Por. J. Jesús Lemus
Como en los mejores tiempos del neoliberalismo, la presidente Claudia Sheinbaum anunció, sin mencionarlo por su nombre, el retorno al uso del fracking para alcanzar, los que ella llamó, la soberanía energética que mantenga a México en la vanguardia mundial en los próximos 30 años.
De acuerdo con lo expuesto por la presidente Sheinbaum, México busca acceder a las reservas de gas natural no convencional (el que se encuentra en bolsas pétreas sin presencia de petróleo) mediante su extracción a través de la técnica de la fractura de la corteza terrestre por presión hidráulica, que es lo que se conoce como fracking.
De esa forma, según lo justificó la presidente Sheinbaum, México estaría en posibilidad de remontar su dependencia de gas natural de otros países. Actualmente -dijo-, nuestro país importa el 75 por ciento de todo el gas natural que se utiliza en el país. Y el 90 por ciento de esas importaciones se utiliza en la generación de electricidad.
El fracking, al que la presidente Sheinbaum ha volteado a ver como opción para satisfacer la demanda de consumo de gas natural, es una técnica que, pese a estar prohibida en muchos países, se utilizó en México durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto para elevar las cifras de producción de gas, necesaria para justificar la viabilidad de la Reforma Energética.
Los países en donde se ha prohibido el fracking, son: Francia, Bulgaria, Alemania, Reino Unido, República Sudafricana, República Checa, España, Suiza, Austria, Irlanda del Norte, Italia y República de Irlanda. Sin embargo, las principales empresas que ya cuentan con concesiones de explotación del gas natural mediante el fracking en México, sus nacionalidades corresponden a esos países.
Entre las empresas trasnacionales que se beneficiarán con la mayor cantidad de concesiones de extracción de gas natural mediante la técnica del fracking, se encuentran Bhp Billiton, Capricorn Energy Limited, Canamex Dutch, Casa Exploration, Carso Energy, Gat Oil & Gas, Diavaz Offshore y Fieldwood Energy, Atlantic Rim, California Resources, Cheiron Holdings Limited, Cobalt International Energy y E&P Hidrocarburos y Servicios.
Desde el inicio de la Reforma Energética del presidente Peña Nieto, en 2013, hasta hoy, con el gobierno de la Cuarta Transformación, en 2026, -es decir en 23 años de gestión de inversión extranjera directa- a México han llegado 113 empresas internacionales, que son las que se beneficiaran de la presidente Sheinbaum de abrir nuevamente la extracción de gas natural fracturando la corteza terrestre.
Hay que recordar que el presidente López Obrador, si bien es cierto que no frenó el fracking, si evitó que se otorgaran más y nuevos permisos para esa actividad. Y ahora la presidente Sheiunbau ha abierto a la demanda de mercado las reservas gaseras del país para empresas que provienen de todo el mundo.
Las 113 empresas transnacionales extractivas de gas natural vía fracking, que se beneficiarán de la política entreguista de la presidente Sheinbaum, provienen sus capitales de Estados Unidos, Colombia, Canadá, Reino Unido, España, Holanda, Malasia, Argentina, China, Australia, Rusia, India, Tailandia, Noruega, Alemania, Italia, Portugal, Francia, Chile, Uruguay, Japón, Egipto y Catar.
Estas empresas, mediante los títulos de concesión, ya se adueñaron de una porción del suelo y gran parte del agua de las comunidades indígenas, principalmente en los estados de Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Campeche y Tabasco, donde la resistencia social ha llegado a puntos álgidos.
China, Nuevo León, un caso típico
El problema del retorno al fracking se observa perfectamente con lo que sucede en la llamada Cuenca de Burgos, en el municipio de China, Nuevo León, donde empresas como Nuvoil, Renaissance Oil, Sierra Oil, Diarqco, Cotemar y Petrobal, ya hacen trabajos de extracción de petróleo y gas mediante fractura hidráulica.
El problema en esta localidad no es en sí la extracción de hidrocarburos, ni siquiera el daño que se ocasiona al medio ambiente, sino el agua que se destina a la planta industrial y que tendrá que ser arrebatada a la población.
En China, Nuevo León, el 13.9 por ciento de los más de 10 mil 864 habitantes no cuentan con servicio de agua potable en sus viviendas, los que de por sí ya son castigados con el arrebato de más de 510 millones 288 mil 546 metros cúbicos de agua que al año se les quita para suministrar el sistema de agua potable de Monterrey.
Con la operación de por lo menos 13 pozos de extracción de gas natural, algunos de los que ya comenzaron a operar desde el 2017, el suministro de agua ha comenzado a ser cada vez más escaso, y es que la operación de cada uno de esos pozos requiere de entre 200 a Mil 100 metros cúbicos de agua al día, para alcanzar los niveles de obtención de gas natural que oscilan entre los 250 y los 300 metros cúbicos.
De acuerdo con fuentes del gobierno municipal de China, Nuevo León, en los últimos años, en esta localidad se ha registrado el desplazamiento de por lo menos 130 familias, que no pudieron soportar las sequías a la que fueron obligadas debido a la disminución de presión en el sistema municipal de agua potable.
Extracción con Efectos Sísmicos
A la par del consumo de agua que representa el fracking, también se han registrado hundimientos en algunas zonas de los campos La Sierrita y El Cuervo, donde se han comenzado a sentir movimientos sísmicos que podrían estar relacionados con la actividad extractiva que se realiza por parte de Nuvoil, Renaissance Oil, Sierra Oil, Diarqco, Cotemar y Petrobal.
De manera oficial ninguna instancia reconoce la relación que existe entre la actividad sísmica en el estado de Nuevo León con la presencia de las empresas petroleras y gaseras que están excavando a profundidades mayores a los mil metros debajo del subsuelo.
Sin embargo, un estudio de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) realizado de manera conjunta con el departamento de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), revela que a el número de movimientos sísmicos en los municipios de China, Montemorelos, General Terán y Cadereyta, ha venido en aumento desde el 2013, justamente cuando se intensificó el proceso de extracción de hidrocarburos en esta zona.
Los datos de ese estudio son reveladores: de más de 100 sismos que se registraron en esta zona de Nuevo León, entre el 7 de octubre de 2013 al 18 de marzo de 2014, por lo menos 30 de ellos ocurrieron en el municipio de China, donde ya se realizaba la extracción de gas natural mediante la técnica de fractura hidráulica.
Si bien es cierto que los sismos registrados en esta zona durante el periodo referido han sido de baja magnitud, al ser clasificados entre los 2.8 y los 4.5 grados Richter, también resulta verdadero que esos movimientos telúricos han causado temor entre la población poco habituada a este tipo de fenómenos.
Tabasco, también sufre
Igual que en China, Nuevo León, la presencia de una trasnacional ha trastocado también el medio social en el estado de Tabasco. Aquí la empresa Diarqco, la que se ha hecho de millonarios contratos por parte del gobierno federal para la extracción de hidrocarburos, enfrenta la resistencia social de pobladores de los municipios de Villahermosa y Paraíso.
Los vecinos de oponen a más perforaciones en los campos de Mayacaste y Calicanto, donde la historia les ha enseñado que en nada beneficia a la comunidad la extracción de petróleo y gas natural mediante el fracking, pues a pesar de ser de las zonas más ricas del mundo, son también las regiones que tienen la más lacerante pobreza en todo este territorio nacional.
En Mayacaste, inmediato a la zona urbana de Villahermosa, donde Diarqco ha prometido una derrama de más de Mil 084 millones de dólares a favor de la comunidad, casi el 16 por ciento de la población vive en el desempleo, el 11 por ciento habita en casas con piso de tierra y más del 14 por ciento no cuenta son servicios básicos –entre ellos el de agua entubada- en sus domicilios.
Aún así, tras el anuncio hecho por la presidente Sheinbaum de permitir la técnica de fractura hidráulica, la empresa plantea que la perforación de nuevos pozos de hidrocarburos podría terminar con el rezago social de esa región, y se proyectan cuatro campos extractivos más.
Lo que no ha dicho la empresa es que para hacer la explotación energética que se pretende se habrá de consumir más de 4 mil metros cúbicos de agua al día, un volumen que representa casi tres veces el agua que actualmente reciben cada mes los más de 2 mil 300 habitantes que radican en esta zona.
En Calicanto, en el municipio de Paraíso, es la misma situación. Diarqco ha ofrecido una millonaria derrama económica a favor de desarrollo regional, pero la población duda del hecho, pues desde hace más de 40 años Pemex también ofreció lo mismo, sin embargo eso no se ha visto reflejado en la realidad.
Desde que Pemex comenzó la explotación petrolera en esta parte del país, lo único que han obtenido los pobladores ha sido contaminación y desabasto de agua.
Las más de 3 mil personas que viven en la zona de Calicanto, a la fecha solo disponen de un promedio anual de 160 mil metros cúbicos de agua, el doble de lo que pretende utilizar en un día la nueva planta industrial que se ha comenzado a asentar en la zona.
Los sismos inquietan en Tabasco
También en esta localidad algunos grupos defensores del medio ambiente -como el propio CCUC- han expuesto la extraña coincidencia que se observa entre la actividad sísmica y la creciente extracción de hidrocarburos, principalmente gas natural mediante fractura hidráulica. En esta parte de la costa de Tabasco, en donde hasta hace años era sumamente extraño un movimiento sísmico, ahora los movimientos ocurren de manera más frecuente.
El aumento de la actividad sísmica en la zona petrolera de Tabasco no es solo una suposición de los grupos defensores del medio ambiente. De acuerdo con el reporte histórico del Servicios Sismológico Nacional (SSN), desde de enero del 2014 –fecha en que comenzaron a realizar perforaciones profundas diversas empresas trasnacionales para la extracción de gas natural mediante el fracking- hasta noviembre del 2024, en esa parte de Tabasco ya se habían registrado 382 sismos con magnitudes que fueron desde los 3.7 a los 4.9 grados en la escala de Richter.
Los sismos asociados a la destrucción del subsuelo en Tabasco han venido en aumento de forma notoria: en el 2014 fueron 14 eventos, el mayor de ellos con una magnitud de 4 grados y epicentro en Balancán; en el 2015 se registraron 15 sismos, los dos de mayor magnitud de 4.3 y 4.2 grados Richter tuvieron su origen en Tenosique y Paraíso; en el 2016 se registraron 19 sismos, el mayor de ellos de 4.2 grados en el municipio de Jalpa de Méndez; en el 2017 fueron 17 sismos, igual que en el 2018, de los que los de mayor magnitud fueron en los municipios de Tenosique y Macuspana, con una intensidad de 4 y 4.3 grados Richter.
Con Prisa, para Devastar los Recursos
La forma acelerada en que se está devastando el subsuelo nacional, y que continuará con la decisión de Sheinbaum al impulsar el fracking, se observa en las propias estadísticas de la Secretaría de Energía del gobierno mexicano, en donde se reconoce que al cierre del 2025 en todo el territorio nacional ya operaban, en exploración o explotación, más de 2 mil 162 pozos de extracción de hidrocarburos mediante la técnica de fractura hidráulica, los que mayormente se concentran en los estados de Veracruz, Coahuila, Puebla, Tabasco, Nuevo León y Tamaulipas.
Pero solo en el estado de Puebla se pretende a corto plazo la perforación de por lo menos mil 114 pozos mediante la técnica de fracking, los que en su mayoría se ubicarán en los municipios de Francisco Z. Mena, Ayotoxco de Guerrero, San Gabriel Chilac, Tuzamapan de Galeana, Xicotepec, Acateno, Pantepec, Tlacuilotepec, Jalpan, Jonotla, Venustiano Carranza, Hueytamalco, Zihuateutla y Tenampulco, ubicados dentro de la cuenca petrolera de Tampico-Misantla, donde la pobreza es extrema y se agudiza ante la falta de agua.
En el municipio de Francisco Z. Mena, en el extremo norte de Puebla, donde la petrolera Estadounidense Halliburton de México ha iniciado los trabajos de preparación para la puesta en operación de al menos siete pozos de gas natural, y donde el agua de por sí es escasa, se pretenden utilizar los mantos freáticos que abastecen a la población para lograr el cometido de una producción anual promedio de más de 3 mil 590 metros cúbicos de gas natural, pese a que más del 13 por ciento de la población no cuenta con servicio de agua entubada en sus domicilios.
El agua que pretende utilizar Halliburton de México para su explotación de gas es diez veces el volumen que durante un año utilizan los más de 33 mil habitantes de esta localidad, los que se tienen que abastecer con el suministro de siete pozos que aportan en promedio anual 230 mil 300 metros cúbicos de agua, los que en su mayoría ya son consumidos por un grupo de productores agrícolas que se han apropiado de casi el 40 por ciento de ese volumen de agua.
Igual sucede en el municipio de Ayotoxco de Guerrero, donde sin consentimiento de la población oriunda la empresa Schlumberger ya inició los trabajos de perforación de al menos 11 pozos de extracción de hidrocarburos mediante la técnica de fractura hidráulica, lo que conlleva que a mediano plazo esa empresa se habrá de apropiar de por lo menos 230 mil metros cúbicos de agua para lograr su propósitos industriales que a la vuelta de un año le habrán de redituar utilidades por el orden de los 2 mil millones de dólares.
En contraparte, la población de ese municipio, la que no recibirá un solo peso partido por la mitad, se tendrá que limitar en el uso del agua, pues los 230 mil metros cúbicos que pretende utilizar la petrolera serán obtenidos directamente de los mismos mantos freáticos que actualmente no alcanzan a abastecer al cien por ciento las necesidades de la comunidad, en donde casi el 17 por ciento de los más de 45 mil habitantes del municipio no cuentan con el suministro de agua potable en sus vivienda.
De acuerdo con los datos del REPDA de la CNA, la población de Ayotoxco de Guerrero actualmente se suministra con apenas 300 mil 183 metros cúbicos de agua por año, por lo que de ceder a la petrolera el volumen que pretende, a los habitantes del municipio solo les quedara menos de 70 mil metros cúbicos de agua por año, lo que en términos prácticos significa que 77 de cada cien familias podrían quedarse sin agua.
La alerta sobre el consumo de agua con el que amenazan las empresas petroleras que le apuestan al fracking, para la explotación de los mantos de gas natural en la zona norte de Puebla, también causa miedo en el municipio de San Gabriel Chilac, en la zona sureste del estado de Puebla, en donde la empresa Baker Hughes de México S. de R.L. de C.V. realiza exploraciones para la apertura de cinco pozos profundos de gas natural.
El Crimen Organizado, Presente
En San Gabriel Chilac de manera extraña y coincidente con la protesta social alzada contra las industrias extractivas y del sector hidroeléctrico que están arrebatando el agua, han surgido grupos del crimen organizado que extrañamente han comenzado a proferir amenazas de muerte a los dirigentes de los grupos opositores a estos proyectos.
Uno de los activistas defensores de los derechos ambientales que en esta región ha sido blanco de amenazas es José Luis Leyva Machuca, quien es el delegado regional del Movimiento de Autogestión Social, Campesino, Indígena Popular de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (MASCIP-CNPA-MN), que es la principal organización que ha dado cara a los promotores de los considerados “Proyectos de Muerte”.
José Luis Leyva Machuca ya fue víctima de un atentado luego de alzarse contra el proyecto de la hidroeléctrica Coyolapa-Atzalan, cuando desde un vehículo en marcha le dispararon en diversas ocasiones, sin que se cumpliera el cometido. Ahora tras encabezar la resistencia para evitar la instalación de la planta petrolera con su propuesta de fracking, de nueva cuenta ha comenzado a recibir amenazas de muerte, sin que la autoridad federal haga algo por protegerlo.
El propio Leyva Machuca denunció de manera pública que a causa de la defensa del territorio y el agua que se hace en el municipio de San Gabriel Chilac, no solo él, sino también otros tres integrantes del MASCIP-CNPA-MN han comenzado a recibir amenazas de muerte, las que son atribuidas a grupos delincuenciales que actúan bajo instrucción de “caciques y autoridades de la región de la Sierra Negra”, dijo, principalmente del municipio de Santa María Coyomeapan, avanzan los proyectos de fracking propuestos por las empresas trasnacionales con el aval del gobierno federal y estatal de Puebla.
Otro activista del medio ambiente que en esta zona ha sido amenazado de muerte a causa de su movilización para evitar que el suelo pase a ser propiedad de las grandes trasnacionales del sector minero, hidroeléctrico y ahora petrolero, es el dirigente de Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Omar Esparza Zárate, quien ha sigue bajo la mira de la agresión, sin que ello cause mella en su movilización.
Esta tampoco es la primera ocasión en que a Omar Esparza Zarate se le intenta amedrentar. El 27 de abril del 2010, su esposa, la también activista de derechos ambientales y humanos, Alberta Cariño Trujillo fue asesinada en una emboscada en el estado de Oaxaca, justo cuando al lado del también defensor de derechos humano de origen finlandés Jiry Antero Jaakola intentaron romper un cerco paramilitar en la comunidad de San Juan Copala, Oaxaca.
Betty Cariño, como era conocida, fue ejecutada luego que a través de la organización Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) hizo una intensa lucha en la mixteca oaxaqueña para defender la soberanía alimentaria, la propiedad del agua y la conservación del suelo, la que observó amenazada tras la llegada de la minera canadiense Fortuna Silver Inc., que a través de la subsidiaria Minera Cuzcatlán, se estableció en el municipio de San José del Progreso, Oaxaca, para la explotación de una mina de oro.
Esta, la minera contra la que luchó Betty Cariño, es la misma que, a causa de un derrame de agua contaminada con cianuro, afectó severamente el caudal del río Coyote, el que es afluente de los ríos Magdalena y Atoyac, dejando sin agua a más de siete mil habitantes y cerca de 5 mil hectáreas de suelos de cultivo en los municipios de Ocotlán y San José del Progreso.
