En 2025, la reforma al Poder Judicial, cantada durante años por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, dio sus primeros frutos, convirtiendo ese en un “año histórico”, ya que por primera vez en la historia moderna de México los jueces, Magistrados y ministros que integran el Poder Judicial de la Nación fueron electos mediante voto popular.
Dentro de la elección de los nuevos ministros, trascendió el nombramiento del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, quien no solo es el primer ministro presidente electo por voto popular, sino también el segundo abogado de origen indígena en ocupar dicho cargo, antecedido únicamente por Benito Juárez.
Por lo anterior, en sus hombros recayó una responsabilidad especial con las comunidades indígenas, a tal grado que el propio ministro ha expresado en múltiples ocasiones su intención de traer justicia y respeto para toda la nación, pero especialmente para los pueblos indígenas y sus tradiciones.
Frente a este panorama, resulta paradójico que el segundo presidente de la SCJN de origen indígena esté manchado por un escándalo de impunidad, relacionado con un chat en el que se compartieron imágenes ilícitas de índole sexual de distintas víctimas de las comunidades mixe y ayuujk, de Oaxaca, así como por el intento de soborno a la activista y abogada Sandra Domínguez y su posterior desaparición y asesinato.
El Ministro, señalado
El 2 de junio de 2025, el abogado, activista, colaborador y amigo de Sandra Domínguez, Joaquín Galván, hizo público que el ahora presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, intentó sobornar con un cheque en blanco a Sandra, a través del abogado Khistian Mahatma Hernández García —actual titular de la Unidad de Transparencia del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI)— con la intención de que cesara la denuncia y exhibición de un chat dentro de la aplicación WhatsApp llamado “Sierra XXX”, donde se distribuía material íntimo de mujeres indígenas. Dicho chat contaba con la participación de más de 100 hombres, entre ellos funcionarios del orden estatal y federal, varios pertenecientes al INPI.
De acuerdo con lo denunciado públicamente, en marzo de 2020 Sandra Estefana Domínguez Martínez se enteró de la existencia de este chat, luego de que un miembro del mismo le informara que habían colocado una fotografía de ella con signos de pesos como imagen de perfil. Tras investigar, logró documentar evidencia de la participación de figuras relevantes dentro del INPI, como Donato Vargas, coordinador general de Delegados de Paz Social, y Rolando Vásquez Pérez, jefe de plazas en la Dirección de Recursos Humanos del Instituto.
A partir de la denuncia de Sandra Domínguez —afirma Galván—, Hugo Aguilar, quien entonces encabezaba la Coordinación de Derechos Indígenas del INPI, envió a su colaborador, el abogado Khistian Mahatma Hernández García, para ofrecerle a Sandra un cheque en blanco a cambio de su silencio respecto a la participación de diversos funcionarios en el chat explícito “Sierra XXX”. De acuerdo con el testimonio de Joaquín Galván, Sandra “les dijo que no quería más que la destitución de Rolando Vásquez Pérez, jefe de plazas del INPI”.
Ante las denuncias contra Vásquez Pérez, Adolfo Regino Montes — el titular del INPI desde 2018 a la fecha— dijo que notificó al Órgano Interno de Control del Instituto; sin embargo, demeritó la gravedad de la situación al argumentar que, aunque se tratara de funcionarios públicos de Oaxaca, “son ciudadanos y como cualquier ciudadano tienen sus grupos de WhatsApp”.
La ONU y la FGR, en escena
El 24 de marzo de 2020, a días de lo ocurrido, y mediante el comunicado INPI 27-2020, el Instituto informó la separación de Rolando Vásquez de su cargo en la Dirección de Recursos Humanos. La decisión se dio luego de la presión ejercida a través de una carta pública firmada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y diversas organizaciones de mujeres, en la que se exigían acciones al INPI en torno al caso de violencia sexual digital contra mujeres mixes en un chat con la participación de Vásquez Pérez.
En el mismo comunicado, el INPI señaló que estaba “resuelto a impulsar una política de cero tolerancia a la violencia de género en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y hacia la sociedad en general, particularmente en el contexto de los pueblos indígenas y afromexicanos”. Además, se dio parte de la participación de Rolando Vásquez al Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública para la aplicación de las sanciones correspondientes, y se presentó la denuncia ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra la Mujer y la Trata de Personas de la Fiscalía General de la República (FGR).
Así, el INPI se quitó de encima el escándalo del chat “Sierra XXX”. Sin embargo, persistió la ausencia de justicia, pues a pesar de que se comprobó mediante capturas de pantalla la participación no solo de Vásquez Pérez, sino también de Donato Vargas —coordinador de delegados del programa estatal “Paz con Justicia y Bienestar para el Pueblo de Oaxaca”—, este último se mantiene hasta hoy en el mismo puesto dentro del gobierno de Salomón Jara.
Donato Vargas, otro chat y la desaparición de Sandra
En abril de 2023, con la certeza de que la justicia es ajena cuando existe colusión con el poder político, surgió un nuevo chat en el que se distribuían imágenes de carácter sexual sin el consentimiento de quienes aparecían en ellas, denominado “Mega-Peda”. Las víctimas eran, al igual que en la ocasión anterior, mujeres mixe y ayuujk. En dicho chat participaban los mismos funcionarios que en el anterior y, de acuerdo con el testimonio de Sandra, su creación habría sido obra de Donato Vargas.
Por si fuera poco, en abril de 2023 se sumó una denuncia pública realizada por Martha Aracely Cruz Jiménez, actual diputada federal del Partido del Trabajo y expareja de Vargas, quien lo señaló por maltrato, amenazas y violencia ejercidas durante más de una década.
Dicha denuncia fue acompañada por Sandra Domínguez, colectivos feministas y la Red Nacional de Abogadas Indígenas. De acuerdo con Cruz Jiménez, Donato Vargas la habría golpeado y amenazado con un machete y con arrojarle ácido si denunciaba; además, afirmó que a raíz de dichas agresiones perdió a dos hijos que esperaba.
En esta denuncia pública, Aracely Cruz respaldó los señalamientos de que Donato Vargas participó en la creación del chat “Mega-Peda”, con el mismo modus operandi ya evidenciado por Sandra en 2020. De acuerdo con los testimonios de Aracely, otros participantes de este grupo fueron Pablo Díaz Jiménez, exdiputado local de Morena y coordinador de delegados de Paz Social; Saúl Tablada, subdirector de la Coordinación de Paz; Ricardo Zenteno, delegado de Paz Social; Francisco Vázquez, consejero de Morena, y Humberto “Beto” Santos, entonces presidente municipal de Santa María Zacatepec.
Humberto Santos, quien también fue profesor en la región, a pesar del señalamiento público sobre su participación en los chats “Sierra XXX” y “Mega-Peda”, se lanzó como precandidato del Movimiento Regeneración Nacional a la diputación local por el distrito 10 Mixe-Choápam.
Sin embargo, fue bajado de la contienda luego de que colectivos y mujeres enviaran una carta dirigida a la entonces secretaria general de Morena, Citlalli Hernández; al dirigente estatal del partido, Sesul Bolaños, y a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, en la que denunciaban su participación en violencia sexual digital.
Santos afirmó que no participó en dichos chats y que estos ni siquiera existían, por lo que se dijo inocente ante los medios de comunicación. No obstante, la existencia del chat quedó acreditada en el oficio del INPI CGAJ/2020/OF/342, en el que se emiten medidas de protección a una víctima y se aceptan las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respecto al chat “Sierra XXX”, por el cual también existe una denuncia ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la FGR.
El 4 de octubre de 2024, tras casi un año de la denuncia, se reportó la desaparición de Sandra Domínguez y su esposo, Alexander Hernández, cuando viajaban en su camioneta en el municipio de María Lombardo de Caso, Oaxaca, donde residían.
Familiares de Sandra notificaron su desaparición a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca el 8 de octubre, por lo que las labores de búsqueda comenzaron al día siguiente, encabezadas por dicha institución.
En los días posteriores, organizaciones como Amnistía Internacional, la Federación Internacional por los Derechos Humanos y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exigieron al gobierno la presentación con vida de la defensora y activista, destacando el riesgo que implicaba su labor de acompañamiento y denuncia de violencia contra mujeres indígenas, así como el caso de mayor impacto en el que trabajó, relacionado con el chat “Sierra XXX”.
Durante los primeros días de la desaparición del matrimonio, Donato Vargas fue separado momentáneamente de su cargo ante los cuestionamientos de colectivos y defensoras que señalaron su probable responsabilidad en el hecho. No obstante, el gobernador Salomón Jara afirmó que la “persecución” contra Vargas era un asunto “muy insistente, de manera, siento yo, muy personal, muy de hígado, más que de otra cosa”, y defendió al funcionario al señalar que “no hay ningún argumento, ningún avance como para decir que uno de los funcionarios del gobierno esté involucrado en esto [la desaparición]”.
Vargas compareció ante la Fiscalía General de Justicia del estado el 17 de octubre, dos días después de que la CNDH emitiera un posicionamiento al respecto y de que testigos señalaran que, luego de que Sandra Domínguez evidenció los chats en los que participaba Donato, este la habría amenazado.
A pesar de los posicionamientos y exigencias de organizaciones internacionales y de la firma de otras 3 mil 500 personas a nivel nacional, aquel viernes 4 de octubre fue el último día que se vio con vida al matrimonio.
Una fosa, ningún sentenciado y el imperio de la impunidad
Días después de la desaparición de Sandra Domínguez y su esposo, la camioneta en la que viajaban, propiedad del matrimonio, fue localizada en estado de abandono por la Fiscalía de Oaxaca en el estado de Veracruz. A partir de ese momento, el último paradero de Sandra quedó revelado, aunque los peritos de la Fiscalía aún lo desconocieran.
Durante poco más de siete meses, familiares, amigos, organizaciones, activistas y ciudadanía en general buscaron el rastro de Sandra y Alexander sin éxito, hasta el 24 de abril de 2025, cuando, mediante un comunicado, la familia de la defensora ayuujk informó su retorno a casa, aunque no en las condiciones esperadas: fue hallada muerta junto a su esposo en una fosa clandestina, a 34 kilómetros de donde fueron vistos por última vez.
Sus restos fueron localizados al interior de un rancho en el poblado de La Ceiba, municipio de Unión Progreso, Santiago Sochiapán, estado de Veracruz.
Tras el homicidio de Sandra, la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez denunció que este podría estar relacionado con el acompañamiento que la activista le brindó en su denuncia contra Donato Vargas, pues afirmó que los ataques por parte de grupos políticos encabezados por Vargas se incrementaron a raíz de la conferencia conjunta que ofrecieron en abril de 2023.
Además, señaló que en dichos chats también participó Azael Santiago Chepi, enlace legislativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), situación que, dijo, fue informada a Mario Delgado, secretario de Educación Pública, y a Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, quienes, a pesar de tener conocimiento al menos desde el 27 de marzo de 2025, han hecho caso omiso a las denuncias.
A pesar de los señalamientos, a la fecha todos los funcionarios señalados tanto por Sandra Domínguez como por la diputada Cruz Jiménez —quien incluso ha entregado pruebas de los chats y de la participación de estos funcionarios a la FGR y al gobernador Jara— se mantienen en sus cargos, con excepción de Rolando Vásquez.
La Fiscalía estatal -para desviar la atencipon del caso- ha intentado inculpar al esposo de Sandra, Alexander Hernández, de pertenecer a una célula delictiva, por lo que la ejecución estaría relacionada con ese móvil; sin embargo, no se han presentado pruebas que acrediten dicha versión.
Por otro lado, la participación del ahora presidente de la Suprema Corte, máximo impartidor de justicia del país, ha impedido que se otorgue justicia a la memoria de Sandra y a su familia. Lejos de imapartir justicia, su intervención en el intento de silenciar a la activista es parte de un engranaje más en la maquinaria de impunidad construida por el gobernador Salomón Jara y el titular del INPI, Adolfo Regino.
¿De qué sirve tener un ministro indígena si no marca una diferencia en la impartición de justicia en el caso de una activista defensora de mujeres indígenas víctimas de violencia? A casi un año del hallazgo de los cuerpos de Sandra y Alexander, la justicia sigue siendo lejana. El mensaje a la delincuencia es claro.
