El Poder Judicial en México, hasta donde nos alcanza la luz del razonamiento, a causa del secuestro del que es objeto ha dejado de operar socialmente; se ha convertido en un instrumento al servicio de las elites y de los grupos sociales y políticos que se consideran dueño de México, que cada vez -más rapaces-, insisten en medrar con el uso del derecho para adueñarse de la justicia
Olivier De Frouville, presidente del CED, anunció el viernes la activación del procedimiento que abre la posibilidad de que intervenga la Asamblea General de Naciones Unidas tras recibir “información fundamentada que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio bajo jurisdicción de México”, y “tras haber solicitado del Estado Parte toda la información pertinente sobre esa situación, podría llevar la cuestión, con carácter de urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas”
Cada avance que se obtiene en la lucha contra la delincuencia, cada decomiso, cada detención, cada incautamiento que se logra en lo que va del gobierno de Sheinbaum y la gestión de Omar García Harfuch, representa una exhibición a la mala gestión de Alfonso Durazo Montaño, que habla de la permisión dada para delinquir a los grupos del crimen organizado y cárteles del narco
Una fiscalía estatal ausente que se presenta únicamente para minimizar las amenazas de las que ya había sido víctima Teresa González, miembro del colectivo Luz de Esperanza, asesinada por un disparo.
Aunque su labor de búsqueda ha sido sumamente importante, la fiscalía de Jalisco desechó inmediatamente la posibilidad de que el móvil del delito estuviera relacionado con su actividad como buscadora, pretextando que se trató de un robo.
Las agresiones contra los colectivos de búsqueda son una constante, y la ola de impunidad ha servido como caldo de cultivo para que atentados como el que le quitó la vida a Teresa se vuelvan una constante en el país.
De acuerdo a lo plasmado en el estudio El Linchamiento en México, de la autoría de Raúl Rodríguez Guillen y Norma Ilse Ávila, editado por la Universidad Autónoma Metropolitana, donde se hace un estudio a profundidad de ese fenómeno, en nuestro país, de 1988 al 2014, se han registrado por lo menos 336 muertes por linchamiento
Si “El Mayito Flaco” se entrega a las autoridades norteamericanas, como sabe en las altas esferas antidrogas de Estados Unidos y México, lo más seguro es que el Cártel de Los Chapitos ya no tengan ninguna limitación en sus intenciones de expansión ni para apropiarse de las plazas y células que aun trabajan para el Cártel de Sinaloa
La confrontación entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación no es por mantener el control del tráfico de drogas en las principales localidades de Zacatecas, como se podría suponer. La violencia es generada a causa de la disputa de contratos de servicios de seguridad que ofrecen las compañías mineras que se ubican en esta entidad
La tarde de este viernes fue ejecutado Gail Castro, hermano de Marcos Eduardo Castro Cárdenas, mejor conocido como “Markitos Toys”, un famoso influencer sinaloense conocido por exhibir en redes sociales su vida llena de lujos y viajes. Los hechos ocurrieron en Ensenada, Baja California, a la entrada del restaurante Villa Marina. Gail Castro y Marcos…
El choque entre los dos cárteles por el control del estado de Guanajuato es lo que ha dado como resultado la cuantificación de mil 230 homicidios solo en el primer bimestre de este año. Las cifras de la CNS indican que esa sería la cifra más elevada para ese periodo en todo país, en donde Guanajuato supera por mucho los homicidios registrados en otras entidades como Michoacán o Tamaulipas
Esta sentencia es la primera relacionada con abusos cometidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por elementos del XVI Regimiento de Caballería Motorizada, sin embargo, el general al mando, Miguel Ángel Ramírez Canchola, solo fue removido a las oficinas centrales de la Sedena, cuyo extitular, Luis Cresencio Sandoval, lo protegió, de acuerdo con el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, quien solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum presentarlo a la FGR además por la ejecución extrajudicial de cinco civiles en septiembre de 2021 en la colonia Nueva Era. Asimismo, los familiares de los cinco jóvenes asesinados piden a los integrantes del Poder Judicial ratificar la sentencia definitiva contra los cuatro militares, ya que todavía la pueden apelar, y para que casos como éste no se vuelvan a repetir. Este caso es consecuencia de la militarización de la seguridad pública impuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador el sexenio pasado.