Por. J. Jesús Lemus
Al periodista Leobardo Vásquez Atzin, de Gutiérrez Zamora, Veracruz, no lo mataron las tres balas que le disparó su asesino; fue la pobreza en la que vivía. La precariedad salarial fue lo que le obligó a abrir una página de Facebook para desde allí, sin imponerse ningún tipo de censura, reportar a través de su periódico digital “Enlace Informativo Regional” la información que no le aceptaban publicar en los periódicos “La Opinión de Poza Rica” y “Vanguardia”, para los que trabajaba, y en otros periódicos formales donde colaboraba de manera esporádica.
Si no hubiera sido por eso, si Leobardo se hubiera sujetado a la censura de los periódicos “Vanguardia” y “La Opinión de Poza Rica” que le pedían mesura en la información que enviaba como corresponsal en Tecolutla y Gutiérrez Zamora, todavía estaría vivo. Pero no. A Leonardo le bullía la rebeldía periodística en sus venas, y buscó la forma no solo de desatarse de la censura natural de los medios informativos formales de la región, sino que quiso también buscar una mejora económica que le pudiera ayudarse a vivir. Eso fue lo que terminó por matarlo.
Al menos esa es la convicción que priva entre muchos de sus compañeros de la zona norte de Veracruz, entre los que se reconoce que si Leobardo Vázquez no hubiera publicado en su página de Facebook tantas verdades, que tocaron tantos intereses, todavía estaría con vida. Y es que a causa de una publicación que vertió a través de “Enlace Informativo Regional” es a lo que se atribuye su asesinato, el que nunca hubiera ocurrido –señalan algunos de sus compañeros- si en los medios formales para los que trabajaba se le hubiera garantizado un salario al menos decoroso que le hubiera permitido sostener sin problemas a su familia.
Leobardo Vázquez, como cientos de periodistas ya no solo de Veracruz sino de todo el país, tenía que vivir con un ingreso promedio semanal que no era superior a los 560 pesos, el que evidentemente no le alcanzaba para sostener a su familia conformada por su esposa y tres hijas. Por eso decidió abrir su página informativa en Facebook, con la que completaba su salario gracias al financiamiento económico que recibía de algunos de sus amigos y funcionarios públicos locales, que en promedio por semana oscilaban entre los 300 a los 500 pesos.
Sumado a esto, “para vivir más o menos” –como él mismo lo decía a algunos de sus compañeros-, también instaló una tienda de abarrotes y en el patio de su casa improvisó un puesto de tacos que atendía por las noches, una vez que terminaba su jornada periodística, y que en una buena semana los dos negocios le dejaban entre los mil y los mil 200 pesos de ganancia. El puesto de tacos era escasamente concurrido, en donde sus principales comensales eran algunos compañeros de gremio, a los que frecuentemente les fiaba la cena.
Fue en ese puesto de tacos donde Leobardo Vázquez Atzin fue ejecutado la noche del 21 de marzo del 2018, cuando hasta el lugar llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta y uno de ellos le disparó con una pistola .9 milímetros, acertándole tres disparos: uno en el rostro, a la altura del pómulo derecho, y los otros dos en el abdomen, del lado derecho y otro cerca del ombligo.
Y fue precisamente ese trabajo alterno que tenía el reportero lo que dio la pauta a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, para que en primera instancia tratara de deslindar el asesinato de la labor periodística, filtrando con algunos trabajadores de los medios de comunicación afines la posibilidad de que el homicidio hubiera ocurrido en función de una rencilla personal que el comunicador pudiera haber tenido con sus agresores.
Pero nada más lejos de la realidad. A Vázquez Atzin, lo confirmaría posteriormente la investigación que aún seguía en curso hasta el cierre de este trabajo, lo asesinaron a causa de una nota informativa que subió a su medio en Facebook, desde donde denunció al presidente municipal de Tecolutla, Juan Ángel Espejo Maldonado, por intentar crear derechos de propiedad sobre un terreno invadido por la organización “Colonos Ecologistas de Tecolutla” el que es propiedad de Antonio Álvarez Saqui.
Apenas unos días antes de su muerte, en la nota publicada el 6 de marzo del 2018, bajo el título “¿Quién Solapa Invasión de Predio Particular?” el reportero escribió: “Aun en esta nueva administración municipal encabezada por Juan Ángel Espejo Maldonado la invasión de un predio particular propiedad del doctor Antonio Álvarez Saqui se hace de manera descarada, que hasta una de las invasoras ya denunciada levantó una pequeña construcción con material de concreto, lo más grave es que aún sin escrituras de por medio el nuevo gobierno municipal ya le cobra predial y cédulas catastrales a infractores de la ley”.
A causa de esa información, el periodista recibió amenazas de muerte que le fueron escritas en la misma página informativa, una de ellas, la que escribió un usuario de esa red bajo el nombre de Francisco Cuevas, el que escribió: “este es el hijo de su puta madre que solapa y tiene terrenos en ese lugar, lo conocen (sic) como la puerca preñada (sic) este pendejo le pagan para subir pendejadas, esos terrenos se pagaron y el dueño murió (sic) y no dejo ningún papel la gente solo pelea lo justo, te va a cargar la verga marrano, sigue subiendo mamadas”.
Sin embargo, esa no fue la única amenaza de muerte que Leobardo Vázquez tuvo en su vida. Antes de ese suceso que finalmente terminó por cobrarle la vida, registró por lo menos otras tres amenazas de muerte, sobre todo cuando tocó temas que tenían que ver con el ejercicio de la actividad municipal, tanto del gobierno de Gutiérrez Zamora como del de Tecolutla, con relación en la ejecución de obras públicas, amenazas de las que nunca denunció ante las instancias judiciales, por no tener confianza en los organismos oficiales de protección a periodistas, de los que dijo que “solo buscan el protagonismo, sin interesarse realmente en la vida de los periodistas”, según le confió a su esposa.
Efectivamente, Vázquez Atzin pese a las amenazas de muerte recibidas nunca se acercó a ni al Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno federal, ni a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) de Veracruz, según lo informó para este investigación Ana Laura Pérez, la presidenta de este último organismo, quien no dudó en la certeza de que la ejecución de Leobardo estaba íntimamente ligada a su actividad periodística, por el solo indicio de la nota publicada que denunciaba la invasión de un predio particular.
“A causa de esa información, Leobardo Vásquez recibió amenazas de parte de un notario público de la localidad y del alcalde de la pasada administración del municipio de Tecolutla”, confirmó Ana Laura Pérez, la que refirió que esa agresión nunca fue manifestada por el reportero ante la CEAPP, desconociendo las razones de su silencio.
Al día de su muerte Leobardo Vázquez Atzin tenía 48 años de edad. Apenas en el 2001, a los 31 años de edad había concluido su carrera de comunicación. Comenzó a ejercer el periodismo en su natal Papantla, Veracruz, en donde se incorporó al periódico impreso Tukulama haciendo labores de reportero, dijo su hermano Héctor Hugo, de los mismos apellidos quien refirió que Leobardo posteriormente pasó al periódico El Noreste, del municipio de Poza Rica, en donde -aun cuando se desempeñaba como editor- hacia cobertura de reportero a diversas actividades públicas de la administración local, sin dejar de lado temas de denuncia social, “que siempre le apasionaron”.
Luego de dos años en el periódico El Noreste, Leobardo Vásquez se incorporó, de nueva cuenta como reportero en el periódico Diario de Poza Rica (hoy El heraldo), dando cobertura principalmente a la fuente policiaca y política del municipio, en donde aseguran quienes lo conocieron, “se agudizó su amor por la investigación periodística”.
De El Heraldo pasó al diario La Opinión de Poza Rica, y posteriormente al periodo Vanguardia, de donde se separó hace apenas cinco meses antes de su asesinato, por considerar que sus ingresos no eran suficientes para el sostenimiento de su familia, decidiendo abrir su propia página de noticias desde la plataforma de Facebook, cuyos ingresos económicos los cumplimentaba con su trabajo en el puesto de tacos que atendía al lado de su esposa en la casa ubicada en la calle Principal, Manzana 4, Lote 1, de la colonia Renacimiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz.
Así como fue el proceder inicial de la autoridad ministerial en el caso de Leobardo Vázquez Atzin, al que se le quiso negar su condición de periodista y la relación de su asesinato con su profesión primaria, solo por tener un trabajo alterno como propietario de una tienda de abarrotes y un puesto de tacos, también se procedió en el caso de Salvador Adame Pardo, otro periodista asesinado en función de su trabajo, en el municipio de Nueva Italia, Michoacán, al que finalmente no lograron quitarlo de la lista de periodistas ejecutados en el 2017, gracias a la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que fue insistente en señalar que el asesinato de este periodista su fue con relación al periodismo, como lo negó inicialmente la Procuraduría Estatal de Justicia de Michoacán.
Salvador Adame en Michoacán
Igual que a Leobardo Vázquez Atzín, en Veracruz, a Salvador Adame Pardo, en Michoacán, la pobreza lo orilló su desgracia; la mezcla de precariedad económica y la violencia del crimen organizado, terminaron por cobrarle la vida. En primera instancia, también la Fiscalía de Michoacán, intentó desacreditar la personalidad periodística de la víctima como principal móvil del secuestro y asesinato del que fue objeto. Bajo el mismo guión ensayado, el entonces procurador de justicia del estado, quiso atribuir el homicidio de Adame Pardo a un hecho personal que fue calificado como “lio de faldas”. Otra vez, nada más lejos de realidad.
“Salvador Adame Pardo era un periodista aguerrido. De esos que no se callan la boca. De los que les bulle en la sangre la necesidad de decir todo lo que saben, sin importar las consecuencias que pudiera tener por ello”. Así lo calificó el también periodista Antonio Ramos Tafolla, quien murió en el transcurso de esta investigación, el 6 de diciembre del 2018, a causa de complicaciones de la diabetes que ya lo aquejaban desde muchos años atrás. Un padecimiento –no sobra decirlo- que se le desencadenó como resultado de su trabajo informativo, luego de haber sido amenazado de muerte en por lo menos tres ocasiones por miembros del crimen organizado tan boyante en la zona de Tierra Caliente.
De acuerdo a Ramos Tafolla, su amigo Salvador Adame Pardo, nunca dejó de ser periodista, “ni cuando a causa de las dificultades económicos, porque el periodismo no le daba a veces ni para comer, tuvo que trabajar en una empresa embotelladora de agua”. Al contrario –me dijo Toño Ramos la última vez que hablamos por teléfono, unos días antes de su muerte-, “ese fue el tiempo en el que Salvador más se aferró a su trabajo de periodista, al que, me consta, le invertía parte de su sueldo que ganaba en la planta de agua para poder hacer sus reportajes”.
El trabajo de Salvador Adame Pardo, que lograba con una cámara de video para estructurar sus reportajes que pasaba en el noticiario nocturno del canal 6TV Tu Canal, de la televisión por cable de Nueva Italia, Michoacán, se centraba básicamente en la denuncia social y señalamientos a la administración municipal. Le preocupaba mucho el cuidado del medio ambiente. Por eso, cuando salía de su trabajo como embotellador de agua, tomaba su cámara y corría a buscar el reportaje que ya había estado planeando durante la mañana. Con las prisas del tiempo a cuestas, llega corriendo a su casa para editar las imágenes y grabar el audio para preparar la pieza que invariablemente él mismo presentaba como noticiero en su noticiario que cada vez ganaba más audiencia.
En la labor reporteril, Salvador Adame nunca estuvo solo, contaba con el evaluable apoyo de su esposa Frida Urtiz Martínez, a la que conoció cuando se inició en el periodismo televisivo, en el canal 4, donde se incorporó luego de dejar trunca su carrera de abogado. Frida Urtiz es hija del pionero del periodismo en Nueva Italia, Francisco Javier Urtiz, el que fundó el canal 4 de televisión por cable en 1995, donde rápidamente Chava, como le decía su suegro, ganó un espacio por lo valioso de sus trabajos informativos.
Cuando Salvador Adame tuvo la posibilidad decidió iniciar su propio canal de televisión. Se independizó de su suegro y abrió 6TV Tu Canal, el que al principio fue una fuente de empleo segura para él, su esposa y algunos reporteros que hicieron escuela de comunicación en esas instalaciones. Cuando el canal comenzó a perfilarse por el periodismo de denuncia, vino la emboscada: desde las administraciones municipales de Nueva Italia, le cerraron la posibilidad de lograr contratos de publicidad oficial, y no solo eso, desde diversas administraciones hubo presión para que los anunciantes comerciales retiraran el apoyo de publicidad con el que ayudaban al sostenimiento de ese medio informativo, que se alzó como el de mayor audiencia en los municipios de Nueva Italia (Múgica) y Lombardía (Gabriel Zamora), en pleno corazón de la Tierra Caliente Michoacana.
Con la publicidad oficial y comercial en retirada, fue cuando a principios del 2018 a Salvador Adame Pardo se le complicaron las cosas, contó Antonio Ramos Tafolla, “fue cuando para tratar de sobrevivir decidió emplearse en una planta embotelladora de agua, para lograr siquiera el sustento de la familia. Pero nunca se resignó a dejar de lado el periodismo, el que decía que era ‘el otro amor’ de su vida, que amaba con la misma pasión que le profesaba a Frida. Siempre tuvo la esperanza de que las cosas mejoraran en lo económico para estar de lleno en el plano informativo”. Pero eso ya no fue posible.
La necesidad o terquedad de Salvador Adame, lo llevaron a ser más incisivo en sus reportajes de denuncia social, en espera de que con ello creciera más su audiencia y así convencer a sus posibles anunciantes comerciales de lo viable de invertir en su canal. Incluso intentó acercase al gobierno estatal para lograr un convenio de publicidad, y poder así sobrevivir, pero los alcances del alcalde de Nueva Italia, Salvador Ruiz, del PRD, el mismo partido político al que pertenece el gobernador Silvano Aureoles, le cerraron las puertas del área de comunicación social a cargo de Julieta López Bautista.
El trabajo de investigación y denuncia al que Salvador Adame se sujetó como única tabla de salvación para persistir en el periodismo local, lo llevaron a confrontarse abiertamente con el alcalde Salvador Ruiz, el que no tuvo empacho en emprender una campaña de hostigamiento contra el comunicador y su canal, desacreditándolo públicamente desde el discurso oficial en cuanta ocasión se le presentaba. El punto de quiebre llegó el 6 de abril del 20106, cuando por un conflicto comunal un grupo de personas realizaron un plantón a la alcaldía de Nueva Italia, impidiendo las funciones del alcalde Salvador Ruiz, quien solicitó la intervención de la policía estatal para desalojar las instalaciones. Elemento de la Policía Michoacán, con el apoyo de fuerzas federales no solo hicieron el desalojo, sino que detuvieron a 19 mujeres que formaban parte de la manifestación.
La forma violenta con que las mujeres fueros sometidas, esposadas y subidas a las patrullas, fue documentada por Salvador Adame y su esposa, quienes en el ejercicio de su labor informativa también fueron golpeados, sometidos, esposados y detenidos por las fuerzas del orden, aunque fueron liberados horas después luego de haber despojado a los dos comunicadores del material filmado.
Por estos hechos, Salvador Adame y Frida Urtiz antepusieron una denuncia de hechos ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), situación que encolerizó al alcalde y vetó de todas las actividades informativas de su administración al periodista Salvador Adame, al que se le prohibió incluso pisar las instalaciones del palacio municipal. Antes de su muerte, Salvador Adame solicitó la ayuda de Artículo 19 para ponerse a salvo. Refirió que había sido secuestrado ya en tres ocasiones por miembros del crimen organizado. La organización “defensora de derechos de periodistas” solo se limitó a escuchar la queja del comunicador. Como en muchos otros casos, no hizo nada por sacarlo de la zona de riesgo en la que se encontraba el periodista.
A solo cinco días antes de que se emitiera oficialmente la resolución de la denuncia interpuesta ante la CEDH, Salvador Adame Pardo fue secuestrado por un comando armado. La tarde del 18 de mayo del 2017 el periodista fue “levantado” cuando salía de su trabajo en la planta embotelladora de agua. Estuvo desaparecido durante un mes y siete días.
Su cuerpo apareció calcinado el día 26 de junio de ese mismo año. Durante el tiempo que el periodista estuvo desaparecido, el día 23 de mayo, la CEDH emitió la resolución de la denuncia de hechos interpuesta por el comunicador. En esa sentencia el órgano defensor de los derechos humanos en Michoacán reconoció la violación de las garantías de las 19 mujeres que fueron detenidos en el conflicto, incluido el periodista y su esposa, por lo que se emitió una recomendación al cabildo de Múgica (Nueva Italia) “para sancionar al alcalde de ese municipio, por la comisión de actos violatorios de derechos humanos consistentes en violación a los derechos de la mujer, de la libertad a manifestarse y el derecho a protestar”,[1] una recomendación que el periodista ya no pudo conocer desde su cautiverio.
Como si se tratara de una broma del destino, solo un día antes del secuestro de Salvador Adame, el 17 de mayo del 2017, el gobernador Silvano Aureoles Conejo, al atender a la convocatoria del Gobierno de la República para discutir y dialogar sobre el Mecanismo de Protección de Periodistas, “reafirmó su compromiso de combatir a la delincuencia en todas sus expresiones, a través de estrategias unificadas que generan condiciones adecuadas para el ejercicio del periodismo y garantías para la libertad de expresión”.[2]
En esa reunión se anunció la decisión para establecer en Michoacán un protocolo de garantías a la seguridad de los periodistas y defensores de los derechos humanos, con lo que –dijo el discurso oficial- el gobierno estatal estaba dispuesto a no permitir ninguna agresión más “al mensajero”, y que habría justicia y castigo para quienes se opusieran a la libertad de expresión y al cotidiano trabajo de los periodistas.
Esa buena voluntad ya no la pudo conocer Salvador Adame. Él apareció calcinado en el paraje la Barranca del Diablo del municipio de Nueva Italia, al pie de un altar a la Santa Muerte, por lo que se presume que el periodista fue ofrendado en un rito de ese culto tan común entre los grupos delincuenciales. Los peritajes, tanto de la Procuraduría de Justicia de Michoacán como de la General de la República, determinaron que el cuerpo del periodista había sido quemado solo unas horas antes del hallazgo, pero que su muerte pudo haber ocurrido por lo menos 12 días antes, estableciendo como fecha probable del asesinato entre el 13 y el 14 de junio.
El hecho, evidentemente resultado de su trabajo periodístico, fue atribuido por el entonces procurador de Michoacán, Martín Godoy Castro -quien murió en un accidente aéreo, al desplomarse el helicóptero en el que viajaba, el 24 de julio del 2019- “a una situación personal”, la que primero dijo que se trataba de una venganza por “un lío de faldas” y luego se cambió a la versión del “cobro de una deuda”, por un crédito que supuestamente mantenía la víctima por la compra de un terreno. Ambas teorías, que trataban de desacreditar al periodista se vinieron abajo.
Por versiones de Daniel Rubio Ruiz, “El Cabezas”, detenido y acusado como parte de la célula criminal La Nueva Familia Michoacana, se estableció oficialmente que el asesinato de Salvador Adame fue ordenado por Feliciano Ramírez Ledezma, “El Chano Peña”, uno de los jefes fundadores de los grupos de autodefensa en Nueva Italia, quien fue relacionado en algunas de la investigaciones del periodista con el alcalde Salvador Ruiz, el que supuestamente le brindaba protección oficial para sus actividades delincuenciales. Al cierre de esta investigación, “El Chano Peña” permanecía prófugo de la justicia, bajo la acusación señalada por la PGR de haber sido el autor intelectual del asesinato de Salvador Adame.
La familia del periodista, sumida en la pobreza, tuvo que emigrar del municipio de Nueva Italia. Hoy se encuentra en algún punto del país, donde su viuda, Frida Urtiz Martínez, se sostiene económicamente con un puesto de comida que instala todas las tardes a las afueras de su domicilio; vende enchiladas, pozole, sopes, morisqueta (un platillo típico de la Tierra Caliente a base de arroz, frijoles y carne de cerdo), tostadas de lomo y pata de puerco, sin dejar de lado la herencia que le dejó su marido: el amor por el periodismo. Ella continúa con las trasmisiones de 6TV Tu Canal, solo que ahora lo hace desde la plataforma de la red social de Facebook.
[1] Derechos Humanos, Comisión Estatal, Recomendación al Cabildo de Múgica 019/2017, Morelia, Michoacán, 23 de mayo de 2017
[2] Comunicación Social, Gobierno de Michoacán, Boletín de Prensa “Condena Silvano Aureoles Asesinatos y Agresiones contra Periodistas y Activistas, 17 de mayo de 2017
