Por. J. Jesús Lemus/La Opinión de México
Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado como “descartada” la posibilidad de una intervención militar por parte de Estados Unidos en suelo mexicano, para combatir directamente a los cárteles de las drogas, en la élite gobernante de la 4T hay incertidumbre sobre las acciones que el gobierno del presidente Donald Trump pudiera llevar a cabo contra un grupo de narco políticos ligados a Morena.
Desde el pasado fin de semana, un grupo de al menos seis funcionarios federales, encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum, se han estado reuniendo a puerta cerrada en Palacio Nacional, para tratar de llegar a un punto en el que se pueda definir qué hacer en caso de que la administración Trump decida ir por los narcopolíticos de morena.
De acuerdo con la versión publicada por The Wall Street Journal, sobre la preocupación que existe en la elite gobernante, por la intención del presidente Trump de llevar ante la justicia norteamericana a algunos narcopolíticos ligados a Morena, tal decisión ha sido calificada por la presidenta Sheinbaum como “una exigencia insostenible”.
Con base en dicha clasificación, sobre las intenciones del presidente Trump, se delinea la postura del gobierno mexicano, de no entregar en ninguna circunstancia a nadie de los narcopolíticos ligados a Morena que están siendo reclamados, con base en sendas investigaciones judiciales, por parte del gobierno de Estados Unidos.
La preocupación de la élite de gobierno en México, que está buscando una salida a la “exigencia insostenible” de Trump, no es tanto por una posible invasión de fuerzas castrenses norteamericanas a suelo mexicano, sino la no entrega de un grupo de políticos de la Cuarta Transformación ligados a diversas actividades delictivas, y con diversos grupos del crimen organizado o de los cárteles de las drogas.
Los funcionarios mexicanos que representan la élite gobernante de la Cuarta Transformación y que buscan a toda costa una salida que no implique la entrega de los narcopolíticos reclamados por la justicia norteamericana, son la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
También, están participando en estas reuniones llamadas de “emergencia nacional”, el secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, el titular del Centro Nacional de Inteligencia, Francisco Almazán Barocio, y así como el secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.
Los nombres de la corrupción
De acuerdo con fuentes del Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos, se sabe que entre los narcopolíticos ligados a Morena que están siendo reclamado por el gobierno norteamericano, porque son mencionados dentro de algunas indagatorias judiciales, son los gobernadores Rubén Rocha Moya, de Sinaloa; Alfonso Durazo Montaño, de Sonora, y Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán.
En la lista de reclamados por la justicia norteamericana, por sus actividades delictivas, también se menciona al ex jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza, al senador Adán Augusto López Hernández, además del secretario de Educación, Mario Delgado Carillo.
Al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se le reclama en Estados Unidos por sus nexos con el Cártel de Sinaloa, por haber colaborado con el grupo de Los Chapitos, encabezado por Ovidio y Joaquín Guzmán López, de quienes recibió financiamiento para su campaña política para gobernador y por ello puso la seguridad del estado en manos de ese grupo criminal.
Además, Rubén Rocha Moya es una pieza clave para entender el secuestro de Ismael Zambada García, en donde fue asesinado Melesio Cuén y por lo menos otras cinco personas que fungían como escoltas. A Rocha Moya se le asocia con una red de lavado de dinero que permitió que fondos del narco fueran a financiar la campaña de Andrés Manuel López Obrador.
Al gobernador Alfonso Durazo Montaño se le reclama en Estados Unidos por la permisión que otorgó desde la Secretaría de Seguridad Pública, en el gobierno de López Obrador, para que el Cártel de Sinaloa se expandiera por todo el territorio nacional, otorgándole libre tránsito para el trasiego de cocaína desde Colombia y Venezuela para introducirla al mercado norteamericano.
Al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se le menciona en por lo menos tres indagatorias norteamericanas, la primera con relación a la protección del grupo criminal de Adalberto Fructuoso Comparan y su sociedad con el CJNG, el que mantiene sociedad y protección del gobierno estatal.
Una segunda investigación relaciona al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla con las actividades delictivas del Cártel de Los Viagra, encabezado por Nicolas Sierra Santana, y el Cártel de Tepalcatepec, liderado por Juan José Farías Álvarez, ambos narcotraficantes con recompensa sobre sus cabezas por parte del gobierno Estados Unidos.
La tercera investigación por la que el gobernador de Michoacán podría ser reclamado por la justicia norteamericana, es una que tiene que ver con el llamado Proyecto Neurona, un plan de medios y posicionamiento mediático, con aportación de fondos y lavado de dinero financiado por Bolivia y Venezuela, durante los gobiernos de Evo Morales y Nicolas Maduro.
Al senador Adán Augusto López Hernández, es más que evidente su reclamo por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se le señala de lo que es: cabeza de un grupo delictivo que operó desde la Secretaría de Gobernación para robar petróleo crudo a Pemex, refinarlo en Texas e introducirlo de nuevo a México, evadiendo el pago de impuestos.
Alfonso Romo Garza es reclamado por el gobierno de Estados Unidos por su red de lavado de dinero, que a través de sus bancos (CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa) puso a disposición de los cárteles Jalisco Nueva Generación, de Sinaloa y del Golfo, operando desde el Palacio Nacional, la sede central del gobierno federal.
Y finalmente a Mario Delgado Carrillo, el actual secretario de Educación, se le menciona a una indagatoria federal de Estados Unidos por su participación en una red del crimen organizado dedicada al robo de combustibles (Huachicol), que fue operada por el delincuente ya fallecido Sergio Carmona, el que financió compañas como la de la senadora Olga Sosa, y otros legisladores dentro de Morena.
La decisión del gobierno norteamericano, se sabe en el seno del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de ir por estos narco políticos ligados a Morena, es porque representan un riesgo a la seguridad regional, además de que no hay visos de que la justicia, la FGR, en México tenga intenciones de ir por ello.
