Por. J. Jesús Lemus
Las cifras de la desigualdad en México se reflejan claramente en un informe de la organización Oxfam México, que refiere que el poder económico del país se concentra en un reducido grupo de personas: sólo cuatro empresarios, los millonarios más importantes del país, concentran casi 9% del Producto Interno Bruto (pib) nacional y tienen una fortuna similar a la que pudieran sumar más de 34 millones de mexicanos. Casualmente estos cuatro millonarios tienen participación en la minería.
Los cuatro hombres más acaudalados de México, según la revista Forbes, son Carlos Slim Helú, Germán Larrea Mota Velasco, Alberto Bailleres González y Ricardo Salinas Pliego. Los cuatro han sido beneficiados con concesiones mineras que se les comenzaron a entregar durante la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa y fueron rematadas con algunos títulos de concesión energética otorgados por el presidente Enrique Peña nieto.
De Telmex a la Minería
De esa forma, Carlos Slim, un hombre que hizo crecer su emporio dentro del negocio de las telecomunicaciones, afianzó sus más de 77 mil 100 millones de dólares de fortuna en la actividad extractiva, al hacer florecer a la minera Frisco mediante sus subsidiarias Compañía Minera San Felipe S. A. de C. V. y Minera Real de Ángeles; ésta es la que tiene a su cargo el proyecto de explotación de una mina de oro y otra de plata en la zona de la Sierra Pinta, en Baja California, que opera con el total disimulo de la autoridad federal y lejos de las miradas de medios de comunicación y grupos de protección al medio ambiente.
Al hombre más rico de México poco le ha interesado la regulación ambiental frente a sus intereses económicos; logró la autorización del gobierno mexicano para convertir las minas subterráneas de la Sierra Pinta en proyectos a cielo abierto; en ellos utiliza cianuro para la separación de metales, una práctica que, por los efectos nocivos a la población y al medio ambiente, está prohibida en Estados Unidos, la República Checa, Australia, Alemania y Costa Rica. Las minas de Real de Ángeles, entre San Felipe y Mexicali, en Baja California, operan con total impunidad, sin importar que contaminen las inmediaciones de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y delta del Río Colorado.
La Minera Frisco, de Carlos Slim, mediante las subsidiarias Gorrión S. A. de C. V. y la canadiense Almaden Minerals Ltd., también mantiene en exploración el mayor asentamiento de oro y plata ubicado a la fecha en territorio nacional; desde hace dos años se asentó en las comunidades de Tetela de Ocampo e Ixtacamaxtitlán, en la zona norte de Puebla, para iniciar, antes que la perforación, el trabajo de convencimiento a la población que se opone a que allí opere una mina a cielo abierto.
Intenta, con las mismas prácticas de intimidación, convencer a los habitantes de la zona de los beneficios económicos que traerá la explotación del suelo. Con insistencia se ha puesto a los pobladores de la localidad frente a una disyuntiva: aceptar la llegada de los grandes consorcios mineros con sus posibles consecuencias ambientales o seguir sobreviviendo en medio de la pobreza y la falta de oportunidades de trabajo.
La respuesta no ha sido la esperada. Los vecinos de Tetela de Ocampo optaron por un frente abierto para evitar la perforación del suelo, ante el conocimiento de lo que representa una mina a cielo abierto. Además, la duda persiste: los pobladores de esta comunidad indígena no creen que la operación de la mina se refleje en desarrollo y beneficios para las familias que viven allí.
Por su parte, los vecinos de Ixtacamaxtitlán, principalmente de Santa María Sotoltepec, donde está la mayor parte del oro, se dejaron convencer. La gente mira con esperanza la apertura del suelo. Confía en que es verdad lo que los ejecutivos de Gorrión S. A. de C. V. y Almaden Minerals Ltd., les ha dicho: “La mina a cielo abierto traerá desarrollo y progreso a la zona”. Ya les dieron una muestra de lo que es salir de la pobreza: las mineras pusieron en marcha un centro escolar donde cada fin de semana realizan actividades culturales para los niños. Les regalan galletas y aguas frescas. A las mujeres les dan clases de cocina y manualidades. A los hombres les basta con que les hayan rehabilitado la cancha de futbol. Y cuando la mina opere vendrá la bonanza, les han dicho.
Las concesiones mineras entregadas por el gobierno de Enrique Peña nieto a las empresas de Carlos Slim avalan la explotación, durante 50 años, de todo lo que se encuentre debajo de una superficie de 100 mil hectáreas, donde se asienta el pueblo de Santa María Sotoltepec; otra concesión avala la explotación en una superficie de 10 mil hectáreas dentro del municipio de Tetela de Ocampo y un tercer permiso es para explotar 12 mil hectáreas en la localidad de Zautla.
Larrea, el dueño de Sonora
Germán Larrea Mota Velasco es de esos pocos afortunados mexicanos que han afianzado su fortuna en la explotación minera; el origen de sus 13 mil 900 millones de dólares, que le atribuye Forbes, está en el ramo de la construcción, pero a partir de la década de los 90 buscó su nicho en la extracción de minerales, llegando a consolidar el Grupo México, la minera más grande del país, que asociada con empresas trasnacionales como Asarco y Southern Copper Corporation se ha convertido en la tercera más importante del mundo en el ramo del cobre.
Sólo en Sonora el Grupo México tiene en usufructo una superficie de más de 5 millones 900 mil hectáreas, superior a la extensión conjunta de los estados de Colima, Tlaxcala y Querétaro. En ese polígono está, en Cananea, la mina de cobre más rentable de México. Allí, la subsidiaria Buenavista del Cobre produce anualmente más de 200 mil toneladas de cobre. Pero parece no ser suficiente; se busca aumentar la producción hasta alcanzar, en los próximos cinco años, una generación anual de por lo menos 510 mil toneladas de ese metal.
El Grupo México se hizo de la mina de Cananea gracias al apoyo del gobierno federal, que en 1990 se la entregó en oferta, sin subastarla, sin oposición comercial; el precio fue de 475 millones de dólares, cuando su valor real era de más de 3 mil 200 millones de dólares. Ese no fue el único golpe de suerte de la familia Larrea para verse beneficiada por la apertura minera del país. Con la llegada de Felipe Calderón las concesiones de explotación del subsuelo crecieron 200% en cuanto a extensión.
La ampliación de la superficie minera entregada al Grupo México no fue fortuita. El crecimiento de la superficie minera del grupo de Germán Larrea Mota Velasco fue a causa de la colocación del abogado general del Grupo México, Fernando Gómez-Mont, como secretario de Gobernación en la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Por su cercanía con el poder, pese a los cuestionamientos sociales, el Grupo México ha operado de manera impune la explotación minera: este grupo empresarial es el responsable de la mayor tragedia ecológica de México. El 6 de agosto de 2014 la Minera Buenavista del Cobre ocasionó un derrame tóxico. Más de 40 mil metros cúbicos de sulfatos de cobre acidulado fueron vertidos al cauce de los ríos Bacanuchi y Sonora, afectando el entorno ecológico y a la población de siete municipios de Sonora, incluyendo Hermosillo.
El Grupo México también tiene en su haber la tragedia minera más grande del país: el 19 de febrero de 2006, 65 mineros quedaron sepultado en la mina de carbón Pasta de Conchos, en el municipio de nueva Rosita, Coahuila; por fallas de seguridad se derrumbaron varios túneles luego de la explosión de una bolsa de gas. Los mineros trabajaban a una profundidad de 490 metros, en un túnel lineal de 1.6 kilómetros, en condiciones prohibidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Styps).
La empresa minera salió a declarar que los trabajadores sepultados se encontraban trabajando a una profundidad de 150 metros, pero hubo versiones encontradas. La verdad no se supo. Los cuerpos de los mineros nunca fueron rescatados por un acuerdo de la minera con el gobierno de Coahuila, encabezado entonces por Humberto Moreira Valdez; la Secretaría de Gobernación, representada por Carlos Abascal Carranza; y la Styps, encabezada por Francisco Javier Salazar Sáenz, sin tomar en cuenta los reclamos de las viudas y familiares, que exigían los restos de los fallecidos.
El Grupo México fue también el primero en el país en lograr, con el respaldo del gobierno federal mediante el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont, la eliminación de beneficios contractuales para los trabajadores. desde 2010 una Junta de Conciliación y Arbitraje determinó que las relaciones laborales entre la minera y el sindicato habían fenecido. Eso dio la posibilidad de contratar a personal mediante el sistema de outsourcing, en el que los trabajadores no acumulan antigüedad, tienen salarios bajos, no cuentan con una base permanente de trabajo y ven reducidos sus beneficios laborales.
Bailleres, el gran minero
Alberto Bailleres González es otro de los mexicanos que han asentado su riqueza en la minería. Su fortuna de 10 mil 400 millones de dólares procede de Industria Peñoles, considerada la segunda empresa minera más importante de México y la primera en comercialización de plata en el mundo. Actualmente explota en todo el territorio mexicano una superficie de más de 2 millones 900 mil hectáreas, una extensión equivalente a dos veces la Ciudad de México.
Entre las más importantes de este grupo se encuentran La Velardeña, en Cuencamé, durango, considerada la segunda mina de zinc más grande de México; las Madero, en Morelos, Zacatecas; Bismark, en Ascensión, Chihuahua; y Tizapa, en Zacazonapan, Estado de México, que se encuentran entre las principales minas de plata primaria del mundo. También tiene El Saucito y Fresnillo, en Zacatecas; San Julián, en Chihuahua; y La Herradura, en Sonora. Ésta, la segunda mina de oro más grande de México.
Otras minas orgullo de Industrias Peñoles son Sabinas, en Sombrerete, Zacatecas; Milpillas, en Santa Cruz, Sonora; y naica, en Saucillo, Chihuahua. Las tres, dedicadas a la extracción de zinc, plomo, plata y cobre desde 1995, y con reservas probadas por un millón 609 mil toneladas de plomo, 5 millones 579 mil toneladas de zinc y 620 mil 533 millones de toneladas de cobre, que a su vez se suman a las reservas probadas de oro por 10.8 millones de onzas y 675.2 millones de onzas de plata. A la fecha, Industrias Peñoles también tiene en exploración las minas de Humos en Sonora, La Industria en durango, Rey de Plata en Guerrero, Orysivo en Chihuahua, Juanicipio en Zacatecas y Ricaycocha en Perú.
Las subsidiarias con las que trabaja Industria Peñoles son las mineras Bismarck, naica y San Julián, las tres con un dominio de 112 concesiones para la explotación de oro, plata, cobre y zinc en todo el país, aunque su mayor fuerza extractiva se ubica en Chihuahua, estado gobernado por el panista Javier Corral, quien en 2015, en su calidad de legislador, se opuso a que el Senado de la República le otorgara la medalla Belisario domínguez —máxima distinción de la Cámara Alta para un ciudadano—, a Bailleres. Finalmente se impuso la propuesta presidencial y el empresario minero fue condecorado por el presidente Enrique Peña nieto, “por su virtud como servidor a nuestra patria”.
La negativa del entonces senador y luego gobernador de Chihuahua Javier Corral para distinguir la trayectoria de Alberto Bailleres se pudo haber fundado en la devastación social y ecológica que ha generado la minera San Julián en la zona tarahumara, donde Industria Peñoles, por medio de la subsidiaria Corporativo Fresnillo PLC, recibió todas las consideraciones y beneficios económicos por parte de la administración estatal del priista César duarte, y sólo en 2015 obtuvo 162 millones de onzas de plata y cerca de 783 mil onzas de oro, luego de la extracción diaria de más de 12 mil toneladas de materiales pétreos. de ese beneficio económico, los pueblos tarahumaras afectados no vieron un solo peso partido.
La Minera San Julián es dueña de la concesión para explotar un yacimiento de oro y plata entre los municipios de Guadalupe y Calvo, Parral y El Vergel, Chihuahua, donde de poco ha valido la oposición de los pobladores, pues casi todas las protestas se han silenciado. nadie dice nada pues son los grupos del crimen organizado, principalmente del Cártel de Sinaloa, los que actúan como promotores de la mina, de la que aseguran habrá de aportar beneficios económicos a la zona mediante la generación de por lo menos tres mil empleos directos.
Las protestas contra la operación de esa mina no se han escuchado, porque los inconformes decidieron abandonar esa zona, el Triángulo dorado, donde confluyen los estados de Chihuahua, durango y Sinaloa y que durante décadas ha estado bajo control del Cártel de Sinaloa. Ahí, en los años recientes, los secuestros, extorsiones y homicidios se dirigieron a los grupos de ciudadanos quejosos por la presencia del grupo minero. Industria Peñoles mantiene exploración en por lo menos otros 12 municipios de Chihuahua, entre ellos Aldama, Samalayuca y Coyame, que tienen importantes filones de cobre.
En las regiones en las que el grupo de Bailleres tiene presencia, la violencia ha ido al alza; en Chihuahua, Zacatecas, Guerrero y durango los grupos del crimen organizado han obligado al desplazamiento forzado a los opositores a la operación de las minas. Pero los índices de secuestro, extorsión y homicidios han sido siempre atribuidos por las procuradurías locales, a confrontaciones entre cárteles.
Los pueblos indígenas, los que han visto cómo a la par de la llegada de los proyectos mineros se ha incrementado la violencia en sus localidades, han reclamado reiteradamente la intervención del gobierno federal para mejorar la seguridad. El Senado de la República ha visto incontables comisiones de indígenas que han llegado a solicitar un plan de apoyo para la seguridad de los habitantes de las zonas de explotación minera.
La más reciente fue una comisión de representantes de la etnia rarámuri, de Chihuahua, formada por la agrupación Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara, que expuso el estado de violencia que se vive en Guadalupe y Calvo, en cuyas más de 32 millones de hectáreas, entregadas en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, las mineras actúan de la mano de células del crimen organizado a fin de despojar de sus tierras a los ejidatarios. En su momento, el titular de la Comisión para el diálogo con los Pueblos Indígenas (cdi), Jaime Martínez Veloz, reconoció que en toda la superficie concesionada a las mineras reina la anarquía.
Salinas y su cercanía al Estado
Ricardo Salinas Pliego, con una fortuna estimada por Forbes en más de 8 mil millones de dólares, es el cuarto hombre más rico de México. Su dinero ha crecido al amparo del negocio de la minería. Se ha podido colocar dentro de ese exclusivo sector gracias a sus relaciones políticas, fortalecidas en los últimos tres sexenios, durante los cuales creó una intrincada red de negocios que le permitió transitar de las telecomunicaciones a los proyectos extractivos.
A través del consorcio Grupo dragón ha obtenido algunas concesiones mineras. También entró de lleno al negocio de la generación de energías limpias, abierto al mercado con la Reforma Energética, impulsada desde el Senado de la República por su hija, ninfa Salinas Sada, quien llegó al escaño amparada por el Partido Verde Ecologista de México (pvem). desde allí, la senadora ha podido facilitar los negocios a la familia.
Salinas Pliego ha decidido afianzar su feudo minero en Chiapas, entidad que le resulta apetecible no sólo por la riqueza del subsuelo, sino porque esa entidad la gobierna uno de sus protegidos, Manuel Velasco Coello, militante también del pvem. El gobernador ha sido el mejor aliado de Salinas Pliego, pues le ha garantizado protección a la inversión hecha con la adquisición de los resabios de la mina Cristina, ubicada en una superficie de 35 hectáreas en el Ejido nueva Libertad, en Acacoyagua, donde abundan minerales como ilmenita, rutilio y mica, de los cuales se extrae titanio.
Otra de las minas que opera en Chiapas el Grupo dragón es la nueva Francia, en Escuintla, donde se trabaja desde 2008 para la extracción de minerales base también para la obtención del titanio, cuya lixiviación ha dañado la salud de los vecinos de los municipios aledaños.
Con el aval del gobierno estatal, el grupo de Salinas Pliego trabaja en proyectos de exploración en los distritos mineros de Simojovel de Allende, Santa Fe-La Victoria, Tecpatán, Tenejapa, Francisco I. Madero, La Jáquimas, Motozintla, Tolimán, Chicomuselo y La Libertad, en donde se busca, en una superficie de más de un millón 125 mil 828 hectáreas, la obtención de oro, plata, cobre, plomo, zinc, titanio, hierro y barita, materiales muy cotizados en la industria aeroespacial.
