Por. J. Jesús Lemus
El problema de la disputa del agua en México, no es nuevo. Tiene al menos una década que se comenzó agudizar, y se ha hecho visible gracias a los defensores de la tierra que alzaron la voz ante la invasora presencia de cientos de empresas trasnacionales llegadas a las zona más marginadas del país.
El problema ha cobrado importancia en los últimos años, no por la escasa difusión en los grandes medios tradicionales masivos de comunicación, sino por la acción de colectivos y organizaciones con acceso a las redes sociales y mediante la difusión de periodistas independientes en blogs informativos que publican lo que los gradnes medios callan.
Al igual que ocurre con los señalamientos sobre la devastación que hace la industria minera, que apenas alcanzan reducidos espacios en los medios informativos tradicionales, el problema del despojo del agua también ha tenido poca atención de parte del gremio periodístico, lo que solo se entiende por los intereses económicos de los propios medios y de algunos periodistas que aspiran o ya cuentan con sendos convenios financieros a cambio de del vergonzoso silencio.
Aun así, la acción de los ambientalistas y organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los recursos naturales y al derecho a un medio ambiente, han logrado que el problema del despojo del agua sea al menos visible, aun cuando todavía no surte efectos sobre la esferas de gobierno en las que se encuentra la posibilidad de rectificación del marco jurídico para privilegiar primero el suministro de agua a la población, antes que a la planta industrial.
De manera tibia, sin ninguna posibilidad de que sus observaciones surtan un efecto reformador, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es la única instancia oficial dentro de la estructura del Estado mexicano que ha tocado el problema del desabasto de agua, que afecta a más de 44 millones de personas en nuestro país.
Pero este tocamiento solo ha quedado en la categoría de informe, una figura que en nada obliga a nadie a hacer algo para solucionar el problema. Sus alcances son meramente informativos y de exposición del problema, en espera de la buena voluntad de las instancias oficiales para proponer y alcanzar una solución.
Por eso hablar de una “CNDH sin Dientes” no solo es sorna, es una realidad que lacera a las comunidades sin voz, pues por mucho que esa instancia insista sobre la preocupante situación que se vive en torno al despojo del agua, esto no deja de ser solo la visión de alguien más que intenta involucrarse en el problema, y que –al igual que miles de actores ciudadanos- no cuenta con facultades sancionatorias que puedan enmendar la gravedad del conflicto.
En mayo del 2018, la CNDH emitió su informe “Estudio Sobre Protección de Ríos, Lagos y Acuíferos desde la Perspectiva de los Derechos Humanos”, el que para la instancia de gobierno pareció ser no otra cosas que una visión particular más del conflicto por el desabasto de agua que viven millones de mexicanos; tras el informe no hubo una sola reacción ni del legislativo federal y menos del ejecutivo, en donde se continuó con la política de entrega de concesiones de agua para fines industriales.
En dicho informe, la CNDH reconoció lo que ya se sabe: que el del agua es un tema complejo y de interés colectivo. Pero al menos estableció su preocupación por la forma en que ríos, lagos y acuíferos son sobreexplotados, se están contaminando y están siendo apropiados “por intereses particulares”, dijo por no ser directa ni querer confrontarse con la planta industrial.
Allí mismo, también reconoce que el problema del agua en México se agrava cada vez más, pues frente al despojo, contaminación y sobrexplotación de los acuíferos, “se identifica un aumento en los requerimientos de agua, en cantidad y calidad”, esto por el crecimiento de la población que precisa del agua para realizar sus actividades humanas y procurar un medio ambiente sano.
En el mismo documento con destino a todos y a nadie, la CNDH refiere que para abatir el estado de crisis en el que ha entrado la disputa por del agua en nuestro país, no solo es preciso un cambio de la perspectiva que mantiene el Estado sobre la distribución, sino que es necesario cambiar la visión que se tiene del agua, “la que se observa como una mercancía o de manera utilitaria al servicio de la industria”, aun a costa de su contaminación, del deterioro de ecosistemas y las implicaciones de disponibilidad para utilizarla con fines domésticos.
“En necesario –sigue el informe de la CNDH- ver el agua como un patrimonio colectivo, sin vulnerar los derechos humanos a todos los habitantes y la responsabilidad de su manejo sustentable”. Pero eso no es más que una quimérica propuesta, pues el agua se ha convertido en uno de los principales activos nacionales, superado solo por los yacimientos de hidrocarburos, metales y minerales, con los que el gobierno mexicano incentiva la atracción de inversiones en nuestro país.
Las Mueve el Agua
Por eso, no es exagerado señalar que la gran cantidad de empresas trasnacionales que se han radicado en nuestro país en los últimos años, lo han hecho bajo la intención –y las garantías que ofrece para ello el marco jurídico derivado de la Reforma Energética- de apropiarse del agua para sus proceso productivos que en cualquier otra parte del mundo estarían regulados de forma más estricta.
Tras un revisión al padrón de las 61 mil 693 empresas de capital extranjero que reconoce la Secretaría de Economía (SE) que operan en México, se puede observar que por lo menos el 84 por ciento de ellas mantienen labores que requieren de elevados volúmenes de suministro de agua que sería difícil –al menos en la forma en que se les garantiza en México- obtener en sus países de origen, por lo que queda al margen la benevolencia que se dice en el discurso, cuando se habla de su intención de llegar a las diversas regiones del país para generar desarrollo mediante el ofrecimiento de empleo y ocupación de la mano de obra nacional.
Solo por citar un ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC) que mantiene México con Estados Unidos y Canadá, y que concentra la mayor preocupación del gobierno mexicano en la agenda económica, cobra otra dimensión si se observa desde la perspectiva del agua, sobre todo si se considera que la mayoría de las empresas asentadas en México, como parte de ese acuerdo económico, son grandes consumidoras de agua.
Más allá de las utilidades que las empresas amparadas por el T-MEC representan a la economía de México, estas no podrían sostener sus niveles de productividad con el agua disponible en Canadá o Estados Unidos, y no porque exista carencia de ella, sino porque la legislación de esos países les impide a las empresas el uso desmedido, como se garantiza en nuestro país, de los mantos freáticos.
De acuerdo a las cifras de la Organización de las Naciones Unidades para la Agricultura y la Alimentación (FAO) del 2008 al 2025 en Canadá se extrajeron 15 mil 387 millones de metros cúbicos de agua para alimentar las necesidades de la industria, en Estados Unidos fueron 12 mil 248 millones de metros cúbicos de agua, pero en México se llegó a la cantidad de 127 mil 403 millones de metros cúbicos, agua que en su mayoría fue para empresas de capital norteamericano y canadiense, principalmente del sector minero, de hidrocarburos y automotriz.
Solo por colocar el dato en perspectiva, si atendemos las cifras oficiales que emite la FAO, hay que señalar que el volumen de agua que extrajo toda la planta industrial de Canadá durante el periodo referido, es apenas menor del que utilizan solo las plantas refresqueras y cerveceras en México que se estima en 12 mil 410 millones de metros cúbicos.
Igualmente resalta el agua que el gobierno de Estados Unidos destinó al abasto de su planta industrial entre el 2008 al 2013, el que es igual a toda el agua que las plantas mineras y cementeras establecías en México utilizan en un año, cuyo volumen concesionado es de 11 mil millones 907 mil metros cúbicos de agua.
