Por. J. Jesús Lemus
De acuerdo con la Secretaría de Economía, más de 85% de los proyectos mineros en el país están concesionados directamente a empresas de capital canadiense o en su defecto, a mexicanas con participación de alguna de las mineras internacionales financiadas por el gobierno de Canadá.
En los últimos 25 años el gobierno federal ha entregado títulos de concesión de explotación minera sobre 22 millones 313 mil 941.19 hectáreas, lo que representa la cuarta parte del territorio nacional; la mayor cantidad de títulos de explotación minera se dieron entre 2003 y 2004.
Sólo en el sexenio de Vicente Fox se entregó en concesión 60% de los 22 millones 313 mil 941.19 hectáreas que se exploran o explotan en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Puebla. Felipe Calderón Hinojosa puso prácticamente en venta el territorio de Michoacán, su estado natal, donde fueron más de un millón 278 mil 445 hectáreas las cedidas a las trasnacionales para la extracción de hierro, oro, plata y cobre.
México es el país más flexible del mundo para la entrega de concesiones mineras a empresas extranjeras; de las 25 mil 425 concesiones de exploración y extracción de minerales que desde 1993 ha entregado el gobierno mexicano, 97% ha sido para empresas trasnacionales, que sólo necesitan una participación mínima de alguna empresa mexicana o un representante legal mexicano.
Eso es lo que ha hecho que nuestro país se coloque a la cabeza en la actividad minera del mundo en cuanto a entrega de los recursos de su subsuelo a la iniciativa privada, lo que ha empujado al alza la devastación ambiental y la violencia contra los pueblos naturales. En número y volúmenes de extracción, la cantidad de minas que operan en México, sólo en el renglón de oro y plata, supera por mucho los proyectos extractivos que se ejecutan actualmente en Guatemala, Perú, Rumania, Filipinas, Honduras, Ecuador, Bolivia, Ghana, Surinam, la República democrática del Congo, Papúa nueva Guinea, Tanzania, India, Indonesia, Zambia y Sudán, donde también son las mineras de capital canadiense las que tienen el predominio de la explotación.
La principal razón por la que se ha dado el crecimiento de las empresas mineras trasnacionales en México, es que la legislación se flexibilizó después de la entrada en vigor del tlcan. Allí se eliminó la normatividad que exigía que para que una empresa extranjera operara en México se requería la asociación con un capital nacional en una proporción de 49 por 51 por ciento.
Dicha flexibilidad ha hecho posible que a la fecha existan mil 488 proyectos mineros de gran envergadura, sobre una superficie de más de 57 millones de hectáreas, de los que al menos 309 se encuentran en fase de exploración, 958 ya están en producción, 138 se ubican como proyectos en desarrollo y otros 83 se encuentran en aplazamiento, como resultado de los conflictos sociales que han generado.
De los mil 488 proyectos mineros que oficialmente se reconocen en México, al menos mil 49 son ejecutados por empresas canadienses solas o en alianza con empresas mexicanas, otros 292 son por parte de mineras de Estados Unidos, 59 son de empresas chinas, 45 más están a cargo de empresas inglesas, 21 son de australianas, ocho de empresas de Japón, otras seis de Corea del Sur, una suiza, una de Luxemburgo, una de Chile, tres de la India, una de Italia, una de Holanda y otra de una minera de Perú.
En suma son 26 los estados de México que tienen actividad minera concesionada, donde se ha generado un desplazamiento humano forzado sin precedente hacia otras partes del país, por la violación al derecho de la propiedad del suelo y los efectos devastadores al medio ambiente. En estas 26 entidades la violencia que generan las mineras contra los pobladores va en constante aumento ante la mirada preocupada de los organismos internaciones de protección de los derechos humanos.
Los estados con mayor cantidad de conflictos sociales graves son Sonora, con 163 puntos de disputa; Chihuahua, con 101 sitios en conflicto; durango tiene 73; Sinaloa también registra 73; Zacatecas, 52; Jalisco, 39; Oaxaca tiene 31 minas que ocasionan conflictos; Baja California, 16; nayarit, 15; Guerrero, 14; Guanajuato tiene 10; Michoacán, 13; San Luis Potosí tiene 11; Chiapas, nueve; Coahuila, ocho; el Estado de México, siete; Puebla, seis; nuevo León, seis; querétaro tiene cuatro; Baja California Sur, ocho; Colima, seis; Tamaulipas, tres; Hidalgo también tiene tres; Morelos, dos; y Veracruz, uno.
En todos estos sitios las mineras trasnacionales han aplicado, de manera casi generalizada, como lo hizo desa en Honduras, la misma técnica de hostigamiento y persecución a los líderes comunales defensores del suelo, a quienes se persigue, intimida y agrede mediante los grupos de seguridad privada con respaldo de células del crimen organizado.
La persecución ha sido sistemática. A muchos líderes se les ha ejecutado, pero a otros se les mantiene en prisión, luego de haber denunciado el robo de las tierras y los efectos contaminantes de la actividad minera y de proyectos paralelos como plantas de generación de energía, represas, complejos industriales y carreteras.
Uno de los ejemplos de robo del suelo a los pueblos naturales, junto con efectos contaminantes es el de la Minera San Xavier, en San Luis Potosí; la canadiense new Goldcorp ofreció una derrama económica a favor de la población local por más de 26 millones de dólares a cambio de permitir una mina de tajo a cielo abierto en el cerro de San Pedro.
A la fecha ese beneficio económico no se ha cumplido, pero el cerro —que es icono del estado de San Luis Potosí y está en el escudo de armas de la entidad— ha sido casi destruido y convertido en un foco de contaminación permanente, por las más de 16 toneladas diarias de cianuro de sodio que se vierten en 32 millones de litros de agua para la lixiviación de los metales.
Sumado al alto impacto ecológico que ha pasado por alto el gobierno federal, la Minera San Xavier también ha devastado la zona histórica local: más de 340 inmuebles, considerados monumentos arquitectónicos de los siglos xvi al xix, aledaños al cerro, han sido destruidos o dañados por las explosiones de dinamita, mediante las cuales se avanza en la extracción de minerales.
El caso de la Minera San Xavier es sólo uno de los cientos en el país; un centenar de organizaciones civiles ha denunciado sin éxito la forma sistemática en la que operan las compañías extractivas, que con el respaldo del Estado han empujado a cientos de comunidades al desplazamiento forzado o a soportar el trato violatorio a sus derechos humanos fundamentales.
La onu tiene conocimiento de lo que sucede en México en relación con los “proyectos de muerte”, pero en realidad poco ha podido hacer ante la ferocidad del capital, que sigue prevaleciendo como eje rector en el mal diseñado proyecto mexicano de desarrollo. El organismo internacional no ha podido intervenir para frenar estos proyecto que atentan contra la población, pese a que las evidencias son muchas en torno a los patrones de violaciones y abusos de las empresas extractivas, del sector energético, de la construcción, la agroindustria y la maquila, como lo reconoció el Grupo de Trabajo sobre Empresas y derechos Humanos de la onu, tras una visita oficial de observación que se verificó del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016.
Tras esa visita, la onu reconoció que nuestro país atraviesa por una crisis generalizada en materia de derechos humanos. Puso en relieve las recurrentes violaciones en que incurren las empresas que gozan de una concesión del gobierno federal para la explotación del subsuelo —en la mayoría de los casos con oposición de los dueños naturales del suelo—, las que recurren con frecuencia a prácticas de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas para evitar que sus proyectos sean frenados.
Ese es uno de los factores que ha empujado al alza los niveles críticos de violencia, inseguridad e impunidad que se manifiestan en las principales zonas mineras del país, donde el control de la justicia y las decisiones gubernamentales son dictados por las empresas mineras. Eso hace que regularmente choquen los esfuerzos legislativos y las políticas públicas que se promueven para alcanzar la equidad social.
