De acuerdo a este investigador, las condiciones excepcionales de sequía que se registran en México, ya han comenzado a tener efectos: las superficies de cultivos agrícolas a nivel nacional han vistos disminuidas sus capacidades de riego en un 20 por ciento, mientras que el agua para el suministro doméstico en términos generales, a nivel nacional, ha disminuido en casi un 30 por ciento
Entre las razones que nadie menciona en las estadísticas de los desplazamientos, existe una que lastima más que la propia violencia o la pobreza extrema: la falta de agua. Esta cifra el gobierno federal la maquilla mañosamente como si se tratara de un factor más de pobreza, a la par de otros benefactores sociales como educación, salud o vivienda, para no dejar al descubierto el despojo del agua del que son víctimas miles de mexicanos
El bastión productivo de esta empresa, fincado en el uso del agua, no solo se extiende en la región norponiente de Durango. También se extiende en los estados de Sonora, Puebla, Veracruz y Michoacán, donde de la mano del gobierno federal ha podido afianzarse como una de las más rentables del ramo agroalimentario, dejando un rastro de señalamientos sociales no solo por el arrebato del agua, sino por los efectos contaminantes al medio ambiente
Más allá del impacto ambiental que representa la mina de Esperanza Silver de México S.A. en el estado de Morelos, el principal temor de los habitantes de Temixco es comenzar a vivir la escasez de agua tal como la padecen los vecinos del municipio de Caborca, Sonora, en cuyas inmediaciones se ubica la mina El Chanate operada también por Alamos Gold Inc., a través de la firma Minas de Oro Nacional S.A. de C.V., donde se utiliza más de 20 por ciento del agua disponible para la población urbana
Al menos otros 56 sitios, en por lo menos siete estados del país, registran a la fecha movimientos sociales de pueblos naturales, los que se oponen a la construcción de ese tipo de proyectos, que no tiene más finalidad que la de suministrar energía eléctrica barata a los proyectos mineros en ciernes
Resulta significativo que las agresiones contra los activistas tengan mayor incidencia en poblaciones aledañas a las cuencas hidrológicas de mayor explotación industrial, entre ellas las de los ríos Balsas, Bravo, Yaqui, San Lorenzo, Colorado, Sonora, Pánuco, Asunción, Coatzacoalcos, Marabasco, Jamapa, Lerma-Chapala, Papaloapan y Coahuayana, ocupadas por la planta industrial trasnacional
El asesinato de Tilihuitl dolió tanto en la comunidad de Zacapoaxtla y no se limitó a ser considerado como el homicidio más de un activista y defensor del medio ambiente, sino que fue calificado como “una agresión al pensamiento y a la dignidad indígena”, según la manifestación que en torno a este asesinato se hizo durante el II Foro Regional de la Defensa y el Agua, celebrado en el municipio de Texontepec de Aldama, Hidalgo, el día 9 de septiembre del 2018
La operación de la planta hidroeléctrica a la que se opuso Adrián Tilihuitl, cuenta con una concesión de uso del agua por 50 años, y aun cuando la propia empresa reconoce que “el agua del río Apulco, es clasificada para uso doméstico”, en su Manifestación de Impacto Ambiental, ni siquiera maquilla su intención de darle un uso industrial a esa agua, de la que dice “se utilizará para mover el rotor de las turbinas que al estar conectado con un generador producirá energía eléctrica”
No es descabellado señalar que de cada 100 políticos que son electos en cualquiera de los órdenes de gobierno en México, al menos 70 de ellos cuentan con empresas que en el menor de los casos se ven beneficiadas con los programas de gobierno manejados a su favor, en donde la apropiación del agua es uno de los renglones que de manera muy discreta –gracias a las políticas oscuras de la CNA- es el más codiciado y el más rentable
Sin duda alguna, México se enfila hacia una crisis de agua. La mayoría de los mantos acuíferos en el país se encuentran sobreexplotados, pero no es a causa del consumo poblacional, sino como efecto de la presencia de industrias, muchas de ellas trasnacionales, que con el aval del gobierno federal se han apropiado de la riqueza hídrica nacional