por Gildo Garza
Hay momentos en la política en los que el poder deja de disimular. No ocurre cuando gana elecciones ni cuando presume obras públicas. Ocurre cuando empieza a judicializar la crítica.
Ahí es donde se revela el verdadero talante de un gobierno.
Eso empieza a suceder en Cadereyta de Montes, bajo la administración de Astrid Alejandra Ortega Vázquez, cobijada por el grupo político que gira alrededor del senador Gilberto Herrera Ruiz.
El método no es nuevo. De hecho, es tan viejo como la tentación autoritaria del poder.
Primero se construye el agravio.
Después se activa el procedimiento.
Al final aparece la sentencia.
Y así, lo que debería resolverse en el terreno natural del debate público termina convertido en expediente judicial.
El ejemplo más reciente es la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, que decidió sancionar a periodistas por expresiones vertidas dentro de un programa digital de análisis político.
El problema no es el tono.
El problema es el precedente.
Porque si el criterio que hoy se intenta imponer se normaliza, entonces cualquier crítica incómoda contra un funcionario podrá reinterpretarse, por simple decisión judicial, como violencia política de género.
Y ese precedente no amenaza sólo a dos comunicadores.
Amenaza directamente al debate democrático.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha dicho con todas sus letras: el discurso político goza de protección reforzada precisamente porque permite el escrutinio público de quienes ejercen poder.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ido aún más lejos: sancionar expresiones críticas contra autoridades genera un fenómeno que en derecho se conoce como efecto inhibidor.
En otras palabras: cuando el Estado castiga a un periodista, no sólo castiga a uno.
Le manda un mensaje al resto.
Ese es el tamaño del problema.
Y en Querétaro el contexto lo vuelve todavía más delicado.
Hace apenas unas semanas, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvo que corregir al tribunal electoral local en el expediente ST-JG-8/2026, derivado del caso TEEQ-PES-10/2025, al considerar indebido que se pretendiera imponer obligaciones a medios de comunicación que ni siquiera habían sido parte del procedimiento.
La advertencia federal fue clara: no se pueden imponer cargas jurídicas a la prensa sin garantizar el derecho de audiencia.
Eso se llama debido proceso.
Eso se llama Estado de derecho.
Y sin embargo, aquí seguimos.
Por eso el problema ya no es solamente electoral.
Es institucional.
El gobierno estatal y su Secretaría de Gobierno no pueden mirar hacia otro lado mientras algunos magistrados comienzan a producir criterios que, en los hechos, terminan castigando el ejercicio del periodismo crítico.
Porque cuando los tribunales dejan de ser contrapeso y empiezan a convertirse en instrumentos para disciplinar la crítica pública, la distancia entre justicia y censura se vuelve peligrosamente corta.
Desde este espacio hay que decirlo con claridad.
Las asociaciones de periodistas, los medios independientes y quienes ejercemos el derecho a la libre crítica no vamos a permitir que se normalice el uso del aparato institucional para silenciar a la prensa.
Los recursos legales seguirán su curso.
Ante la FGR.
Ante la CNDH.
Ante tribunales federales.
Y, si es necesario, ante instancias internacionales.
Porque el abuso de poder también genera responsabilidad jurídica.
Y porque los tribunales —como cualquier otra autoridad— también están sujetos al control constitucional.
En política hay una verdad que muchos grupos olvidan con demasiada facilidad: los cargos son temporales, las mayorías son prestadas y los proyectos políticos tienen fecha de caducidad.
Pero los expedientes quedan.
Las resoluciones quedan.
Y las responsabilidades, tarde o temprano, alcanzan.
Cuando el poder utiliza las instituciones para perseguir la crítica, inevitablemente termina enfrentando el peso de sus propios excesos.
En Querétaro, el debate apenas comienza.
Y si alguien cree que la prensa crítica va a quedarse callada frente a estos abusos, entonces todavía no entiende cómo funciona la libertad.
Seguiremos exhibiendo las novias en nómina, los excesos, la corrupción y hasta las redes familiares que sirven como prestanombres para ocultar propiedades adquiridas al amparo del poder.
Porque al final no les molesta el escándalo.
Les molesta que se les documente.
Eso es lo que verdaderamente les incomoda.
Eso es lo que, en su propio lenguaje, les arde el rabo.
A chambear. @GildoGarzaMx
