El problema es que ningún trabajador y ningún mexicano tenga que vivir con miedo a merced de la delincuencia o entregándoles el fruto de su trabajo como sucede en los 8 estados que concentran el 66 por ciento de las denuncias por extorsión: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán, como reconoció a principios de julio Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública federal; y la cifra negra que no se denuncia en todo el territorio nacional