Por. Luis Calderón
Luego de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitiera este miércoles un comunicado en el que señala al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por conspiración para importar narcóticos, posesión de armas y artefactos destructivos, y que incluye a otros nueve funcionarios y exfuncionarios, entre los que se encuentra el senador y próximo miembro de la Comisión Permanente, Enrique Inzunza Cázarez, ambos funcionarios emitieron comunicados en redes sociales en los que negaron las acusaciones y denunciaron un intento de golpeteo contra el partido Morena.
Horas después, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado en el que negó la existencia de pruebas suficientes enviadas junto a la solicitud emitida por el gobierno de Donald Trump; sin embargo, aseguró que el caso será investigado por la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales.
Poco antes de las 14 horas, Rubén Rocha Moya escribió en su cuenta de X un mensaje en el que rechazó las imputaciones hechas por el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, quien lo acusa de nexos con grupos del crimen organizado que facilitan dinero y apoyo político al gobernador. Argumentó que los señalamientos carecen de fundamento y veracidad, y afirmó que esto será demostrado “en el momento oportuno”.
Rocha Moya dijo que la acusación es un ataque de las autoridades estadounidenses contra el “movimiento de la Cuarta Transformación”. De acuerdo con el gobernador, las acciones del gobierno norteamericano son parte de una estrategia para “violentar el orden constitucional” y la soberanía nacional.
El comunicado del senador Enrique Inzunza Cázarez sigue el mismo camino que el del gobernador de Sinaloa: acusó que se trata de un intento de deslegitimar a su persona y al “movimiento de la Cuarta Transformación”, a Morena y a Andrés Manuel López Obrador.
Inzunza Cázarez afirmó que la estrategia se trata de una represalia por parte del gobierno estadounidense tras la sesión del Senado realizada ayer, donde señaló que los ciudadanos de ese país que perdieron la vida en territorio nacional el pasado 19 de abril se encontraban de manera ilegal realizando funciones relacionadas con agencias de seguridad estadounidenses.
Mientras Rocha e Inzunza procuraban la defensa de su dignidad, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió solicitudes formales de detención y extradición para el gobernador y los nueve funcionarios señalados por el Departamento de Justicia, que posteriormente fueron turnadas a la FGR.
A las 18:10 horas, Ulises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, envió un mensaje relacionado con los funcionarios acusados por el Departamento de Justicia, en el que anunció que la institución aún debe realizar todos los procedimientos necesarios para validar la solicitud.
Lara López afirmó que la FGR, a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, es la encargada de analizar los documentos recibidos y establecer “si existen los elementos probatorios necesarios sobre la viabilidad de la solicitud”.
Finalmente, Lara López recalcó que las leyes mexicanas señalan “que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que una persona ha cometido un delito” y que el tratado bilateral en materia de extradición “refiere con toda precisión que solamente se concederá la extradición si las pruebas son suficientes conforme a las leyes de la parte requerida”, es decir, de nuestro país.
Ulises Lara aseguró que la solicitud carece de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes que respalden los hechos señalados por Estados Unidos. Refirió que la misma solicitud requiere, de acuerdo con la legislación de aquel país, no ser divulgada públicamente, pues se trata de un trámite interno entre los Estados involucrados, por lo que dar a conocer dicha información constituye un “detrimento de la naturaleza confidencial de los procedimientos penales en los Estados Unidos”.
El vocero de la FGR recordó que, en el caso de senadores y gobernadores, la legislación mexicana requiere iniciar un juicio de procedencia que retire el fuero constitucional de las personas que ocupan estos cargos, previo a la cumplimentación de cualquier orden judicial de carácter penal.
