La inclusión de los jueces sin rostro en Perú con Alberto Fujimori en la década de los años noventa no funcionó para reservar la identidad de los juzgadores que enfrentaban a grupos terroristas, pero sí para el control total de las instituciones por parte del Poder Ejecutivo. El resultado fueron detenciones y juicios masivos ante tribunales civiles y militares sin rostro, violando el debido proceso y el derecho a la defensa de los ciudadanos que hasta en la actualidad se dimiten en organismos internacionales, en un contexto de implementación de políticas de corte neoliberal. En el caso actual de El Salvador con Nayib Bukele, esa figura ha llevado a la opacidad total de los procesos penales y encarcelamientos masivos con el pretexto de someter a las pandillas. Allí las fuerzas policiales y militares violan sistemáticamente los derechos fundamentales de los salvadoreños. En México, se esperan similares consecuencias con la Reforma Judicial que incorporó a los jueces sin rostro, que llegan con la militarización de la seguridad pública, la estrategia para el combate a cárteles del narcotráfico, donde las Fuerzas Armadas decidirán quiénes podrán seguir su proceso en libertad y demostrar su inocencia, teniendo como escenario los megaproyectos de infraestructura y políticas económicas también de corte neoliberal de AMLO.