Por. J. Jesús Lemus
La razón por la que la Ciudad de México se considera como un santuario para la preservación del periodismo, es simple: aquí es donde las organizaciones oficiales y no gubernamentales -que trabajan por la defensa de los derechos de periodistas- mantienen sus albergues y casas de protección para los comunicadores en riesgo. La Ciudad Santuario en que se ha convertido la capital del país, no es porque en ella no se hagan presentes los factores de riesgo para los periodistas y el periodismo, los que se manifiestan latentes, solo que se diluyen por la densidad demográfica y por el bajo perfil que asumen naturalmente los comunicadores desplazados, lo que no siempre es una garantía para el periodista en riesgo.
El ejemplo más claro de esto es el de Rubén Espinosa Becerril, un periodista que por amenazas de muerte salió huyendo de Xalapa, Veracruz. Se refugió en la Ciudad de México, cobijado por el Mecanismo Federal de Protección de Periodistas, pero a pesar de ello fue asesinado entre la noche del 31 de julio y la madrugada del 1 de agosto del 2015. Su cuerpo fue encontrado dos días después, con un balazo en la cabeza y visibles huellas de tortura. Junto con Rubén Espinosa, también fueron asesinadas cuatro mujeres, Mile Virginia Martín, Alejandra Navarrete, Yesenia Quiroz y Nadia Vera, las que vivían en el mismo departamento que ocupaba el periodista, el 401 del edificio 1909 de la calle Luz Saviñón, en la colonia Narvarte.
Las investigaciones del “Caso Narvarte”, como se conoció el episodio en donde murió Rubén Espinosa, no se salieron ni un ápice del guión prestablecido por las autoridades ministeriales que llegan a conocer de homicidios de comunicadores: en primera instancia las cinco víctimas fueron criminalizadas. A Rubén Espinosa se le intentó despojar de su condición de periodista. Se aseguró que el homicidio no había sido en función de su trabajo, y se dijo, por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), entonces a cargo de Rodolfo Ríos Garza, que el robo como móvil del asesinato era la principal línea de investigación, sin descartar ninguna línea de averiguación.
Las versiones filtradas a los medios de comunicación, utilizando para ello a reporteros allegados a la fuente de la PGJDF, indicaron inicialmente que el múltiple homicidio no tenía nada que ver con la labor periodística de Rubén Espinosa, incluso se trató de colocar al periodista y a otras tres de las mujeres ejecutadas, como víctimas colaterales de una venganza personal dirigida contra Mile Virginia Martín, otra de las allí asesinadas. La PGJDF inicialmente no consideró que Rubén Espinosa era un perseguido por su labor de activista y periodista que lo distinguió en Veracruz, durante el régimen del gobernador Javier Duarte de Ochoa.
Hasta finales del 2019, pese a que la PGJDF ya había logrado la captura de José Abraham Torres Tranquilino, Cesar Omar Martínez Zendejas y Daniel Pacheco Gutiérrez, como responsables del multihomicidio, las investigaciones del “Caso Narvarte” se encontraban empantanadas y sin avance, en términos de la averiguación con relación a la línea del trabajo periodístico de Rubén Espinosa como móvil del asesinato. Para la PGJDF el caso está cerrado, luego que la juez 25 de lo Penal, radicada en el complejo penitenciario del Reclusorio Preventivo Oriente dictó sentencia condenatoria de 315 años de prisión a José Abraham Torres Tranquilino, y se estaba la espera de la sentencia contra los otros dos implicados.
La supuesta resolución del caso no ha dejado satisfechos a familiares y abogados de las víctimas, toda vez que las investigaciones que se manejaron fueron bajo la hipótesis del robo como móvil de los asesinatos, sin considerar el trabajo periodístico de Rubén Espinosa, ni la labor activista de Nadia Vera, quienes fueron incomodos para la administración del gobierno de Javier Duarte de Veracruz, por cuya razón tuvieron que salir del estado y refugiarse en la Ciudad de México, con la esperanza de mantenerse a salvo y continuar con sus labores de denuncia, lo que finalmente ya no fue.
No sobra decir que Rubén Espinosa además de ser víctima de la persecución y el destierro al que lo llevaron las intimidaciones que él mismo reconoció vinieron del gobierno de Veracruz, también lo cercó la precariedad; después de dejar Veracruz luego de la difusión de un fotografía que retrataba la mirada desquiciada del gobernador Javier Duarte de Ochoa, de la que se supo causó molestia en el político, sus ingresos económicos vieron a menos al radicarse en la Ciudad de México.
Si bien es cierto que el Mecanismo de Protección de Periodistas acompañó su caso, igual que a todos los desplazados no lo apoyó económicamente; le dio solo apoyo para su reubicación, colocándolo dentro del grupo de periodistas protegidos por el gobierno federal, pero nunca se le ayudó a colocarlo en un trabajo estable en su nueva ubicación, pese a que ese fue un reclamo reiterado por el propio Espinosa Becerril ante la instancia.
Tampoco la revista Proceso, para la que trabajaba como freelance y cuyos directivos tanto se han desgarrado las vestiduras en reclamo de justicia para Rubén Espinosa, quiso contratarlo como parte de su planta laboral de base. Proceso y la agencia de fotografía Cuartoscuro, para la que también Rubén Espinosa hacía trabajos de fotografía eventualmente, se negaron a ofrecer al periodista desplazado un empleo que asegurara su bienestar -bien pagado y con prestaciones sociales-, que sin duda habría ayudado a mejorar sus condiciones de seguridad.
Ese es uno de los grandes contrasentidos del Mecanismo Federal de Protección de Periodistas, que hace como que ayuda, pero no ayuda del todo; su intervención en la protección de los periodistas en riesgo solo se limita a la reubicación domiciliaria. En ninguno de los 357 casos de desplazamiento en que ha intervenido desde que fue creada esa dependencia, se ha brindado ayuda laboral para los periodistas en riesgo.
Su labor consiste solo en retirar a los periodistas en riesgo. Los ubica en algún refugio dentro de la Ciudad de México, y allí los deja a su suerte laboral, donde en el mejor de los casos, algunos de estos periodistas desplazados, siguen colaborando con textos gratuitos para algunos medios de sus propias localidades, la mayoría queda automáticamente en el desempleo.
“Este es un desempleo desesperante. Lo va aniquilado a uno de poco a poco. Lo vuelve a uno loco”, dice Omar Bello Pineda, un periodista que ya lleva desplazado más de tres años de su natal Guerrero, y que actualmente vive bajo el cobijo del Mecanismo de Protección. A él no solo no se le ha poyado en la búsqueda de un empleo en la Ciudad de México, sino que los esfuerzos que ha hecho -por su cuenta para incorporarse al periodismo- han sido infructuosos, “nadie quiere contratarme, por el solo hecho de ser un periodista en riesgo, porque ningún medio quiere asumir el riesgo que implica estar amenazado de muerte”, dice.
Para no volverse loco, cómo Omar Bello mismo califica su condición, es que ha decidido colaborar de manera gratuita con algunos medios de Guerrero. Desde la Ciudad de México les reporta los acontecimientos más importantes. Su principal tema son las movilizaciones sociales que se dan en la capital del país. Cubre también de manera frecuente el acontecer legislativo federal y las conferencias mañaneras del presidente de la república. Todo lo hace sin percibir un solo peso por su trabajo. “Solo lo hago para estar vigente dentro de la actividad periodística, y para dejar constancia, si algún día me llega la muerte, de que fui periodista hasta el último día de mi existencia”, dice como si su suerte ya estuviera marcada.
Omar Bello considera que si tuviera un empleo remunerado, durante esta etapa de desplazamiento que vive y que no ve para cuando pueda terminar, su situación de riesgo podría cambiar sustancialmente, no solo por su estado anímico de mayor seguridad sino porque estar dentro de algún medio nacional lo podría blindar mejor, pues estima que “no es lo mismo que (los delincuentes que lo persiguen) atenten contra un periodista de pueblo, por el que tal vez nadie reclamaría nada, que contra un reportero de un medio informativo nacional, que podría generar una reacción mediática nacional”, como ya se ha observado en algunos casos.
Pero esa visión parece no ser considerada por el los que operan el Mecanismo de Protección de Periodistas de la Secretaría de Gobernación. Para ellos, es suficiente con sacar de las localidades de origen a los comunicadores en riesgo, con lo que satisfacen las exigencias de ley. No les preocupa cómo puedan vivir esa situación los periodistas desplazados, donde –está demostrado- no solo con el hospedaje, la alimentación y otras medidas de protección, se puede cubrir la necesidad de seguridad de estos comunicadores, a los que la precariedad económica derivada del desplazamiento los vuelve más vulnerables.
La omisión con la que actúa el Mecanismo de Protección al no considerar la reubicación laboral de los periodistas desplazados, podría no atribuirse toda a la burocrática actuación de los encargados de esa institución, pues aun cuando ellos están en la posibilidad de gestionar ante algunos medios de comunicación de la Ciudad de México y de otros puntos del país la incorporación de periodistas desplazados a la planta laboral, la misma Ley para la Protección de Personas Defensoras de las Derechos Humanos y Periodistas no considera esa gestión en ninguno de sus apartados.
Ese es un tema que ha pasado por alto el legislativo, aun cuando desde el 12 de agosto del 2010 existe una Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones de Periodistas y Medios de Comunicación, la que en su espíritu plantea la observancia de todos los aspectos que atenten contra el libre ejercicio del periodismo, pero aun así se ha soslayado el tema de los salarios de los comunicadores, y muy particularmente el de la ocupación de los periodistas desplazados, que en no pocas ocasiones ha sido el principal motivo por el que muchos periodistas amenazados han optado por no aceptar la propuesta de reubicación fuera de sus lugares de origen, y luego a sobrevenido su muerte.
