Por. J. Jesús Lemus
Como si se tratara de una premonición maldita, ya está saliendo a la luz pública la corrupción dentro de la administración morenista en Colima. La terca realidad revela lo que muchos no quieren ver, cómo el gobierno estatal de Colima y el municipal de Manzanillo, está infiltrados o coludidos con el Cartel Jalisco Nueva Generación.
Ya no es solo una suposición. Se trata de una realidad. La gobernadora Indira Vizcaíno y la alcaldesa de Manzanillo, por alguna razón -que tienen que explicar- han venido permitiendo la presencia de elementos policiacos que estaban al servicio de un cártel del Cártel Jalisco, el mismo que también controla las actividades dentro del recinto portuario de Manzanillo.
El pasado 15 de abril de este año, se ejecutó un operativo de alto impacto en Manzanillo que resultó en la detención y baja inmediata de ocho policías municipales. Las investigaciones, encabezadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) en coordinación con la Marina y el Ejército, revelan una red de complicidad con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La purga llevada a cabo dentro de la policía municipal de Manzanillo fue a petición del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el que ya había detectado que -aun con conocimiento de mandos políticos del gobierno de Colima y de Manzanillo- un grupo de agentes utilizaban aplicaciones de mensajería cifrada para filtrar información en tiempo real sobre ubicación de retenes y patrullajes, reportes del sistema C5i y despliegues de fuerzas federales de Semar y Sedena.
No se trataba de novatos al servicio del narco, Entre los detenidos se encuentran Rolando “N” y Nora Alejandra “N”, los que fueron capacitados por fuerzas federales, además de que encabezaban las listas de control y confianza, siempre con el aval de los mandos estatales y federales encargados de esa tarea.
La única responsable directa de la infiltración del CJNG a la policía municipal de Manzanillo es la alcaldesa Rosa María Bayardo, la que -de manera irregular- daba el visto bueno a los exámenes de control y confianza, según confió una fuente de la Fiscalía General de la República, la que también confirmó que la alcaldesa Bayardo llegó a recomendar a policías que huy se saben al servicio del crimen organizado, para que no fueran pasados por los exámenes de control.
La presidenta municipal de Manzanillo, Rosa María Bayardo Cabrera, enfrenta ahora el costo político de la seguridad local. Aunque ella misma encabezó la conferencia de prensa sobre las detenciones, su responsabilidad se divide en tres frentes críticos:
Primero, es evidente la falla en Controles de Confianza, al permitir la permanencia de agentes vinculados al crimen organizado, lo que además pone en duda la efectividad de los exámenes de control y confianza del municipio.
En segundo lugar, se duda de la cadena de mando, dado que la alcaldesa Bayardo, como jefa máxima de la administración municipal, debe responder por la falta de supervisión interna que permitió que sus elementos se convirtieran en “halcones” del cártel.
Y tercero, se duda de la postura de la alcaldesa Bayardo, pues en el discurso ha pedido que haya “una limpieza total”, pero la pregunta de los medios y de la ciudadanía es ¿Cuántos agentes más operan bajo esta dinámica sin ser detectados?
La situación de la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, es la más compleja. El estado mantiene los índices de homicidios más altos del país por cada 100,000 habitantes, y Manzanillo es la “joya de la corona” en disputa entre diversos grupos del crimen organizado.
Críticos y analistas señalan que la violencia imparable en el puerto no podría ocurrir sin una red de protección que escale más allá del nivel municipal y estatal. La posibilidad de corrupción se alimenta de la falta de resultados contundentes en la pacificación del estado.
La constante baja de policías y el asesinato de agentes (seis en lo que va del año) han dejado a las corporaciones estatales vulnerables. Se cuestiona si los mandos designados o la misma gobernadora y alcaldesa han sido permeados por intereses delictivos.
Colima es un punto neurálgico para el tráfico de precursores químicos, cualquier señalamiento de corrupción hacia el Ejecutivo estatal tiene implicaciones directas en la seguridad nacional. Hasta ahora, Vizcaíno ha mantenido que las amenazas del crimen en su contra son prueba de que no pacta, pero la realidad operativa de sus policías locales cuenta una historia de infiltración profunda muy distinta a la del discurso.
La detención de estos ocho agentes es apenas la “punta del iceberg”. Mientras el puerto de Manzanillo siga siendo el principal punto de entrada de logística para el CJNG, las corporaciones policiales locales seguirán bajo un asedio económico y violento que ni el ayuntamiento de Bayardo ni el gobierno de Vizcaíno han logrado neutralizar. La “limpieza” anunciada ayer parece más una reacción de control de daños que una estrategia de saneamiento estructural.
