Luego del anuncio realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 4 de febrero, en el que informó sobre la alianza entre los gobiernos de México y Estados Unidos para elaborar un “Plan de Acción Conjunta sobre Minerales Críticos”, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) externó su rechazo a lo que calificó como la “subordinación de nuestro país a la política belicista estadounidense”. Además, alertó que, a raíz de este acuerdo, podrían incrementarse las actividades extractivas, las afectaciones contra las comunidades originarias y el daño a los recursos naturales del país.
De acuerdo con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, este plan se desarrollará en los próximos 60 días —a partir del 5 de febrero—. Ambos países presentarán distintas iniciativas y alternativas para el desarrollo de políticas y mecanismos comerciales coordinados que permitan la importación y garanticen la línea de suministro de minerales críticos.
Según la Secretaría de Economía, dicho plan es necesario a raíz de “políticas y prácticas generalizadas de carácter no orientado al mercado que han dejado las cadenas de suministro de minerales críticos de las economías de mercado vulnerables a una variedad de disrupciones, incluida la coerción económica”.
Parte de lo que denuncia la REMA es que este plan, presentado como “un nuevo paradigma para el comercio preferencial de minerales críticos”, se trata en realidad de la implementación de un nuevo instrumento de subordinación política que, al igual que otros tratados como el T-MEC, se da en una amplia condición de desigualdad, aprovechando la dependencia económica de México con Estados Unidos.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería advierte que el uso del concepto de “minerales críticos” es una trampa discursiva con la que se legitima e impone una supuesta necesidad colectiva para potenciar el extractivismo minero.
Por otra parte, advierten que la aceptación de este plan por parte del gobierno de México podría significar el incremento de los llamados proyectos estratégicos o de interés nacional —como el caso del Tren Maya o del litio—, lo que implicaría la agilización de trámites, la flexibilización normativa, las expropiaciones y la militarización necesarias para permitir la extracción minera.
La organización teme que, en caso de que se identifiquen proyectos prioritarios de explotación de estos “minerales críticos”, Estados Unidos y México desplieguen un aparato político y económico de coerción para imponer dichos proyectos, particularmente en comunidades que se oponen a ellos. Además, advierte que esto podría agudizar la crisis de militarización en el país e incrementar la criminalización de defensores del territorio, lo que derivaría en una mayor violencia en las regiones donde se pretendan ejecutar dichos proyectos.
El periodista Jesús Lemus, en sus libros “México a Cielo Abierto”, “Michoacán en Guerra” y “La Guerra del Litio”, ha denunciado cómo la extracción minera tiene una profunda relación con los lugares de mayor violencia en el país, como Zacatecas y Michoacán, donde mineras extranjeras han realizado pactos con organizaciones del crimen organizado que permiten el funcionamiento de la extracción de minerales.
De acuerdo con el periodista de investigación, en caso de que dichas mineras no logren conseguir un acuerdo con el crimen organizado, estas empresas recurren a armar a la población para que expulse a las organizaciones criminales, con la condición de permitir la extracción minera, como ocurrió en Michoacán con las llamadas “autodefensas”.
Por otro lado, las relaciones entre empresas extractivistas y el crimen organizado han permitido la expulsión de comunidades en distintas partes del país que se opusieron a la instalación de mineras en su territorio, por lo que resulta más rentable para las compañías establecer pactos con la delincuencia para ahuyentar a la población y atentar contra los defensores del territorio que encabezan movimientos contra la minería.
Finalmente, la REMA cuestionó lo expresado por la presidenta Sheinbaum en su conferencia del 9 de febrero, donde presumió la recuperación de 200 concesiones mineras e indicó que “los recursos naturales no se entregan”.
La presidenta también negó que se esté iniciando un proceso de apertura de minas en el país; sin embargo, de acuerdo con documentos consultados por la REMA, pertenecientes a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en 2025 la institución aprobó 16 Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIAs) para trabajos de exploración minera y negó únicamente tres, lo que muestra la flexibilidad con la que la normativa y el discurso se presentan ante los intereses extractivos.
Además, señalan que el informe anual 2025 elaborado por la Cámara Minera de México (CAMIMEX) anuncia, respecto al extractivismo de oro, cuatro expansiones de minas y 11 nuevos proyectos con fechas de apertura que abarcan de 2025 a 2029. En cuanto a la extracción de plata, se esperan tres expansiones mineras y 15 nuevos proyectos; respecto al cobre, se estiman dos expansiones y siete nuevos proyectos de extracción. Por ello, la recuperación de 200 concesiones no representa ni el 0.90 por ciento de las 22 mil 583 concesiones mineras vigentes en 2025.
