El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación en la que señala a 10 representantes políticos del estado de Sinaloa de mantener nexos con organizaciones del crimen organizado, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya. A raíz de este señalamiento, diversas voces se manifestaron exigiendo al funcionario la separación de su cargo y la renuncia al fuero constitucional para que se realicen las investigaciones correspondientes; sin embargo, Rocha Moya ha expresado su negativa a separarse de la gubernatura, mientras que la Fiscalía General de la República continúa negando la existencia de pruebas para iniciar los procesos solicitados por Estados Unidos.
Políticos de la denominada oposición, activistas y colectivos buscadores han solicitado la renuncia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a raíz de la acusación realizada por el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el titular de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance C. Cole, quienes señalan al gobernador por los delitos de conspiración para importar narcóticos a suelo estadounidense, así como por la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.
Ese mismo día, tan pronto como se conoció el señalamiento, representantes de los principales partidos de oposición se manifestaron al respecto. Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), difundió un video en el que exige la separación del cargo de Rocha Moya y que las instituciones de seguridad de México realicen las debidas investigaciones.
Posteriormente, el Partido Acción Nacional (PAN) emitió un comunicado en el que afirmó que, tras años de negar sus nexos con el crimen organizado, ahora las acusaciones contra el partido en el poder se formalizan a través de la solicitud de extradición del funcionario. Asimismo, señaló a Morena por la corrupción de sus miembros y sus presuntos vínculos con grupos del crimen organizado, por lo que exigió al Senado de la República la desaparición de poderes en el estado de Sinaloa.
Por su parte, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano y excandidato a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, junto con el diputado Gibrán Ramírez, difundieron un documento en el que solicitan formalmente el inicio del proceso de desafuero en contra de Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, quienes se encuentran entre los 10 funcionarios y exfuncionarios señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Incluso desde dentro de Morena se ha escuchado al menos la voz de la senadora y secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, Guadalupe Chavira, quien pidió a Rocha Moya la separación del cargo para facilitar las investigaciones a cargo de la FGR. La legisladora recordó que “en el Movimiento de la Cuarta Transformación no hay margen para evadir los principios básicos: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.
El activista Miguel Meza, de la plataforma narcopoliticos.com, señaló que la próxima semana su equipo presentará una denuncia ante la FGR en contra de Rubén Rocha Moya por todas las víctimas “que su narcogobierno ha generado”, por lo que invitó a la población que posea información sobre la presunta colusión entre gobierno y crimen organizado a aportarla. Además, aseguró que funcionarios de Morena en el estado pactaron con la célula del Cártel de Sinaloa denominada “Los Chapitos”.
El señalamiento del activista ha sido respaldado por los periodistas J. Jesús Lemus e Ioan Grillo, quienes en diversas publicaciones han señalado el presunto nexo entre el gobierno de Rubén Rocha Moya y Los Chapitos, quienes habrían otorgado apoyo económico y político en procesos electorales.
El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, responsable de dar a conocer los hechos ocurridos en el Rancho Izaguirre, donde se encontró un campo de adiestramiento y exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación, denunció que la acusación en contra del gobernador de Sinaloa no se trata de un caso aislado, pues buena parte del territorio nacional presenta casos de políticos que pactan con grupos del crimen organizado responsables de miles de desapariciones y fosas clandestinas.
“La complicidad criminal la pagamos nosotros: con la vida de nuestras familias, con el miedo y con nuestras manos escarbando la tierra. Mientras ellos callan y pactan, nosotros buscamos. Esto no es incapacidad. Es colusión”, sentenció el colectivo a través de un comunicado.
Ocho organizaciones de Sinaloa y 31 ciudadanos firmaron un posicionamiento en el que exigen al gobierno de México e instancias institucionales actuar con legalidad, independencia e imparcialidad para garantizar el debido proceso, así como el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad mediante procesos transparentes.
“Las autoridades mexicanas tienen la obligación de investigar, esclarecer y sancionar cualquier hecho relacionado con corrupción o vínculos con el crimen organizado, sin dilaciones ni consideraciones políticas”, se lee en una de las cláusulas del comunicado firmado por la Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa (ReCIAS), el Centro Ciudadano de Investigación Iniciativa Sinaloa, el Observatorio Ciudadano de Mazatlán, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Comité de Participación Ciudadana de Sinaloa, el colectivo No se Metan con Nuestras Hijas y Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia en Sinaloa.
Mientras tanto, la Fiscalía General de la República aseguró que no existen pruebas para solicitar la detención provisional de los 10 funcionarios y exfuncionarios acusados. Así lo afirmó Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, quien recalcó que no hay evidencias que justifiquen apresurar el proceso de detención y que la solicitud de extradición enviada por el gobierno estadounidense carece de los elementos necesarios para sustentar las acusaciones.
Asimismo, Jiménez Vázquez señaló que los implicados aún pueden solicitar un juicio de amparo que impida el cumplimiento de la medida cautelar de detención.
