Por. Gildo Garza
A la opinión pública de Tamaulipas
Como periodista y defensor de derechos humanos, considero necesario fijar una postura pública frente a la iniciativa presentada el 6 de abril de 2026 por la diputada Cynthia Lizabeth Jaime Castillo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la 66 Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante la cual se plantea reformar diversos artículos de la ley vigente y adicionar un capítulo denominado “Del Colegio de Periodistas de Tamaulipas y las Recomendaciones Éticas”.
No se trata de un asunto menor ni de una reforma administrativa sin mayor alcance. La sola pretensión de introducir, desde sede legislativa, figuras vinculadas con la colegiación del periodismo y con la emisión de “recomendaciones éticas” obliga a un análisis serio desde la óptica constitucional, convencional y democrática.
El punto no radica únicamente en la denominación propuesta, sino en sus efectos potenciales sobre la libertad de expresión, la autonomía del ejercicio periodístico y el derecho colectivo a recibir información sin interferencias indebidas del poder público.
Debe precisarse algo con claridad: fortalecer al gremio periodístico, profesionalizarlo, dignificar sus condiciones y abrir espacios de formación no es, en sí mismo, objetable.
Lo jurídicamente delicado es que una propuesta de esta naturaleza emane del poder político y no de un proceso auténtico de deliberación construido por periodistas, especialistas en libertad de expresión, académicos, defensores de derechos humanos y operadores jurídicos con conocimiento técnico en la materia.
La ética periodística, por definición democrática, no puede convertirse en una categoría susceptible de orientación, conducción o tutela estatal.
Por ello resultan pertinentes varias preguntas de interés público: **¿quién elaboró realmente esta iniciativa?, ¿quién la impulsó?, ¿qué diagnóstico la sustenta?, ¿qué actores del poder consideraron viable intervenir en un ámbito que, por su naturaleza, exige independencia frente al Estado?** Más aún cuando, en días recientes, dos senadores han emitido expresiones de abierta confrontación hacia la prensa. En ese contexto, esta iniciativa no puede leerse de forma aislada ni inocente.
También debe decirse, con rigor y sin descalificación personal, que si bien la ley no exige cédula profesional para ejercer una diputación, ello no impide el escrutinio público sobre la idoneidad técnica de quien promueve un proyecto de esta sensibilidad.
Es legítimo cuestionar por qué una legisladora que **no acredita cédula profesional** pretende impulsar una iniciativa sobre una materia que involucra límites constitucionales al poder, estándares interamericanos de libertad de expresión, protección reforzada al trabajo periodístico y criterios jurídicos especializados.
No se trata de un agravio personal ni de un señalamiento ad hominem; se trata de una exigencia mínima de responsabilidad pública: **quien legisla sobre derechos fundamentales debe conocer las consecuencias normativas de lo que propone**.
El problema de fondo es evidente. Cuando el poder público intenta aproximarse a la organización interna del periodismo, a su validación gremial o a la definición de parámetros éticos, se abre una zona de riesgo para mecanismos de control indirecto, inhibición, presión institucional o censura encubierta.
En una sociedad democrática, el Estado no está llamado a educar a la prensa, ni a disciplinarla, ni a conducir su autorregulación. Su deber es proteger el libre ejercicio periodístico, no intervenir en su configuración interna.
Si existe una preocupación real por el estado del periodismo en Tamaulipas, el cauce correcto no es una fórmula construida desde la lógica legislativa del poder, sino una discusión abierta, técnica y plural con quienes conocemos de primera mano el costo de ejercer este oficio en contextos de violencia, asesinato, desplazamiento, hostigamiento y precariedad. Lo demás corre el riesgo de parecer improvisación, ensayo político o una medición de fuerzas para observar si el gremio reacciona.
Ojalá esta iniciativa sea revisada con seriedad antes de avanzar. Porque si el debate se abre en términos de fondo, tendrá que enfrentarse no a ocurrencias, sino a periodistas, juristas y especialistas que conocemos con precisión el alcance constitucional y convencional de la libertad de expresión, así como los límites que el Estado no debe cruzar.
Gildo Garza Herrera.
Abogado especialista en libertad de expresión, derechos humanos y juicio de amparo. Presidente de la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos A.C. (AMPDA).
