Por. J. Jesús Lemus
A finales de la década de 1980, aun con la presencia del cártel de Sinaloa en Michoacán con el Cochiloco, que recibía la cocaína que llegaba de Colombia, y la familia Valencia suministrándoles mariguana y amapola, surgió otro grupo que se sumó al “mini cártel” de Tito Chávez: la familia de Nemesio Oseguera cervantes, quien más tarde, al lado de sus cuñados los González Valencia, los Cuinis, fundaría el cártel Jalisco Nueva Generación.
Desde su aparición, las familias en torno a Nemesio Oseguera Cervantes mantuvieron una confrontación directa con la familia Valencia, a la que se negaban a vender sus cosechas. Ya para principios de 1990 Nemesio y su grupo controlaban el trasiego de droga en la zona de Coalcomán y Tepalcatepec. A sus seguidores pronto se les conoció también como el grupo de los Treinta, porque inicialmente fueron treinta los jóvenes que reclutó entre todas las familias de esas poblaciones para vigilar y resguardar los cultivos de mariguana. El grupo de los Treinta pronto se convirtió en una banda de sicarios que azotó la zona de Apatzingán en su cacería de los integrantes de la familia Valencia, que seguía en expansión.
En la guerra declarada entre el grupo de Nemesio Oseguera y la familia Valencia —que mantenía el respaldo del cártel de Sinaloa— se fue definiendo la narco geografía del estado: el puerto lo controlaba Manuel Salcido Uzeta, del cártel de Sinaloa, al servicio del cártel de Pablo Escobar; la familia Valencia mantenía el control de los municipios de Uruapan, Churumuco, Coahuayana y Arteaga y gran parte del corredor de la costa michoacana. Las familias de Tito Chávez, José Luis Mendoza y José González, quienes siguieron suministrando mariguana al cártel de Guadalajara, se replegaron hacia los municipios de Buenavista Tomatlán y Apatzingán.
La derrama económica del narcotráfico comenzó a notarse. A principios de 1979, la Federación reconoció el trasiego de droga en la entidad y diseñó un operativo para el desmantelamiento de las redes del narcotráfico; el procurador del presidente José López Portillo, óscar Flores Sánchez, trazó un programa emergente para su combate. Una primera incursión de elementos de la pgr dejó como saldo la detención de 26 personas por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.
La Federación repitió la medida —de impacto mediático— a principios de 1989, cuando el procurador del presidente Carlos Salinas de Gortari, Enrique Álvarez del castillo, consiguió una nueva andanada de detenciones. En ese periodo el número de michoacanos detenidos acusados de narcotráfico llegó a 574, y fue la base del discurso oficial durante varias semanas.
Enrique Álvarez del castillo fue acusado después de estar directamente involucrado en el asesinato del agente de la dea Enrique Camarena Salazar; además se le vinculó a una red de políticos jaliscienses que cobijaron en algún momento de su gestión pública a miembros del cártel de Guadalajara, de los que fueron vecinos en lujosos cotos de la capital de Jalisco. Fueron tejiendo en ese estado una red política de protección a este cártel, entre otros, Flavio Romero de Velasco, Carlos Rivera Aceves y Enrique Álvarez del castillo. Se les señaló por lo menos de haber convivido con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca y permitir sus actividades; estos últimos también se avecindaron en Michoacán.
El Chapo Guzmán y Amado carrillo Fuentes se establecieron en forma permanente en el municipio de Coahuayana, en tanto que Félix Gallardo y Ernesto Fonseca se asentaron en una propiedad denominada La Tupitina en la comunidad de San Juan de Alima. El rancho era propiedad de Mamés Eusebio Velázquez Mora, quien fuera alcalde de Aquila; el predio La Tupitina fue incautado por la pgr y posteriormente convertido en la sede de la 10ª. Zona Naval de la Marina.
En tanto se daba el asentamiento del cártel de Sinaloa en la zona costera de Michoacán —la que siempre fue atractiva tanto para recibir cocaína de Colombia como para enviar droga por el Pacífico hacia Sinaloa y Baja california—, un nuevo grupo se hizo presente en el estado, atraído por la calidad de la mariguana y la amapola, que crecen casi en forma natural en la zona serrana entre la costa y la Tierra caliente. El cártel del Golfo comenzó a maniobrar para adentrarse en las estructuras de los “mini cárteles”.
Aun cuando la presencia de este cártel se registra claramente a mediados de la década de 1980, desde el decenio anterior ya un norteño comenzaba a traficar con mariguana de Michoacán para enviarla a Tamaulipas: Chito cano, un regiomontano que financiado por Juan Nepomuceno Guerra suministraba armas desde la frontera norte a la guerrilla encabezada por Lucio cabañas en Guerrero, fue el primero en enviar cargamentos.
cano tuvo contacto en Michoacán con los hijos y sobrinos de Gervasio Valencia, con quienes estableció las primeras compras de la hierba. cuando Juan García Abrego tomó el control de la red de tráfico de drogas en Tamaulipas que organizara Juan Nepomuceno Guerra, Chito cano comenzó a trabajar para el naciente cártel del Golfo haciendo envíos constantes de mariguana y amapola por conducto de las líneas comerciales de camiones de carga. Aliado con los Valencia, organizó con ellos persecuciones directas contra las otras familias dedicadas al cultivo y venta de mariguana en Michoacán; al vincularlos con el cártel del Golfo, se dejaron de mandar cosechas de mariguana hacia el estado de Sinaloa.
La familia Valencia observó la posibilidad, en aras de una mayor utilidad económica, de introducir directamente la droga a Estados Unidos a través de la frontera de Tamaulipas, que era ya territorio del cártel del Golfo. Chito cano medió con los mandos del cártel y organizó una reunión en Morelia entre Juan García Abrego y Armando cornelio Valencia: allí diseñaron una estrategia común para el trasiego de droga desde Michoacán hacia el estado de Texas. A Chito se le atribuye haber abierto la ruta de drogas desde los estados del sur mexicano hacia Estados Unidos.
En ese encuentro también estuvo presente Guillermo González Calderoni, comandante de la entonces Policía Judicial Federal (pjf), y se formalizó la alianza entre los Valencia y el cártel del Golfo. Se supo después que García Abrego acudió acompañado del que sería su sucesor, óscar Malherbe de León. Llegaron a un acuerdo: los Valencia tendrían acceso a la frontera tamaulipeca si el cártel del Golfo podía tener presencia en el puerto de Lázaro cárdenas.
En muestra de buena fe por la alianza pactada, García Abrego mandó un ejército de exmilitares para apoyar las actividades de los Valencia para conseguir el control de Michoacán, entre ellas mantener a raya a las familias que formaban el grupo de Tito Chávez; iban comandados por Arturo Guzmán Decena. La presencia del Z-1 en Michoacán fue sanguinaria: trató a la población civil como un objetivo a conquistar mediante el terror. Sus combatientes pronto aprendieron la técnica psicológica del miedo y comenzaron a identificarse en la zona con la clave Z.
Arturo Guzmán Decena, que pasó al crimen organizado tras pertenecer a la pjf, y con formación militar en el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (gafe), siguió utilizando el lenguaje policial: los Z o Zetas eran los militares dentro de la PJF en funciones de policías, designados jefes de grupo; los M o Metros eran los militares designados agentes policiacos; los X o Equis eran los comandantes, y los Y o Yanquis eran los delegados en el estado.
A finales de la década de 1990, la disputa por el puerto de Lázaro cárdenas no era ni remotamente entre los “mini cárteles” de Michoacán, y tampoco eran los cárteles de Sinaloa y del Golfo quienes estaban dejando el reguero de sangre: los verdaderamente interesados en la ruta del narcotráfico que significaba el punto eran los cárteles de cali y Medellín, que utilizaron a los dos principales cárteles mexicanos como sus brazos armados para ganar la entrada al norte del continente.
A los cárteles de Cali y Medellín, desde que conocieron la entrada en operación del puerto michoacano, les interesó buscar su control: significaba una ruta más segura y rápida para la cocaína colombiana que tenía su destino en Estados Unidos. La droga que llegaba allí estaba a menos de veinte horas de la frontera de Tamaulipas, reduciendo así riesgos y aumentando las utilidades. La distribución de cocaína del cártel de Medellín fue tan eficiente al entrar por Michoacán que uno de sus clientes fue la propia familia Valencia. Por su parte, los Valencia suministraron drogas al naciente cártel de Tijuana, el que comenzaban a organizar los hermanos Arellano Félix.
Los Valencia buscaron el cobijo de los Arellano Félix porque veían la fragilidad en que se mantenía la alianza con el cártel del Golfo, que a su vez seguía haciendo negocios con otros grupos de productores de drogas de Michoacán. Uno de ellos lo encabezaba Carlos Alberto Rosales Mendoza, mejor conocido como el Carlitos; para estar al tanto de los acuerdos y alianzas para el trasiego de drogas, él y dos de sus hombres más cercanos mantuvieron contacto con osiel cárdenas Guillén: Nazario Moreno González, el Chayo, y Servando Gómez Martínez, la Tuta.
Pronto el grupo de Rosales logró convencer a decenas de familias y “mini cárteles” independientes para que la producción de mariguana se canalizara por los conductos comerciales establecidos con el cártel del Golfo. La mayor parte de los productores aceptaron su propuesta, sólo la familia Valencia se mantuvo sin posibilidad de diálogo; ésta seguía manteniendo un amplio acercamiento con el cártel de Medellín y con el grupo del Chapo Guzmán, que continuaba operando en la zona del puerto de Lázaro cárdenas.
El estado mayor del grupo de Rosales Mendoza, que por su alianza con el cártel del Golfo tenía a su vez el respaldo directo del brazo armado ya conocido como los Zetas, lo conformaban Jesús Méndez Vargas, Dionisio Loya Plancarte, Enrique Plancarte Solís, Servando Gómez Martínez, Arnoldo Rueda Medina y Nazario Moreno González, los que mantenían y tejieron más contactos a nivel estatal y municipal con las estructuras de gobierno no sólo en Michoacán, sino también en Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Guerrero, Estado de México, Zacatecas y Aguascalientes.
La alianza entre el cártel del Golfo y los Valencia duró poco. A Osiel Cárdenas no le gustó el acercamiento de los Valencia con los colombianos del cártel de Medellín —socios reconocidos del cártel del Pacífico, del Chapo— para el suministro de cocaína: se rompió el pacto y comenzó una encarnizada guerra entre los Zetas y los miembros de la familia Valencia. Al lado de los Zetas comenzó a pelear el grupo de carlos Rosales; la balanza se inclinó a favor del cártel del Golfo. Entraba el año 2000 y la familia Valencia —que sumaba más de dos mil empleados en el trasiego de drogas en el estado— comenzó a autodenominarse cártel del Milenio.
Entre los años 2001-2006 Osiel cárdenas mantuvo un pleno dominio del estado de Michoacán; la sanguinaria campaña de los Zetas fue venciendo poco a poco la resistencia de la familia Valencia, ya reconocida como cártel del Milenio. En la zona de la costa y en el puerto michoacano las células del cártel de Sinaloa siguieron asentadas para apoyar a sus socios del cártel de Medellín. La presencia de los Zetas en la entidad también obligó al cártel de los Amezcua —que mantenían presencia en la zona del puerto— a desplazarse hacia la región de colima.
En 2002 un nuevo actor se sumó a la lucha por el control del puerto michoacano: un grupo de militares vestidos de civil, por órdenes del general Jesús Gutiérrez Rebollo, ingresó a la zona portuaria para hacerse con su operación. Buscaban allanar el camino para el cártel de Amado carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos: entre 2002 y 2004 la lucha fue a muerte entre los Zetas y los militares vestidos de civil de Gutiérrez Rebollo. Sin embargo, Amado carrillo se tuvo que conformar con asentarse en el municipio de Uruapan, a poco más de doscientos kilómetros de distancia del puerto.
El grupo de los Zetas que arribó a Michoacán bajo las órdenes de Heriberto Lazcano, el Lazca o el Z-3, en su mayoría eran ex integrantes del gafe del Ejército mexicano; todos fueron formados por militares israelíes y estadounidenses, y se especializaron en el combate a movimientos insurgentes. Frente a la estrategia de los “mini cárteles”, que buscaban lealtades entre la población civil, los Zetas aplicaron una táctica de terror, viendo además las propiedades de sus víctimas como botín de guerra.
La estrategia planteada por cárdenas Guillén era simple: al final del proceso de conquista que se llevaría a cabo en Michoacán, el cártel del Golfo se quedaría con el negocio del trasiego de las drogas en tanto que los Zetas se apropiarían de todos los bienes requisados a sus víctimas. A los exmilitares se les garantizó libertad para extorsionar, secuestrar, robar, violar y matar a la población que no se ajustara a su disciplina de mando.
La delincuencia común no organizada, dedicada al robo de autos, asaltos, trata de personas, prostitución y narcomenudeo, pronto tuvo que someterse a las disposiciones de los Zetas, que comenzaron por aplicar el cobro de piso y las cuotas para permitir el ejercicio de actividades ilícitas. Los que se negaron a pagar las cuotas establecidas fueron los primeros en aparecer decapitados al lado de leyendas escritas en cartulinas, con errores ortográficos deliberados, que a través de su réplica en los medios locales de comunicación daban cuenta del nuevo orden de gobierno en Michoacán.
Pacto con los Zetas
Para contrarrestar la sanguinaria acción de los Zetas, el cártel del Milenio pactó con la familia de Nemesio Oseguera a fin de alcanzar un periodo de paz. como parte de ese armisticio, Oseguera puso a las órdenes del cártel al legendario grupo de los Treinta, a fin de encarar a los Zetas; los Valencia reconocieron que con esos sicarios no era suficiente y optaron por contratar a ex militares guatemaltecos: las primeras incursiones de los kaibiles en Michoacán se registraron hacia 2002.
Entre 1992 y 1996 la violencia sufrió una escalada cuando se desató una guerra a muerte en suelo michoacano entre los hermanos Ramón y Benjamín Arellano Félix y el ya poderoso cártel de Juárez de Amado carrillo; en ese enfrentamiento salió a relucir la participación de políticos y militares en ambos bandos. El general Jesús Gutiérrez Rebollo, desde la 5ª. Zona Militar en Jalisco, fue el principal denunciante de la colusión del gobierno estatal de Michoacán con las estructuras del crimen organizado.
El clímax de la guerra llegó cuando se intensificaron los operativos militares al mando de Gutiérrez Rebollo para cortar la salida de droga hacia Tijuana; el general tuvo también la capacidad para manipular información a su favor ante el general secretario de la Defensa Nacional, Enrique cervantes Aguirre, quien lanzó una encarnizada persecución contra los productores de mariguana.
El frente de guerra abierto entre los Arellano Félix y Amado carrillo opacó la confrontación que por otro lado sostenían el cártel de Cali contra el de Medellín, que con sus aliados de los cárteles del Golfo y del Pacífico, respectivamente, seguían en disputa por el control del puerto de Lázaro cárdenas; por su parte, los Zetas seguían persiguiendo a los productores de mariguana que se negaban a vender sus cosechas a la estructura del cártel del Golfo. El grupo de familias que comandaba Nemesio Oseguera seguía trabajando al lado del cártel del Milenio para sacar al Chapo Guzmán de Michoacán.
La alianza entre la familia Valencia o cártel del Milenio y el grupo de Oseguera duró poco menos de dos años. En medio de la guerra entre los cárteles del Golfo y de Sinaloa, el gobierno federal logró apaciguar la confrontación: los operativos contra el narco, que por primera vez coordinaba el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, tuvieron éxito. La matanza en Michoacán cesó; se supo que la interrupción de las masacres obedecía a una propuesta de paz lanzada por el Chapo Guzmán a los grupos en contienda y al mismo gobierno federal.
Enviados directos del capo del cártel de Sinaloa llegaron a Michoacán para tratar de pacificar la zona, y varios de los productores de mariguana se aliaron a sus comandos. como parte de las acciones para pacificar el estado, la danza de los millones comenzó a tocar las puertas de todas las alcaldías. Se hicieron negociaciones y se dividió la geografía michoacana: las oficinas encargadas de la seguridad pública fueron vulneradas por el crimen organizado. Las policías municipales y estatal pasaron a depender de los jefes de plaza de los diversos cárteles establecidos. El nivel de corrupción policial alcanzó su máximo punto histórico entre los años 1997 y 2005.
La propuesta de paz lanzada desde la Secretaría de Gobernación, así como por el cártel del Pacífico, no fue escuchada por los Zetas. Las condiciones de diálogo establecidas entre algunos grupos en conf licto propiciaron un intercambio de elementos, hubo desbandadas de un cártel a otro; salieron a relucir principios ideológicos en las agrupaciones dedicadas al trasiego de drogas y comenzaron a prevalecer el honor y los principios criminales. La deserción de células completas de un cártel para sumarse a otro que ofrecía mejores beneficios económicos fue lo que motivó el resurgimiento de una nueva situación de barbarie. La traición fue la única condición que no se perdonó entre las células criminales. De ser capturados, a quienes desertaban de un cártel se les aplicaba la pena de muerte más dolorosa: se trataba de establecer un código de ética a base de sangre, el que el grupo de los Zetas difundió más fielmente en sus mensajes.
Fue ese código ético de sangre el que también aplicó posteriormente la Familia Michoacana para lograr la expulsión de los Zetas. El hecho quedó marcado cuando el 6 de septiembre de 2006, en la pista de baile de un centro nocturno de Uruapan, rodaron seis cabezas de ex integrantes de la Familia que se habían pasado al bando de los Zetas, como preludio del baño de sangre que se avecinaba. Las decapitaciones que continuaron, en su mayoría fueron de michoacanos que decidieron sumarse al brazo armado del cártel del Golfo.
En ese escenario de guerra, las familias que inicialmente habían comenzado con el negocio de la siembra y traslado de mariguana ya estaban siendo desplazadas por los grandes cárteles; las familias que integrara en torno suyo Nemesio Oseguera se estaban quedando sin posibilidad de participar en la industria de las drogas. Por eso, para sobrevivir a los violentos ataques de los Zetas, tuvieron que replegarse hacia la zona limítrofe de Michoacán con Jalisco, aprovecharon las pláticas de paz ofrecidas por el Chapo Guzmán y aceptaron una alianza. Nació un nuevo cártel: Jalisco Nueva Generación.
El grupo que le dio origen estaba encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, Abigael González Valencia, José González Valencia, Rogelio Guízar Camorlinga, Gerardo Mendoza y Domingo Sandoval. Apenas integrados, se fraccionaron: a Nemesio se le acusó de haber dado muerte a un hermano de Domingo Sandoval, de nombre José. El encono pudo más que el parentesco y los años juntos, y se declararon la guerra entre sí: oseguera es concuño de Domingo Sandoval, pero a pesar de ello mantienen una confrontación a muerte.
Domingo Sandoval y Gerardo Mendoza dirigieron el nuevo grupo, que siguió disputando a oseguera cervantes el control de los municipios de Coalcomán, Aguililla, Tepalcatepec, Aquila, Chinicuila y Buenavista Tomatlán, en la zona limítrofe de Michoacán con Jalisco. Se mantuvieron independientes, sin alianzas de ningún tipo; se les atribuye el financiamiento de los primeros movimientos de autodefensas en la zona de Tierra caliente. Los Cuinis, José y Abigael González Valencia, se mantuvieron al lado de su cuñado Nemesio Oseguera y se extendieron hacia el estado de Jalisco.
