El mortal Fracking disfrazado de desarrollo

Por. J. Jesús Lemus

La presidente Sheinbaum no cede en sus intención de ir por la técnica del fracking para explotar las reservas de gas natural que subsisten en el suelo mexicano. Su intención de fracturar la corteza terrestre para -según ella- darle a México una soberanía energética, tendrá efectos colaterales mortales para el suelo y cientos de comunidades urbanas y rurales.

Desde el 2018, en pleno auge de la Reforma Energética del presidente Enrique Peña Nieto, muchos apostaron al fracking para subsanar malas políticas energéticas, hasta disfrazaron el perverso fracking como si se tratara de una forma de alcanzar el desarrollo económico y social de las poblaciones más marginadas.

A mediados del 2018 el propio director de Energía de la Secretaría de Innovación y Desarrollo del gobierno de Chihuahua, Jorge López Uranga, dijo que esta entidad se perfilaba en un plazo no mayor de 15 a 20 años como una potencia en cuanto a la generación de gas natural; anunció la puesta en oferta de yacimientos de ese hidrocarburo que se habían detectado en los municipios de Ascención, Casas Grandes y Villa Ahumada.

La noticia que fue aplaudida por el gobierno estatal, causó un ánimo adverso entre grupos de defensores del territorio y el agua de los referidos municipios, donde se integró la organización Chihuahua Vs. Fracking, que es la principal organización social que ha lanzado una lucha contra la posibilidad de que esa técnica de extracción de gas y petróleo sea aplicada en esta entidad, por los efectos ambientales sobradamente demostrados en algunas regiones de Veracruz, Tamaulipas y Puebla.

Otros municipios de Chihuahua que también se encuentran hoy dentro de la cartografía que el gobierno federal ha expuesto a los grandes capitales del mundo, en aras de un desarrollo económico mal entendido, son Coyame, Ojinaga, Camargo, Jiménez y Julimes, donde precisamente ahora el agua es escasa y su suministro a la población se podría agravar ante el arrebato que hagan las empresas petroleras.

Solo en el municipio de Ascención, en donde empresas como Bhp Billiton, Capricorn Energy Limited, Canamex Dutch, Casa Exploration, Carso Energy, Gat Oil & Gas, Diavaz Offshore y Fieldwood Energy, están compitiendo por hacerse de alguno de los campos de hidrocarburos puestos en oferta, el agua es posiblemente más escasa que el petróleo, pues el 9.4 ciento de los 23 mil 953 habitantes que registra esa localidad, no cuentan con servicio de abasto en su propio domicilio.

En esta localidad la mayor parte del agua ha sido arrebatada a la población por parte de la comunidad menonita, la que para la operación de su planta agroalimentaria se ha hecho de concesiones que le garantizan más de 2 millones 300 mil metros cúbicos de agua al año, mientras que la población del municipio solo cuenta con un abasto de 267 mil metros cúbicos de agua por anualidad.

De darse la anunciada perforación de pozos de gas natural, que contempla al menos la instalación de 36 campos petroleros solo en esta localidad, las industrias tendrán que utilizar al menos 120 mil metros cúbicos de agua por año, la que se tendrá que obtener del sistema municipal de agua potable ante la veda de perforación que la CNA ha decretado para esta región.

En el municipio de Casas Grandes, en donde Grupo R Exploración y Producción, American Oil Tools, Caabsa Infraestructura, Desarrolladora Oleum, Armour Energy y Chevron Energía de México, entre otras compañías están buscando hacer negocios mediante la extracción de gas natural y petróleo por fractura hidráulica, también existe una evidente crisis de agua, la que en gran medida es consumida no solo por la comunidad menonita sino por grupos usuarios del sistema de riego agrupados en sociedades de producción rural.

Aquí, la comunidad menonita, que es poca frente a la proporción de otros municipios del estado de Chihuahua, es dueña absoluta de más de 450 mil metros cúbicos de agua cada año, mientras que los grupos ganaderos locales se apropian de poco más de 780 mil metros cúbicos de agua por anualidad, lo que deja a la población en general para su abasto un volumen de apenas 270 mil metros cúbicos de agua por año.

De acuerdo al Informe Anual de Pobreza y Rezago Social 2017 de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el 7.9 por ciento de los más de 11 mil habitantes que registra este municipio, no cuentan con suministro de agua potable en sus domicilios, lo que coloca a esta localidad en una de las más marginadas del estado de Chihuahua, cuyo índice de rezago se podría incrementar con la llegada de la industria petrolera, pues este sector habrá de requerir al menos 160 mil metros cúbicos de agua al año para cumplir con sus expectativas económicas.

El municipio de Villa Ahumada, es ambicionado por compañías como Bp Exploration México, China National Offshore Oil Corporation Cnooc, Desarrollo de Tecnología y Servicios Integrales Dtsi México, Gran Tierra Energy, Inpex Corporation, Petrobal Upstream Delta 1, Jaguar Exploración y Producción de Hidrocarburos y Lukoil Overseas Netherlands, las que están interesadas en establecer aquí sus centros de producción de gas natural y petróleo extraído mediante fractura hidráulica.

Aquí no es necesario correr a las cifras oficiales que avalen el índice de pobreza. En esta parte de Chihuahua ya no la pobreza, sino la miseria salta a la vista. De los más de 12 mil 500 pobladores con que cuenta esta localidad por lo menos el 15 por ciento vive en casas que no tienen ningún tipo de servicio, pero es la falta de agua, antes que la electricidad, el drenaje o el piso de tierra, la que habla de la marginación.

De darse aquí la apertura a la extracción de gas y petróleo por medio del fracking con la operación de 22 pozos de hidrocarburos sin duda alguna el problema de la falta de agua habrá de aumentar, pues la planta petrolera estima utilizar, para sus actividades económico-productivas, el mismo volumen con el que apenas se abastece la población, el que se tendrá que obtener de los pozos que intentan satisfacer las necesidades comunales.

En el caso del municipio de Villa Ahumada, igual que en el de Ascensión y Casas Grandes, la planta extractiva de petróleo y gas Shell no contempla perforaciones de pozos para el suministro del agua a emplear, debido a la veda que existe en esta zona, por lo que presume la posibilidad de que esa industria se tenga que alimentar de agua de la propia red del sistema municipal, con la consecuente afectación al resto de los usuarios.

El uso de agua de los sistemas municipales para la industria extractiva de hidrocarburos no será particular en el estado de Chihuahua, pues esta es una práctica común y generalizada que desde el 2010 se viene realizando en todo el territorio, donde las petroleras toman agua del sistema municipal para utilizarla industrialmente.

Los datos oficiales de Pemex revelan que solo entre el 2010 y el 2014, ninguna de las compañías petroleras que tuvieron a su cargo la perforación y explotación de 341 pozos mediante la técnica del fracking en los estados de Tamaulipas y Nuevo León[1] contaron con permisos para perforar pozos de agua, que les garantizara el suministro del líquido para sus actividad. Todas las compañías utilizaron agua de los sistemas municipales, la que evidentemente fue agua que faltó en algunas viviendas.

Según Pemex Exploración y Producción, en el 2010, cuando se inició con el uso de la técnica de fracking en el país, fueron 64 pozos de gas y petróleo los que estuvieron activos en todo el territorio de Tamaulipas y Nuevo León, 48 de ellos en el municipio de San Fernando, tres en Camargo, dos en Gustavo Díaz Ordaz, uno en Reynosa y dos más en General Bravo.

Hacia el 2011 el número de pozos mediante fractura hidráulica, con el consabido arrebato de agua a la población aumentó a 75, de los que 52 se ubicaron en San Fernando, siete en Gustavo Díaz Ordaz, uno en Reynosa, tres en Camargo, del estado de Tamaulipas, y 12 en General Bravo, Nuevo León. La misma cifra que fue rebasada para el 2019, cuando fueron 107 pozos con la técnica de fracking, de los que la mayoría operaron en el estado de Tamaulipas: 77 en San Fernando, cinco en Camargo, cinco en Gustavo Díaz Ordaz y uno en Valadeces, mientras que en Nuevo León operaron 19 pozos en el municipio de General Bravo.

Para el 2023 el número de pozos activos con fracking disminuyó a 80, debido al agotamiento de los recursos en 27 de ellos; los pozos de hidrocarburos que consumieron grandes volúmenes de agua en ese periodo fueron 77 en el municipio de San Fernando, uno en Camargo y dos más en Reynosa, Tamaulipas, mientras que en el 2024 fueron solo 15 pozos con fracking, 13 de ellos en San Fernando y otros dos en Reynosa, de ese mismo estado.

Del 20245 al 2025, el número de pozos de gas y petróleo mediante la fractura hidráulica creció de forma acelerada, hasta llegar –con corte a noviembre del 2025- a 2 mil 482, de los que casi el 65 por ciento ya se encuentran en operación, el 13 por ciento aún se hallan en etapa de exploración y el 22 por ciento se mantienen en la etapa licitación para su entrega al mejor postor.

De todos los pozos con fracking, sean en operación, exploración o a la espera de la licitación correspondiente, Mil 114 de ellos se ubican en el estado de Puebla, otros 733 están en el subsuelo de Veracruz, 250 se ubican en Tamaulipas, 138 están en el estado de Tabasco, 93 más se hallan en suelo de Nuevo León, 64 esperan en Campeche, 36 en Chihuahua, 35 en Coahuila, y 19 más en el territorio del estado de San Luis Potosí.

Pero si el número de pozos puestos a disposición de las empresas trasnacionales para su usufructo parece escandaloso, es más alarmarte la cantidad de suelo que se le está entregando a las empresas petroleras, las que pueden disponer de ese territorio de la manera que les plazca, incluyendo el desmedido uso del agua que se le arrebata a las comunidades originarias de las zonas enajenadas.

Solo para darnos una idea del territorio que se está enajenando con el aval del gobierno federal, hay que decir que la superficie destinada a la explotación de hidrocarburos -donde ya hay asignaciones, contratos, están las licitaciones en proceso o estas se harán antes de que concluya el 2026- es de 444 mil 900 kilómetros cuadrados,[2] que si bien es cierto apenas representa el 0.02 por ciento de todo el territorio mexicano, pero en realidad es una superficie que equivale a 66 veces la extensión territorial de la Ciudad de México.


[1] Pemex Exploración y Producción, respuesta oficial al expediente PEP-SPRN-GMCG-Q277-201 obtenida a través el INAI, 8 de mayo de 2014.

[2] Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., Anuario 2017, Las Actividades Extractivas en México: Minería e Hidrocarburos Hacia el Fin del Sexenio. México, 2018.