Por. J. Jesús Lemus
El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, ha dejado el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI) en el estado de Morelos tras casi seis años de reclusión. Un juez federal dictó su absolución por el delito de delincuencia organizada, el último cargo penal que lo mantenía formalmente tras las rejas de un penal de máxima seguridad.
Sin embargo, esto no significa que el exmandatario haya quedado en libertad absoluta. Borge Angulo continuará enfrentando sus cuentas pendientes con la justicia bajo la medida de prisión domiciliaria en el Estado de México, portando un brazalete electrónico y con estrictas restricciones de movilidad.
Para entender cómo llegó a este punto, es necesario desmenuzar las acusaciones que la Fiscalía General de la República (FGR), entonces PGR y las autoridades locales sostuvieron en su contra desde su detención en Panamá en 2017:
La acusación central de la FGR señalaba a Borge como la cabeza de una red delictiva dedicada a rematar ilegalmente 22 inmuebles de alta plusvalía pertenecientes al patrimonio del Estado, especialmente a través de la empresa paraestatal VIP Saesa.
Un juez federal determinó que la Fiscalía no logró aportar las pruebas suficientes para demostrar la existencia de esta estructura criminal bajo la figura de delincuencia organizada. Por este motivo, se le decretó auto de libertad por esta causa penal específica.
Aunque libró el cargo de delincuencia organizada, Borge sigue formalmente vinculado a proceso a nivel federal por presunto lavado de dinero, ligado a un desvío estimado en más de 167 millones de pesos mediante contratos de compraventa de inmuebles.
Al haber obtenido previamente un cambio de medida cautelar para este juicio en diciembre de 2023, la absolución del cargo anterior activó automáticamente su derecho a pasar a prisión domiciliaria por esta causa. Si es declarado culpable en el futuro, este delito contempla penas de hasta 15 años de cárcel.
A nivel local en Quintana Roo, el priista acumuló acusaciones por desvío de recursos públicos, peculado y aprovechamiento ilícito del poder. Adicionalmente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene embargadas diversas propiedades de lujo del exgobernador debido a un millonario adeudo fiscal pendiente.
La salida de Roberto Borge del penal de Morelos no representa una exoneración total, sino un repliegue estratégico en el tablero judicial. El caso pasa de las celdas federales al confinamiento residencial custodiado, dejando en evidencia las dificultades técnicas de la FGR para sostener las imputaciones de crimen organizado contra exmandatarios.
