Por. J. Jesús Lemus
La consigna oficial que emana desde el Palacio de Gobierno en Hermosillo es de prosperidad y pacificación. El gobernador Alfonso Durazo ha insistido públicamente en que la minería ha crecido a tasas superiores al 6% y que los índices delictivos van a la baja en la entidad. Sin embargo, si uno se adentra en las sinuosas carreteras que llevan a los límites de la Sierra y el desierto, la realidad que relatan ejidatarios, comuneros y defensores de la tierra contradice por completo el discurso oficial.
En las regiones mineras de Sonora —como Caborca, Sahuaripa, Nacozari, Yécora y el convulso ejido El Bajío— el avance de la industria extractiva avanza al mismo ritmo que las balas, configurando un fenómeno alarmante: el desplazamiento forzado de comunidades enteras para abrir paso al saqueo de recursos.
Para comprender el mapa de la violencia actual en Sonora, es necesario abandonar la narrativa gubernamental que reduce todo a simples “enfrentamientos entre bandas rivales”. Investigaciones comunitarias y reportes de organizaciones internacionales —como el reciente informe de Global Initiative Against Transnational Organized Crime— revelan un entramado mucho más complejo.
El patrón denunciado sistemáticamente por los pobladores rurales se repite con precisión matemática: Células armadas vinculadas a facciones del Cártel de Sinaloa, como Los Chapitos o Los Salazar, o al Cártel de Caborca irrumpen en pueblos y ejidos ricos en oro, plata, cobre o litio.
Se desatan balaceras cotidianas, secuestros y asesinatos selectivos de líderes ejidales que se oponen a la explotación de sus tierras. Las familias ganaderas y agrícolas abandonan sus hogares, dejando pueblos fantasmas con casas baleadas y tierras desiertas.
Una vez que la población huye, las corporaciones privadas o explotaciones mineras de gran escala avanzan sobre la tierra libre de resistencia social.
“No vienen solo por la droga, vienen por lo que está debajo de la tierra. Si nos quedamos, nos matan; si nos vamos, la mina se extiende sin que nadie les firme un papel”, relata bajo condición de anonimato José Luis un ejidatario desplazado de la zona serrana.
La principal sospecha que pesa sobre la administración de Alfonso Durazo es la omisión sistemática del aparato de seguridad pública para frenar este despojo. Mientras Durazo fungía como Secretario de Seguridad Federal a nivel nacional, se creó la cuestionada Policía Minera, una división de la Guardia Nacional dedicada exclusivamente a resguardar los perímetros de las corporaciones privadas.
Ejidatarios del norte de Sonora han denunciado públicamente que el gobernador mantiene una línea de continuidad que beneficia a las grandes élites económicas y consorcios internacionales en detrimento de la propiedad social de la tierra.
Analistas de seguridad apuntan a que los cárteles operan en muchas ocasiones como brazos paramilitares que asumen el “trabajo sucio” que las empresas mineras legítimas no pueden hacer legalmente: limpiar el territorio de oposición civil.
A cambio, los grupos criminales obtienen jugosos contratos de protección, control de la seguridad privada, derecho de cobro de piso o, en casos más extremos, la entrega de minas ilegales —como las documentadas en zonas como La Ciénega— donde operan con total impunidad extrayendo kilos de oro diarios custodiados por ejércitos de sicarios.
El caso del Ejido El Bajío, en el municipio de Caborca, es, quizás, el testimonio más sangriento de esta simbiosis. Durante años, los ejidatarios sostuvieron una férrea batalla legal contra poderosas empresas mineras que extraían oro ilegalmente de sus tierras colectivas. A pesar de haber ganado decenas de sentencias judiciales a su favor que ordenaban la restitución del territorio y la indemnización de los daños ambientales, la respuesta en el terreno no fue la justicia, sino el plomo.
Bajo la actual administración estatal, el saldo para El Bajío ha sido devastador: homicidios de líderes comunitarios, desapariciones forzadas y una persecución constante que ha obligado a los representantes ejidales a vivir en la clandestinidad.
El gobierno del estado ha argumentado recientemente la “recuperación” de minas y ranchos en manos del crimen organizado, pero las comunidades denuncian que estas intervenciones policiales solo ocurren cuando los intereses de los grandes corporativos se ven afectados, nunca para proteger la propiedad ejidal.
El balance de la gestión minera en el Sonora de Alfonso Durazo muestra dos caras irreconciliables. Por un lado, las cifras macroeconómicas que celebran la atracción de inversión extranjera y el éxito del Plan Sonora. Por el otro, el mapa del dolor humano: miles de sonorenses expulsados de sus tierras ancestrales, una soberanía ejidal herida de muerte y un control territorial compartido entre el Estado, las multinacionales de la extracción y los fusiles del narcotráfico.
