Por. J. Jesús Lemus
La forma en que las empresas aliadas con el gobierno federal han comenzado a despojar del agua a la población, siempre va revestida de una intención de desarrollo. Siempre se argumenta en el discurso oficial que el uso de los mantos freáticos y/o la concesión de las aguas superficiales tienen como finalidad mejorar la forma de vida del grueso poblacional, mediante la generación de empleos, pero nunca es así.
El Estado mexicano, en atención a los intereses del capital trasnacional, deja siempre en segundo plano las necesidades de la población, aun sabiendo que el agua es el sustento para cualquier forma de vida, y que en nuestro país –igual que en el resto del mundo- el acceso al agua potable es uno de los factores más importantes que se consideran para abatir el rezago social y la pobreza extrema.
Pero no solo eso, al gobierno mexicano, al menos el de las últimas tres administraciones federales, ni siquiera le ha movido el hecho de que el despojo del agua no solo ha puesto en riesgo la salud de comunidades completas, sino que ha trastocado totalmente la vida colectiva de las poblaciones, al emparejar al arrebato del agua con el despojo de su propio territorio. El caso más emblemático ocurre en el estado de Jalisco, en las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, del municipio de Cañadas de Ocampo.
Aquí, con la intención de abastecer de agua potable a la ciudad de León, Guanajuato, a la Zona Metropolitana de Guadalajara y a la región de Los Altos en el estado de Jalisco, se puso en marcha el controvertido Proyecto Presa El Zapotillo, avalado por la CNA y los gobiernos de esos estados. Pero el agua de este proyecto no será para beneficio del suministro a la población; la verdadera intención es proveer de agua a la planta industrial asentada en esas regiones, la que ha ido en crecimiento y ya ha consumido la mayor parte de los mantos acuíferos subterráneos disponibles.
A causa del uso del agua con fines industriales, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, hasta principios del 2019, ya se registraba un déficit en el suministro a la población, luego que los más de Mil 125 millones de metros cúbicos de agua disponibles por año estaban siendo agotados a razón de una extracción de 14.5 metros por segundo, lo que supone el agotamiento de las reservas de agua en menos de tres años.
Lo mismo ocurre en la zona urbana de León, en donde las reservas tasadas en 995 millones de metros cúbicos de agua al año, estaban siendo extraídas a razón de 7.7 metros por segundo, lo que arroja el desalentador panorama de un desabasto total de agua en un periodo no mayor a los dos años, es decir que los habitantes de León se podrían quedar sin la posibilidad del agua antes del año 2020.
Bajo el pretexto de un plan de suministro a largo plazo para los habitantes de estos dos centros urbanos, en donde se concentra casi el 25 por ciento de las industrias trasnacionales que han llegado a México en los últimos 12 años, fue que el gobierno federal decidió trasvasar el agua desde el Rio Verde, en la zona de Los Altos en Jalisco, hacia las zonas de León y Guadalajara, instituyéndose el proyecto Presa El Zapotillo, lo que ha generado un conflicto con los habitantes de las poblaciones de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, municipio de Cañadas de Ocampo.
La oposición de los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, no solo es por el arrebato del agua, que ellos utilizan para el sustento de sus actividades domésticas y para la actividad agrícola, sino porque el citado proyecto incluye la desaparición de esas tres comunidades, que serían sepultadas bajo el agua con la construcción de un dique para formar la presa que contendrá toda el agua del Rio Verde.
Por eso el gobierno federal ha comenzado a promover entre los vecinos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el convencimiento para que acepten la reubicación, toda vez que sus viviendas “estorban” al proyecto de la Presa El Zapotillo, el que fue concebido por el gobierno de Vicente Fox, y que a la fecha cuenta con la restricción de un juez federal que otorgó un amparo a favor de las comunidades para suspender los trabajos.
Desde la óptica del gobierno federal de las últimas tres administraciones, se ha promocionado La Presa El Zapotillo como una de las obras hídricas más importantes del país en los últimos cincuenta años, pero para los pobladores afectados se observa como el mayor despojo del territorio y el agua de una comunidad que se tenga en la historia del país, pues está obligando a la dispersión de un grupo poblacional de más de 600 familias, que suman casi 180 mil habitantes.
El proyecto de La Presa El Zapotillo, para cuya construcción el gobierno federal proyectó en 2009 una inversión de 7 mil millones de pesos, y que a la fecha ya se ha elevado el costo a más de 13 mil 578 millones de pesos, fue entregado para su ejecución a las empresas FCC Construcción (Fomento de Construcciones y Contratas) de España, cuyo socio principal es el mexicano Carlos Slim, y a las mexicanas La Peninsular y Grupo Hermes, propiedad de Carlos Hank Rhon. Mientras, el acueducto que llevará el agua hasta León, a una distancia de 140 kilómetros, lo construye la empresa española Abengoa México, propiedad de los empresarios Javier Benjumea y José Manuel Abaurre.
Los grupos ambientalistas que acompañan a los pobladores desplazados y a los que resisten el despojo de sus viviendas, saben que enfrentarse al proyecto de La Presa El Zapotillo es una empresa difícil, no sólo porque la firma que lleva a cabo los trabajos de las obras es una de las consentidas del gobierno mexicano, sino porque ese consorcio está ligado al hombre más rico de México: Carlos Slim.
Las razones de los opositores al proyecto Presa El Zapotillo para suponer que no habrá forma de detener la obra no son supuestas; la empresa FCC, de la mano del empresario Carlos Slim, quien ha sido reconocido por el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador como “un visionario”, se ha adjudicado en los últimos años obras de notable envergadura económica, en donde los conflictos sociales con los propietarios naturales del suelo no han quedado de lado, como fue el caso de los trabajos de construcción de la autopista Durango-Mazatlán, o la del tramo Nuevo Necaxa-Tihuatlán en la autopista México-Tuxpan, las que pese al malestar social, se pudieron llevar a cabo.
FCC Construcciones, la que promovió la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, también es reconocida por los conflictos sociales generados con ejidatarios de Coatzacoalcos, Veracruz, en donde construyó un túnel sumergido que tendrá bajo su concesión por 45 años, para el cobro de peaje.
La firma FCC no solo se ha distinguidos por la facilidad con la que accede a las obras concesionadas del gobierno federal, también brilla por la cantidad de conflictos sociales que genera entorno a sus operaciones en los puntos de ejecución de los trabajos, además de por su natural condición de inflar los precios de las obras, las que terminan con montos más elevados de los acordados en las licitaciones.
En la construcción del túnel sumergido Coatzacoalcos-Villa Allende, que estaba pactado a razón de una inversión de 2 mil 600 millones de pesos, finalmente, luego de 13 años de trabajos, tuvo inversión de 5 mil millones de pesos, los que insólitamente y sin mediar auditorias técnicas de por medio fueron reconocidos y pagados por la federación a favor de FCC Construcciones.
Igual sucedió en la construcción de la autopista Durango-Mazatlán, la que al terminó de los trabajos representó una inversión de 28 mil 600 millones de pesos, cuando el monto inicial se había contemplado por debajo de los 24 mil millones de pesos; solo en la construcción del Puente Baluarte, se calculó invertir Mil 113 millones de pesos, pero terminó con una inversión de 2 mil 099 millones de pesos, también sin ninguna objeción por parte del gobierno federal.
