Marana S.A. de C.V. es la empresa que ganó el contrato para rehabilitar el Museo La Burbuja, una de las áreas originales del Parque La Sauceda más populares para niños desde su inauguración en 1994 hasta su cierre hace seis años.
El folio mercantil N-2022001936 permite ver que fue conformada en diciembre de 2021 por Rafael de Jesús Navarro Borrego (accionista principal), Angélica Martínez Bojórquez, quien era subdirectora del CREE en el DIF de Ciudad Obregón, como socia minoritaria y su hijo Rafael Navarro Martínez.
Ella es hermana del ex alcalde de Navojoa Mario Martín “Mayito” Martínez, quien falleció en 2023 por causas naturales.
Durante el proceso de licitación pública realizado en noviembre pasado la empresa compitió contra Proyectos y Construcciones Virgo y ante Comercializadora Industrial del Noroeste por este convenio, que asciende a 9 millones 502 mil 839.6 pesos, según el documento consultado.
Virgo compitió también contra JFN S.A. de C.V por el contrato principal para la rehabilitación de la Sauceda en 2024.
Hasta el 4 de febrero la obra en este recinto infantil presentaba un avance físico de 36.2%, todavía hasta el día de ayer era posible ver trabajadores de la construcción realizando tareas.
Ya excedió el tiempo para ejecución porque el fallo de adjudicación establece en su punto número VIII: “El contratista se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 120 días naturales, debiendo iniciar éstos el día 24 de noviembre de 2025 y culminarlos a más tardar el 23 de marzo de 2026, de conformidad con el programa de ejecución autorizado”.
Fue posible comprobar vía CompraNet que la empresa donde Martínez Bojórquez tiene acciones ha obtenido una docena de contratos con valor de 38.5 millones de pesos otorgados durante la administración de Durazo Montaño en el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, el Consejo Estatal de Concertación de Obra Pública, la Secretaría del Bienestar y Sidur.
Los contratos fueron firmados por Navarro Borrego, quien aparece como representante legal, incluyendo el de La Sauceda, al momento de ese acto legal la cónyuge aún era funcionaria.
En su semblanza, todavía disponible en el Directorio de la Administración Pública, Martínez Bojórquez no incluye el paso profesional por Urbanizaciones Marana.
La compañía tampoco estaba enlistada en su currículo en la Plataforma Nacional de Transparencia.
La citada empresa tiene además contratos otorgados por el Ayuntamiento de Cajeme en los últimos tres años.
Ella aparece como persona física proveedora del organismo operador de agua potable local con un contrato (número OOM-043-2024) por 696 mil pesos, adjudicado en enero de 2024 para la prestación de servicios de mantenimiento de redes en el área urbana.
El lunes 25 de mayo fue contactada por teléfono previo a la publicación de este artículo para pedirle una postura sobre los hechos.
Martínez Bojórquez, quien coordinaba tareas de enseñanza, capacitación e investigación en el DIF, negó la existencia de una conducta tipificada como conflicto de interés, a pesar de que reconoció la participación accionaria en la empresa al tiempo que era servidora pública.
En esa misma comunicación se le solicitó su declaración patrimonial.
Dos días después anunció en Instagram que renunciaba a su cargo en el CREE del DIF.
Problema legal: especialistas
Para la abogada Iris Anel Armenta Hernández si en este caso existió el ocultamiento de una conducta por conflicto de interés debería ser investigado tanto por la Fiscalía Anticorrupción como la Secretaría Anticorrupción.
“Ella tenía la obligación de hacer la declaración de interés porque tiene participación en una sociedad, con independencia del porcentaje, además por el tema de su cónyuge”.
“Esto a fin de que la Secretaría y los órganos internos puedan establecer cuando su función entra en conflicto de interés, según el Artículo 48 de la Ley de Responsabilidades Administrativas y Sanciones para el Estado de Sonora”, consideró.
Armenta Hernández tiene una maestría en Litigación Penal y Amparo por la Universidad de Sonora.
Su experiencia incluye la Fiscalía General de Justicia como encargada del Área de Litigación de Juicios Orales, y en la Defensoría Pública.
La Ley de Obras Públicas (estatal) prohíbe participar en licitaciones a empresas con vínculos de parentesco con servidores públicos relacionados con el procedimiento, obliga a declarar inexistencia de conflicto de interés bajo protesta de decir verdad y faculta a la autoridad para rescindir contratos si se comprueba falsedad o conflicto de interés.
Martínez Bojórquez era funcionaria al momento de esas contrataciones y la familia controla en conjunto la empresa.
Para la especialista consultada tener acciones en una compañía proveedora de obra mientras se ocupa un cargo por pequeño que sea, sí configura un conflicto de interés y probablemente una falta administrativa grave.
“Se convierte en delito penal únicamente si se demuestra que la funcionaria usó su cargo para influir en la adjudicación o en la firma del contrato”, explicó Armenta Hernández.
Una valoración similar hizo Eduardo Bohórquez, director de la asociación civil Transparencia Mexicana.
“Si una persona funcionaria pública está casada por bienes mancomunados y cuenta con una participación de 15% en una compañía, como en este caso, eso podría convertirse hasta en 50%”.
“Por mandato de ley, la persona funcionaria tiene que reportar y publicar en su declaración patrimonial y de intereses su participación en una empresa. Así, quien conduzca una licitación puede tomar las medidas preventivas correspondientes para evitar que se actualice un potencial conflicto de intereses”, puntualizó el especialista en combate a la corrupción.
Agregó que en materia de contratación pública es importante distinguir si un funcionario tiene acceso a información que le permita a una empresa de la que es socio o accionista, tener ventaja respecto a otros competidores.
Está es la razón por la que la declaración de intereses es tan importante, ya que un funcionario debe recusarse de una conversación o decisión, cuando sus intereses personales o patrimoniales entran en potencial conflicto con la decisión a tomar.
Cuando la declaración de intereses no es pública, o cuando se niega tener intereses, es imposible tomar las medidas preventivas necesarias.
La declaración de intereses protege al funcionario de lo que a ojos externos puede ser visto como ilegal o ilegítimo. Pero si se omite la obligación de presentar esta declaración, lo que podría ser resuelto de forma preventiva, se traduce en algo que genera duda o sospecha en la opinión pública.
Bohórquez agregó que la renuncia de Martínez Bojórquez no elimina el problema de fondo.
La auditoría
Con la auditoría practicada por el ISAF es posible ver un patrón de fragmentación contractual, repetición de empresas constructoras, convenios modificatorios y concentración del presupuesto en unas cuantas claves financieras, así como contratistas con ejercicios multianuales no aprobados.
“Se detectaron deficiencias técnicas, conceptos no pagados y expedientes incompletos, no asegurando la calidad de la obra pública objeto del contrato, en la primera etapa de la obra ‘Rehabilitación General de Parque La Sauceda’, en el municipio de Hermosillo”.
El instrumento jurídico más alto detectado asciende a 166 millones de pesos, adjudicado en 2024 a JFN S.A. de C.V., empresa que recibió ampliaciones posteriores.
El órgano fiscalizador detectó en su observación 2024AE223OP1011El un posible daño patrimonial de 5.4 millones de pesos por trabajos que se cobraron, pero físicamente no existían en el sitio al momento de la auditoría.
La lista de inconsistencias detectadas incluyó: barandales, luminarias LED y bancas que figuran en las facturas, pero no en el parque. El caso más claro durante la auditoría correspondió al área de juegos infantiles marca «Miracle y Little Tikes».
Según el contrato, se pagó por el suministro e instalación de una estructura de 25×16 metros, el tamaño aproximado de media cancha de básquetbol. Sin embargo, durante la verificación física, los auditores reportaron que no pudieron localizarla.
JFN S.A. de C.V. tiene su domicilio fiscal y operativo en privada Treviso número 11, colonia Villa Bonita, en Hermosillo.
Desde ahí ha facturado 227.83 millones de pesos para rehabilitar La Sauceda, el monto representa el 78.5% del presupuesto comprometido (290 MDP) con diversos contratistas para estos fines, según los contratos identificados en la solicitud de información.
Fue creada por los empresarios Francisco Salazar Durazo y Ruben Octavio Romo Trujillo en 2009.
Hallazgos
La obra correspondiente al contrato SIDUR-ED-24-051, otorgado a JFN S.A. de C.V., estuvo bajo la lupa por incumplimiento de normatividad presupuestal, debido a que se trató de una contratación multianual sin permiso.
Este es uno de los hallazgos principales de la observación 2024AE113FN0242 del ISAF, la cual señala que Sidur suscribió un convenio multianual que comprometió recursos de los ejercicios fiscales 2024 y 2025 sin contar con la autorización obligatoria de la Legislatura del Estado ni de la Secretaría de Hacienda.
El periodo de ejecución de las obras fue del 14 de mayo de 2024 al 12 de febrero de 2025.
En la muestra auditada se detectaron un millón 981 mil 659 pesos correspondientes a dos estimaciones, formando parte de una bolsa de 14.5 millones de pesos en contratos bajo la misma irregularidad en la cuenta pública de 2024, correspondiente a Sidur.
Para el ISAF el hecho de ejercer presupuesto de diferentes años le otorga el carácter de multianual, y la falta de permisos legislativos previos vulnera el Decreto de Presupuesto de Egresos 2024.
La Sidur no pudo acreditar las autorizaciones legales al momento de la auditoría publicada el año pasado.
Sin embargo, para agosto de 2025 cuando el ISAF publicó el Informe Ciudadano correspondiente a esta cuenta pública y contrato, determinó que los resultados para entonces eran “satisfactorios”, a pesar de encontrar lo siguiente:
“Grietas en bancas, pisos y guarniciones, daños en algunos registros de las lámparas, reja caída, mesas y bancos circulares despostillados y material suelto en el pavimento, lo cual está solventado por el sujeto fiscalizado. Del mismo modo, se encontró el pago de trabajos no realizados, tales como parrillas empotrables eléctricas, banca de concreto aparente, mesas de pic nic, entre otros”.
El ajuste
No conformes con los 166 millones originales para JFN, S.A. de C.V, la gestión financiera de la obra permitió un ajuste.
La observación 2024AE223FN1010 reveló que firmó un convenio para incrementar el monto en 33.2 millones de pesos, exactamente un 25% más del contrato inicial.
Al momento de la auditoría no existía un dictamen técnico que lo avalara ni el soporte documental que fundamentara las causas del incremento ante el ISAF.
Dicha suma de anomalías contribuyó a que la Sidur recibiera un dictamen con salvedad, al indicar que su gestión financiera del año 2024 presentaba errores y omisiones significativas.
En Sonora, cuando el ISAF detecta irregularidades en sus auditorías no sanciona directamente a funcionarios o dependencias, las responsabilidades se canalizan hacia el Congreso del Estado y en casos específicos hacia la Secretaría de la Contraloría General y la Fiscalía Anticorrupción.
Este reportero contactó al ISAF para corroborar si la Sidur logró solventar las observaciones principales, así como la existencia de procedimientos legales derivados del análisis sobre La Sauceda.
“Una vez realizada una búsqueda exhaustiva en los archivos y bases de datos de este Instituto, se informa que no se promovieron procedimientos de responsabilidad administrativa, ni se impusieron sanciones en contra de servidores públicos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, derivado de las observaciones identificadas con los números 2024AE113FN0242 y 2024AE223OP1011”.
“El ente público atendió en tiempo y forma los requerimientos establecidos en las medidas de solventación correspondientes, quedando dichas observaciones solventadas”, confirmó José Enrique Haro Valdés, director General de Capital Humano y Transparencia del ente fiscalizador.
Supervisión fallida
Con el fin de asegurar que cada peso se invirtiera correctamente se contrató a CLAMI Ingenieros SC por 3.2 millones de pesos para realizar la supervisión externa y el control de calidad. En teoría ellos debían ser los “ojos”, en la práctica no fue así.
CLAMI es una pequeña empresa constructora de Hermosillo que también participó en tareas similares dentro del proyecto de rehabilitación del Mercado Municipal, entregado como obra concluida el año pasado tras una inversión inicial de 60 millones de pesos, que terminó al final con un sobrecosto del 94%, como se constató tras una revisión de las facturas obtenidas vía transparencia.
En el caso de La Sauceda esta compañía entregó expedientes incompletos, sin bitácoras de obra, sin planos actualizados y sin reportes de calidad, donde debía revisar cercos, instalación de adoquines y registros eléctricos, según las observaciones de fiscalización.
Esta negligencia detectada permitió que las deficiencias físicas de la obra pasaran como «terminadas» mientras el recurso público fluyó hacia los contratistas.
Visiones diferentes
Para Isabel Dorado Auz, dirigente de la asociación civil Ciudadanía Activa, la lucha por este espacio no ha terminado, lo que ha iniciado son diferencias con las autoridades involucradas.
“El Gobernador ha invertido más de 200 millones de pesos, pero le dio prioridad a la infraestructura de tipo comercial. O sea solo a espacios al aire libre, ojo destruyeron el que había previamente y construyeron uno nuevo. Le dio prioridad a los establecimientos de comida que están en el poniente y a los juegos”.
“Se supone que todo eso iba a generar recursos para crear el bosque que él anunció, pero si hubiese sido prioritaria la laguna verde el bosque urbano ya estuviera prácticamente desarrollado a plenitud”, consideró el actor civil.
De esa cantidad invertida el gobierno del Estado no le ha destinado ni 20 millones al área, lo cual equivale a que menos de un 10% en el presupuesto se destinó a la reforestación, estimó Dorado Auz, quien es maestro del Departamento de Matemáticas en la Universidad de Sonora.
Ciudadanía Activa inició su propio rescate en el parque en febrero de 2020, una primera tarea fue mitigar los riesgos de incendio en el predio donde se ubica ya que eran recurrentes a causa del zacate buffel.
Tras esta actividad los mismos integrantes empezaron a reforestar el lugar con árboles nativos, en el ínter Dorado Auz y la asociación civil establecieron un convenio con la Comisión Estatal de Concertación de Obra Pública para apuntalar la intervención ciudadana.
“Dicen que van a crear un bosque y lo que piensan es crear un parque, a ellos les interesa tener árboles para que den sombra no tener un bosque que proporcione el oxígeno suficiente para contrarrestar la enorme contaminación que hay en Hermosillo, pero también el bosque urbano sería para cubrir el déficit de más de un millón de árboles que la misma autoridad ha reconocido que existe (en la ciudad)”.
“Hay otro bosque de 3.8 hectáreas que creamos con ayuda del gobierno. Todo fue con el apoyo de un paisajista, el ingeniero Cristóbal Castillo. No era una situación que se nos ocurría, había un diseño. Ese bosque lo entregamos precioso, por alguna razón, la autoridad estatal lo abandonó, no le dio mantenimiento al riego por goteo”, lamentó Dorado Auz.
Las labores principales de paisajismo y reforestación en el parque fueron realizadas por la empresa Comercializadora Industrial del Noroeste, S.A. de C.V, que obtuvo dos contratos con valor de seis millones 425 mil 113.25 pesos en un par de licitaciones simplificadas correspondientes a 2025.
Pese a estar registrado que entregó la obra a Sidur en el tiempo pactado, la empresa y esta entidad de gobierno no publicaron avances en la plataforma online Obras Transparentes de Sonora.
Este reportero contactó vía correo electrónico oficial y mensaje directo en la red sociodigital X a la ingeniera Alejandra Castro Valencia, titular de Sidur. Ella firmó el contrato con Urbanizaciones Marana, pero no respondió al momento de publicar la historia.
También se estableció comunicación telefónica con Jesús Antonio Madrid del Río, director del Bosque Urbano La Sauceda.
“Desconozco los temas de obra pública e inversión, eso no me corresponde”, dijo el funcionario.
Para Isabel Dorado Auz, dirigente de la asociación civil Ciudadanía Activa, la lucha por este espacio no ha terminado, lo que ha iniciado son diferencias con las autoridades involucradas.
“El Gobernador ha invertido más de 200 millones de pesos, pero le dio prioridad a la infraestructura de tipo comercial. O sea solo a espacios al aire libre, ojo destruyeron el que había previamente y construyeron uno nuevo. Le dio prioridad a los establecimientos de comida que están en el poniente y a los juegos”.
“Se supone que todo eso iba a generar recursos para crear el bosque que él anunció, pero si hubiese sido prioritaria la laguna verde el bosque urbano ya estuviera prácticamente desarrollado a plenitud”, consideró el actor civil.
De esa cantidad invertida el gobierno del Estado no le ha destinado ni 20 millones al área, lo cual equivale a que menos de un 10% en el presupuesto se destinó a la reforestación, estimó Dorado Auz, quien es maestro del Departamento de Matemáticas en la Universidad de Sonora.
Ciudadanía Activa inició su propio rescate en el parque en febrero de 2020, una primera tarea fue mitigar los riesgos de incendio en el predio donde se ubica ya que eran recurrentes a causa del zacate buffel.
Tras esta actividad los mismos integrantes empezaron a reforestar el lugar con árboles nativos, en el ínter Dorado Auz y la asociación civil establecieron un convenio con la Comisión Estatal de Concertación de Obra Pública para apuntalar la intervención ciudadana.
“Dicen que van a crear un bosque y lo que piensan es crear un parque, a ellos les interesa tener árboles para que den sombra no tener un bosque que proporcione el oxígeno suficiente para contrarrestar la enorme contaminación que hay en Hermosillo, pero también el bosque urbano sería para cubrir el déficit de más de un millón de árboles que la misma autoridad ha reconocido que existe (en la ciudad)”.
“Hay otro bosque de 3.8 hectáreas que creamos con ayuda del gobierno. Todo fue con el apoyo de un paisajista, el ingeniero Cristóbal Castillo. No era una situación que se nos ocurría, había un diseño. Ese bosque lo entregamos precioso, por alguna razón, la autoridad estatal lo abandonó, no le dio mantenimiento al riego por goteo”, lamentó Dorado Auz.
Las labores principales de paisajismo y reforestación en el parque fueron realizadas por la empresa Comercializadora Industrial del Noroeste, S.A. de C.V, que obtuvo dos contratos con valor de seis millones 425 mil 113.25 pesos en un par de licitaciones simplificadas correspondientes a 2025.
Pese a estar registrado que entregó la obra a Sidur en el tiempo pactado, la empresa y esta entidad de gobierno no publicaron avances en la plataforma online Obras Transparentes de Sonora.
Este reportero contactó vía correo electrónico oficial y mensaje directo en la red sociodigital X a la ingeniera Alejandra Castro Valencia, titular de Sidur. Ella firmó el contrato con Urbanizaciones Marana, pero no respondió al momento de publicar la historia.
También se estableció comunicación telefónica con Jesús Antonio Madrid del Río, director del Bosque Urbano La Sauceda.
“Desconozco los temas de obra pública e inversión, eso no me corresponde”, dijo el funcionario.
Un poco de historia
Reportes periodísticos de la época y tesis publicadas en repositorios universitarios indican que La Sauceda fue inaugurada en 1994 como parte del proyecto Vado del Río, con una inversión de 230 millones de pesos, que hoy equivaldrían a diez veces esa cantidad por la inflación acumulada.
Desde un principio se construyó con varias instalaciones como Río Lento, Chapoteadero, Go karts, lanchitas choconas, cajas de bateo, un pequeño tren que circulaba alrededor del parque, golfito, albercas, juegos y el Museo La Burbuja, que tenía el propósito de educar a niños mediante experimentos científicos.
La escasez de agua en la ciudad se intensificó tras una década de su apertura y provocó que algunas instalaciones dejaran de estar disponibles para el público.
El parque cerró sus puertas a las familias en el año de 2012 derivado de un presunto embargo que realizó Hacienda Estatal debido a incumplimientos fiscales por parte del concesionario Carlos Armando Félix Castro, empresario responsable de La Sauceda desde su apertura durante la administración del entonces gobernador Manlio Fabio Beltrones.
A la par de estas situaciones el parque careció de presupuesto garantizado conforme pasó el tiempo.
El cierre definitivo ocurrió durante la administración estatal de Guillermo Padrés Elías.
En 2014, el alcalde de Hermosillo Alejandro López Caballero se comprometió a gestionar recursos para su reapertura.
Pese a lanzar una licitación pública a través de la Coordinación de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Ecología municipal, que derivó en la contratación de la empresa Proyecta Desarrollos de Hermosillo FJPP S.A. de C.V. por 49 millones de pesos, el proyecto de rehabilitación no arrojó resultados palpables.
Tras el abandono durante casi una década ciudadanos y ambientalistas locales armados con palas, picos e iniciativa realizaron labores de limpieza y reforestación en una zona del parque con el objetivo de recuperar lo que a la postre fue declarado como área natural protegida por decreto.
Fue hasta 2023 cuando se dio a conocer que el Gobierno de Sonora firmó un acuerdo con Banorte para comprar terrenos colindantes a La Sauceda, como el Cerro de la Cementera, y así iniciar una ampliación.
Lo pactado fue pagar un precio de 3.5 millones de pesos por 170 hectáreas con el objetivo de consolidar el proyecto del “Bosque Urbano La Sauceda”.
Con este convenio se amplió el parque de 50 a 220 hectáreas, para tratar de crear lo que es denominado como un “Chapultepec sonorense”, con espacios de ciclismo, senderismo, miradores y nuevas áreas reforestadas.
Números no cuadran
- Versión del Gobernador (Marzo 2026): Presume una inversión de 526 millones de pesos, 11 mil especies plantadas y el éxito de 500 mil visitas anuales.
- Realidad de transparencia: La respuesta oficial de la Dirección General de Ejecución de Obras (folio 1300493326000020) arroja una cifra autorizada total de 455 millones 249 mil 320.5 pesos.
- Brecha: Existe una discrepancia de 70.8 millones de pesos entre lo que el mandatario anunció y lo que las unidades de transparencia de los sujetos obligados tienen registrado como autorizado.
- Diferencia: Hay una diferencia entre los 455.24 millones de pesos autorizados como presupuesto para La Sauceda, desde 2022 a 2026, que contrasta con los 290.24 millones de pesos identificados en contratos ya otorgados por Sidur a constructoras y supervisores de obras.
- Monto observado para La Sauceda publicado por el ISAF en 2025: Se auditaron las estimaciones 1 y 2 por un importe de $1,981,659.
LOS CONTRATISTAS FAVORITOS
| Empresa | Monto total contratado | Número de contratos |
| JFN, S.A. de C.V. | $227,883,602.73 | 4 |
| IDI Desarrollos, S.A. de C.V. | $24,163,324.06 | 4 |
| Urbanizaciones Marana, S.A. de C.V. | $9,502,839.61 | 1 |
| Comercializadora Industrial del Noroeste, S.A. de C.V. | $11,179,052.89 | 3 |
| Comercializadora NGQC, S.A. de C.V. | $8,680,572.18 | 3 |
| Clami Ingenieros, S.C. | $4,449,723.86 | 2 |
| Gravar Armendáriz del Noroeste, S.A. de C.V. | $3,707,941.66 | 1 |
| Toca Ingenieros, S.C. | $395,069.09 | 1 |
| Ing. Jesús Ramón Blanco Rodríguez | $285,916.95 | 1 |
| TOTAL | $290,248,043.03 |
| Resumen por año | Cantidades |
| 2021: | $0.00 (Sin presupuesto asignado) |
| 2022: | $62,640.00 |
| 2023: | $7,537,989.89 |
| 2024: | $182,181,751.24 |
| 2025: | $124,651,903.25 |
| SUMA TOTAL ACUMULADA: | $455,249,320.53 |
Fuente: Solicitudes de acceso a la información
Línea del tiempo La Sauceda (1994–2026)
- 1994: Inauguración como parte del proyecto Vado del Río, con una inversión de 230 millones de pesos. Se convierte en un ícono recreativo con juegos mecánicos, minigolf y mundo acuático, en una época que no estaba marcada por la sequía prolongada en Hermosillo.
- 2000-2010: Falta de continuidad administrativa y mantenimiento, inicia el deterioro progresivo de las instalaciones, acompañado por una sequía continúa en Sonora.
- 2012: Cierre del espacio durante el gobierno de Guillermo Padrés Elías marca el punto más crítico del abandono tras un embargo fiscal.
- 2014–2015: El alcalde Alejandro López Caballero anuncia fondos por 50 millones de pesos para rescatarlo, pese a una licitación las labores de rehabilitación ejecutadas por una empresa contratada por CIDUE nunca fueron exitosas y esto aumentó la desconfianza ciudadana.
- 2015–2020: ciudadanos y organizaciones civiles organizan limpiezas, reforestaciones y rescates de áreas verdes. Mantienen viva la memoria del parque pese al abandono oficial.
- 2020: Se lanza una campaña desde Facebook para recolectar recursos vía transferencia bancaria, evitar el cierre del Museo La Burbuja, sin embargo no tiene éxito.
- 2021-2023: El gobernador Alfonso Durazo menciona de forma recurrente en informes de gobierno y apariciones públicas que inicia una primera etapa de rescate de La Sauceda, con 100 millones de pesos para aperturar el parque en diciembre de 2023.
- 2024: Arranque del proyecto integral de rehabilitación con inversión inicial de 150 millones de pesos. Se plantea modelo autosustentable en tres fases.
- 2025 (enero): Primera etapa, foro al aire libre con capacidad para 7,000 personas, lago renovado, áreas infantiles y comerciales. Inversión cercana a 200 millones de pesos. Reapertura parcial como pulmón verde.
- 2025 (junio): Auditoría del ISAF detecta irregularidades en la obra de rehabilitación. Se reporta 25% de sobrecosto, conceptos pagados no ejecutados, deficiencias técnicas y posible daño patrimonial. Señala corrupción y fallas en la rehabilitación.
- 2026 (marzo): Inicio de la segunda etapa: ampliación de áreas verdes, alumbrado solar, infraestructura cultural y recreativa. La Sauceda busca ser posicionada como referente urbano y cultural, basado en el modelo del Parque de Chapultepec.
- 2026 (Mayo): Aparece funcionaria del DIF como socia de la constructora que rehabilita el Museo La Burbuja, vinculado al proyecto de La Sauceda. Genera polémica por conflicto de interés y cuestiona la transparencia del proceso.
CONTRATOS
SIDUR-ED-25-173 | Objeto: Rehabilitación De Museo La Burbuja, Ubicado En El Bosque Urbano “La Sauceda” (Primera Etapa), En La Localidad Y Municipio De Hermosillo, Sonora
https://panelobras.sonora.gob.mx//files/11017/EXPEDIENTE/5/sidur-ed-25-173_3793476513860519850.pdf
SIDUR-ED-25-012 | Objeto: Paisajismo Y Reforestación Urbana En El Área Oriente Del Parque «La Sauceda», En La Localidad Y Municipio De Hermosillo, Sonora.
https://panelobras.sonora.gob.mx//files/10924/EXPEDIENTE/5/sidur-ed-25-012_871506460812391515.pdf
SIDUR-ED-25-011 | Objeto: Paisajismo Y Reforestación Urbana En El Área Poniente Del Parque «La Sauceda», En La Localidad Y Municipio De Hermosillo, Sonora
https://panelobras.sonora.gob.mx//files/10923/EXPEDIENTE/5/sidur-ed-25-011_3113586936988337110.pdf
