Por. J. Jesús Lemus
Berta Cáceres corrió la misma suerte que Antonio Esteban Cruz. Ella fue asesinada el 3 de marzo de 2016. Al menos cuatro hombres armados ingresaron a su domicilio, en la localidad de Intibucá, para ejecutarla. La activista había tocado intereses económicos importantes al frenar proyectos madereros y de explotación irracional del suelo, que afectaban al suministro de agua y alimentos a las comunidades indígenas en Honduras.
La lucha que la distinguió fue contra la empresa desarrollo Energético S. A. (desa), a la que le logró frenar, entre otros, el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, en la zona noroccidental de Honduras, entre los departamentos de Intibucá y Santa Bárbara, a escasos kilómetros de la Reserva natural de Vida Silvestre Montaña Verde. El proyecto frenado por Berta Cáceres —cinco meses antes de su asesinato— pretendía la privatización del río Gualcarque, un afluente sagrado para la comunidad indígena lenca, que tiene raíces culturales mayas, cuya cosmogonía refiere que es allí el espacio donde habitan los espíritus de las niñas indígenas, un sitio que fue legado por el cacique Lempira, el defensor de los territorios indígenas frente a la colonización española.
desa subcontrató a las firmas Sinohydro, de capital chino, y Voith Hydro Holding GmbH & Co. y KG, de capital alemán; nunca consultó al pueblo lenca para la ejecución del proyecto. Tras lograr la concesión del gobierno de Honduras se dispuso a iniciar los trabajos, para los cuales anunció una inversión de 24.4 millones de dólares, aportados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (bcie).
La primera en desistir de su intervención en los trabajos de la represa fue Sinohydro, que reculó tras enfrentarse a los primeros señalamientos por parte del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares de Honduras, que denunció la invasión de suelo indígena.
Eso hizo que el bcie, tras evaluar el conflicto, dejara de financiar el proyecto, y obligó a desa al pago de los recursos entregados, aun cuando el préstamo se había pactado a un plazo de 10 años. Así, el consorcio entró en crisis financiera y se vio obligado a la cancelación temporal del proyecto, hecho que se consideró un triunfo de la organización encabezada por Berta Cáceres. Por eso comenzó a recibir amenazas de muerte.
Pero el proyecto de la planta hidroeléctrica de Agua Zarca no fue sepultado. dos años después de que Sinohydro y Voith Hydro Holding GmbH & Co fueran subcontratadas, desa retomó el plan, ahora financiado por organizaciones como el Fondo de desarrollo de los Países Bajos (fmo) y el Banco Holandés, que aportó 15 millones de dólares para las obras. El Finnish Fund For Industrial Cooperation Ltd. (Finnfund) puso cinco millones de dólares y las empresas Siemens y Voith Hydro, de Alemania, también recapitalizaron con 14 millones de dólares a desa.
Berta Cáceres volvió a denunciar no sólo el reinicio de los trabajos de la hidroeléctrica sino que documentó el plan invasor en suelo indígena por parte de desa, a la que le pudo encontrar al menos 40 proyectos de uso ilegal del suelo, de agua y la tierra, que afectaban al pueblo lenca. En algunos de esos proyectos estaba la mano financiera del gobierno de Estados Unidos, a través del usaid, el proyecto estadounidense para promover el comercio y los agronegocios en Centroamérica.
Otra fuente financiera para desa fue la participación del Banco Interamericano de desarrollo (bid), pero el mayor aporte económico vino de Canadá, mediante el proyecto Profile, que tiene dinero del Fondo Climático Canadiense para el Sector Privado de las Américas.
El replanteamiento del proyecto Agua Zarca, una vez que desa logró recapitalizarse, ya no se limitó a la ejecución de la obra sólo en el cauce del rio Gualcarque, sino que extendió su dominio hacia los afluentes río Blanco y río Guinse, también dentro del territorio del pueblo lenca, que afectaría a las poblaciones —mayoritariamente indígenas— de Opalaca, Intibucá y Santa Bárbara, en donde se hizo evidente una estrategia de terrorismo contra los defensores del suelo y de los derechos de los pueblos indígenas.
desa comenzó a contratar como guardias de los predios donde pretende construir la hidroeléctrica, a ex militares y sicarios a quienes armó, con respaldo del gobierno de Honduras, el cual les proporcionó armas de grueso calibre para la seguridad de las instalaciones. Al frente del grupo paramilitar Tigres, que integró desa con al menos 200 efectivos, fue designado Jorge Ávila, un ex militar al que se le atribuye el asesinato de Bernardo Pérez, otro activista contra los proyectos extractivos en ese país.
Fue precisamente un comando del grupo Tigres el que dio muerte a Berta Cáceres. Ella ya había denunciado las amenazas en su contra. Un año antes de su ejecución, cuando recibió en Washington el premio Goldman por su defensa del medio ambiente, sus palabras advertían: “Me siguen, me amenazan con matarme, con secuestrarme. Amenazan a mi familia. Esto es a lo que nos enfrentamos”.
de poco sirvieron la denuncia y las medidas cautelares que le otorgó la cidh: a las 01:00 horas del 4 de marzo de 2016 un comando ingresó a su domicilio, donde estaba reunida con el mexicano y también defensor de los territorios indígenas Gustavo Castro, con quien definía estrategias de lucha contra los megaproyectos en Honduras y México.
Los hombres que ingresaron a su casa, en la colonia El Líbano de la comunidad de La Esperanza, en la municipalidad de Intibucá, fueron directamente contra ella. Le dieron tres disparos, uno de ellos en la cabeza, mientras que a su acompañante le dispararon en el pecho, dándolo por muerto. después abandonaron el lugar a bordo de un automóvil que —se supo luego— era propiedad de Desa.
La participación de desa en el homicidio de Cáceres quedó evidenciada tras la detención de sus agresores; por la presión de grupos internacionales de derechos humanos, dos meses después de los hechos la policía hondureña ubicó y detuvo como asesinos de la luchadora social a Sergio Ramón Rodríguez, un ingeniero que trabajaba en la represa Agua Zarca; douglas Geovanny Bustillo, un militar retirado y responsable de la unidad de seguridad de desa; Mariano díaz Chávez, ex militar, miembro del grupo Tigres; y Edison Atilio duarte Mesa, integrante de las fuerzas armadas de Honduras.
El asesinato de Berta Cáceres no fue el último que cobró el proyecto de Agua Zarca. Al menos otros cinco luchadores sociales hondureños han muerto en condiciones extrañas, y las primeras líneas de investigación apuntan a la lucha de resistencia que mantuvieron contra las empresas mineras y las desarrolladoras de energías renovables, todas financiadas por el fondo Profile, de Canadá.
Es precisamente este fondo económico el que financia en México a por lo menos 18 empresas mineras de Canadá, que tienen el control de 70% de los proyectos extractivos de oro y plata, en cuyas inmediaciones se ha registrado el mayor número de asesinatos de defensores de la tierra y líderes de comunidades indígenas.
