Por. J. Jesús Lemus
En un movimiento legislativo que busca saldar una de las deudas históricas más urgentes del Estado mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó esta mañana los detalles de la nueva Ley General contra el Feminicidio.
Desde el Salón Tesorería, la mandataria afirmó que la iniciativa, enviada ya al Congreso de la Unión, tiene como objetivo central eliminar las “lagunas legales” que permiten la impunidad en las fiscalías estatales.
El reporte presentado por el Gabinete de Seguridad y la Secretaría de las Mujeres destaca cuatro ejes transformadores: Homologación Nacional del Delito, Protocolo Obligatorio, Penas Máximas y Castigo a la Omisión Judicial
Actualmente, cada estado del país tipifica el feminicidio de manera distinta, lo que dificulta las sentencias. La nueva ley establece criterios unificados para todo México, a fin de que exista concordancia territorial en la persecución del feminicidio.
La nueva ley propone que toda muerte violenta de una mujer deberá ser investigada, desde el primer minuto, bajo el protocolo de feminicidio. Y además se fija una sentencia base de 40 a 70 años de prisión, eliminando la posibilidad de reducción de pena por “buena conducta” o acuerdos reparatorios.
La ley introduce sanciones penales para funcionarios públicos (peritos, policías o fiscales) que por negligencia, dolo u omisión entorpezcan la procuración de justicia o revictimicen a las familias.
En la ley presentada por la presidenta Sheinbaum se busca una mayor protección a la Infancia (huérfanos del feminicidio), en donde por primera vez, el Estado asume la responsabilidad directa de las víctimas indirectas
Con esta ley se crea una Pensión Universal para hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio. Además, se establece, que los agresores perderán de manera automática y definitiva la patria potestad y cualquier derecho sucesorio (herencias) sobre los hijos de la víctima.
La reforma establece que el delito de feminicidio no caducará jamás. Esto permitirá que casos ocurridos hace décadas puedan ser juzgados si surgen nuevas pruebas o si el agresor es localizado años después.
Durante la sesión de preguntas, la presidenta Sheinbaum fue enfática al señalar que el aumento de las penas no es suficiente si no se acompaña de un cambio cultural.
“Esta ley no solo busca castigar al culpable con todo el peso del Estado, sino proteger a las familias que quedan destrozadas. Queremos que en ninguna fiscalía del país se le diga a una madre que su hija ‘se fue con el novio’ cuando hay señales de violencia”, explico Claudia Sheinbaum.
Fuentes legislativas consultadas indican que la iniciativa cuenta con el respaldo del bloque mayoritario (Morena, PT y PVEM) y se espera que sea dictaminada en comisiones antes del cierre de este periodo ordinario de sesiones.
Sin embargo, colectivos feministas han señalado que el reto real no está en el papel, sino en el presupuesto que se asigne a las fiscalías para que tengan personal capacitado en perspectiva de género.
Según las cifras presentadas hoy, marzo de 2026 muestra una tendencia a la baja del 8.4% en feminicidios a nivel nacional respecto al mismo mes del año anterior, aunque estados como Michoacán y Guerrero presentan repuntes que preocupan al Ejecutivo.
