Al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum le dolió la exhibición que un grupo de madres buscadoras hicieron de la realidad nacional, cuando se expuso que en el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, operó durante años un centro de exterminio, bajo las instrucciones del Cártel Jalisco Nueva Generación
La propuesta de reforma en materia de desaparición enviada por Claudia Sheinbaum promete ser un avance en la resolución de miles de casos, sin embargo, la realidad es que representa un retroceso —por no decir un riesgo adicional— tanto para colectivos, familiares buscadores, activistas, periodistas y, en general, para toda la población. Existen múltiples razones para temer un mal uso de los datos recabados por la llamada Plataforma Única de Identidad.
Los peligros que rodean esta reforma son numerosos: desde el maquillaje de cifras hasta la fuga de datos y la posible persecución estatal. Entidades tan siniestras como el Centro Nacional de Inteligencia (antes CISEN) o la propia SEDENA tendrán acceso directo a la Plataforma sin necesidad de una orden judicial, y podrán solicitar información a empresas públicas o privadas sin justificación alguna. Esta reforma vulnera gravemente la privacidad y la seguridad de todos los mexicanos, especialmente de quienes integran el sector de defensa de los derechos humanos.
Una fiscalía estatal ausente que se presenta únicamente para minimizar las amenazas de las que ya había sido víctima Teresa González, miembro del colectivo Luz de Esperanza, asesinada por un disparo.
Aunque su labor de búsqueda ha sido sumamente importante, la fiscalía de Jalisco desechó inmediatamente la posibilidad de que el móvil del delito estuviera relacionado con su actividad como buscadora, pretextando que se trató de un robo.
Las agresiones contra los colectivos de búsqueda son una constante, y la ola de impunidad ha servido como caldo de cultivo para que atentados como el que le quitó la vida a Teresa se vuelvan una constante en el país.
El calor del sol vespertino del sábado no fue impedimento para que miles de personas se reunieran en toda la República en una jornada de luto y vigilia por el descubrimiento del campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco.
En la Ciudad de México, el evento pacífico fue amedrentado por elementos del “extinto” cuerpo de granaderos, lo que provocó un ligero enfrentamiento avivado por la presencia de personas sospechosas.
Sumado al comunicado dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, algunos familiares de víctimas de desaparición forzada de todo el país compartieron el horror que han vivido a raíz de la ausencia de sus seres queridos y denunciaron la violencia institucional y del crimen organizado a la que se exponen simplemente por buscarlos y hacer el trabajo de las ineptas fiscalías y comisiones del Estado.
El Rancho Izaguirre era un sitio de confinamiento, entrenamiento y exterminio de jóvenes, entre ellos mujeres, quienes fueron engañados con falsas promesas de trabajo por el CJNG y, si no resistían o desobedecían, eran asesinados, desmembrados y calcinados. El reclutamiento “laboral” era en la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque y en la Central de Autobuses de Zapopan.
En febrero de 2024, López Obrador, ordenó a un equipo de especialistas de la Comisión Nacional de Búsqueda localizar en Panamá y exhumar los restos de Catarino Garza, general del ejército liberal mexicano, alzado en armas en contra de Porfirio Díaz en 1891. La operación costó cerca de 9.5 cinco mdp
“Vivimos en un país donde la justicia no existe, está desaparecida junto a nuestros hijos”, asegura Socorro Gil; busca a su hijo desde el 5 de diciembre de 2018
Dentro de las 116 mil víctimas de desaparición forzada en el país, aproximadamente 17 mil son niños de cero a 4 años que fueron sustraídos de sus casas o arrebatados en la calle entre el 2012 a la fecha. Esos menores de edad están siendo explotados sexualmente, adoptados ilegalmente o usados en la mendicidad, y ante la incompetencia de las fiscalías para dar seguimiento a ese tipo de delitos y la inexistencia de un plan de búsqueda específico, las organizaciones de madres implementaron mecanismos para que la sociedad aporte información y poder encontrar a sus hijos, con resultados positivos y en coordinación de la Iglesia Católica y otras organizaciones religiosas
No hay certeza de lo que sucedió. Los estudiantes que viajaban en los camiones Costa Line 2012 y 2510 fueron liberados, mientras que los 43 que viajaban a bordo de los camiones Estrella de Oro 1531 y 1568 desaparecieron misteriosamente
En Jalisco, las desapariciones son un fenómeno sumamente grave que no está siendo atendido por el gobierno del estado. Al contrario, prefieren enviar elementos de seguridad pública a agredir a los familiares y colectivos que exigen respuestas.