Por. J. Jesús Lemus
Al activista Antonio Esteban Cruz, del municipio de Cuetzalan, en la Sierra norte de Puebla, lo mató la lucha por la defensa de la tierra. Lo dieron cuatro tiros por la movilización que organizó en su región, al oponerse a que se instalara una mina a cielo abierto y a la construcción de cuatro hidroeléctricas con las que además se pretende la privatización del agua.
Su lucha no sólo fue contra la explotación irracional del subsuelo; se dedicó a evitar a toda costa la destrucción de la Sierra norte de Puebla, que empresas como la Compañía Minera Autlán, Minas Santa Martha y Grupo Ferrominero pretenden. Luchó contra el proceso del fracking, la técnica para la extracción hidráulica de gas y petróleo, de lo que se sabe rica esa parte de la Sierra Madre Oriental, entre Puebla y Veracruz.
En esa parte del país siguen en marcha los proyectos denominados Atexcaco I y II y Macuilquila, para los que se anunció una inversión de más de 4 mil millones de dólares a fin de explotar la zona por lo menos 60 años, sin importar las afectaciones a la tierra ni el desplazamiento de la población de 90 localidades originarias que viven de la explotación racional de los recursos naturales y la ganadería.
Antonio Esteban Cruz encabezaba el movimiento de resistencia contra las mineras. Enarbolaba la inconformidad de los vecinos de las regiones de Cuetzalan, Yaonáhuac e Ixtacamaxtitlán, las que desde que se supo de esos proyectos expresaron su repudio a los consorcios mineros y a las autoridades federal, estatal y municipal, que avalaron la explotación. Por eso lo mataron.
La principal denuncia que hizo el líder comunal fue contra la construcción de cuatro plantas hidroeléctricas, las que suministrarán la energía para la operación del complejo minero de Ixtacamaxtitlán. El proyecto es del grupo ICA, fundado en 1947 por Bernardo quintana Arrioja y que con la inyección de capital de Carlos Slim hoy tiene concesionado casi 43% de la obra pública del gobierno federal.
Estos cuatro proyectos pretenden la privatización del cauce del río Apulco, en un tramo de más de 26 kilómetros, lo que dejaría sin agua al río Tecolutla, en el norte de Veracruz, y afectaría la vida de por lo menos 29 comunidades rurales.
Otra vertiente de la lucha del activista asesinado el 4 de junio de 2014 fue su oposición a la instalación de tiendas corporativas, como Coppel y Wal-Mart, las que, consideró en su momento, “atentan contra las formas ancestrales de intercambio y cultura de los pueblos indígenas, y acaban con los pequeños vendedores y con la producción local”. Por eso fue el principal promotor de la insurgencia civil, la que se alzó contra las grandes corporaciones empresariales, a las que encaró con una resistencia pacífica fincada en la denuncia social y plantones frente a las sedes de los tres órganos de gobierno que en Puebla respaldan esos proyectos.
Eso le costó la vida a Antonio Esteban Cruz, pues tuvo la “osadía” de institucionalizar su protesta al formar el Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular (miocup), donde agrupó a las voces inconformes, casi 12 mil personas, frente a los proyectos extractivos que él mismo calificó como “proyectos de muerte”.
no estaba errado en la calificación que dio a los proyectos extractivos contra los que se alzó desde los municipios de Cuetzalan y Ayotoxco. de acuerdo con la información contenida en el expediente de su homicidio, integrado en la Fiscalía de General del Estado de Puebla, el principal móvil de su asesinato fue la lucha de oposición que mantuvo contra los corporativos que recibieron la concesión federal para la explotación del subsuelo de la zona.
La mañana del 4 de junio de 2014, cuando Antonio Esteban Cruz cruzaba el predio denominado María Cristina, en el municipio de Cuetzalan, fue asesinado de cuatro balazos. Se supo después que sus agresores ya lo esperaban. desde tres semanas antes él había recibido amenazas de muerte, al negarse a pactar con autoridades del orden municipal para que cesaran las protestas.
desde hacía meses la movilización de Antonio ya era molesta para los promotores de los proyectos mineros. En marzo de 2014 promovió el primer foro indígena y campesino Por la defensa de la Tierra y El Territorio, que se realizó en Cuetzalan con la participación de casi 200 representantes de otras comunidades del país y de Centroamérica que también luchan contra la presencia de mineras en sus suelos.
A partir de ese encuentro se formó una organización internacional para encarar la presencia de las empresas mineras en suelos indígenas. Sumó una movilización en todo Mesoamérica para reclamar a los gobiernos federales de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y nicaragua la participación y consulta de los pueblos indígenas antes de otorgar concesiones mineras, de extracción de agua o generación de energía en sus regiones.
Y logró el respaldo de la Coordinadora nacional Plan de Ayala-Movimiento nacional (cnpa-mn), en el que también están organizaciones como la Asociación para el desarrollo Integral de las Comunidades y Colonias de Oaxaca (adicc), el Bloque Popular 29 de junio de Coahuila (bp-29), la Federación Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos de Hidalgo (fioac), la Federación Independiente del Valle de Zumpango del Estado de México (Fivaz), el Movimiento Social Independiente de Veracruz (Mosiv), el Movimiento Campesino Regional Independiente de Chiapas (Mocri), la Organización Campesina Independiente de Oaxaca (ocio) y la Unión de Comunidades Indígenas Cien Años de Soledad de Oaxaca (uci-100).
La fuerza que estaba concentrando Antonio Esteban Cruz en torno a la lucha contra los proyectos extractivos de la Sierra norte de Puebla, se perfilaba como una de las más importantes del continente; el número de agremiados, dentro de la naciente agrupación por la defensa de la tierra y el territorio, se estimaba en poco más de 36 mil, sólo de las organizaciones con presencia en México. A ello se agregaba la participación de las organizaciones defensoras del suelo de los países centroamericanos.
Tras la celebración del encuentro Por la defensa de la Tierra y el Territorio, Antonio Esteban Cruz también logró el respaldo de organizaciones como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el Consejo Internacional de Tratados Indios de Centroamérica (citi) y la Coordinadora nacional Indígena y Campesina de Guatemala (Conic), todas con vertientes en la lucha contra los proyectos extractivos y por el derecho de los pueblos naturales a la propiedad del agua, bosques y suelo.
Entre las organizaciones que le brindaron respaldo para su cruzada contra las trasnacionales y los proyectos extractivos en el norte de Puebla, también estaba el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (copinh), fundado en 1993 por la activista Berta Cáceres para defender los derechos al territorio del pueblo lenca, también desangrado por los proyectos de los consorcios mineros internacionales.
