Por. J. Jesús Lemus
A finales del mes de marzo de este 2026, un juez de control en Michoacán emitió una orden de aprehensión contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo por los delitos de homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad. Esta orden se suma a los procesos previos por delitos financieros de peculado y fraude, relacionados con la construcción de cuarteles policiales.
Actualmente, Aureoles es considerado prófugo de la justicia. Se ha emitido una Ficha Roja de Interpol para su localización en más de 160 países, y las últimas líneas de investigación sugieren que se encuentra fuera de México. Se le ubicaba a principio de año en Israel, pero tras la violencia en Medio Oriente ahora se le ubica en Italia o España.
La orden de homicidio no responde a un hecho reciente, sino a la ejecución extrajudicial de cuatro comuneros indígenas purépecha ocurrida hace nueve años en la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, en donde la policía estatal, bajo la orden de Silvano Aureoles, asesinaron a cuatro comuneros.
Las víctimas fatales de aquel operativo son José Luis Jiménez, estudiante de enfermería, Crisanto Luna, Francisco Jiménez, y Santiago Morales, menor de edad. Los cuatro fueron abatidos por balas de la policía estatal, como nunca había sucedido en esta entidad.
Además de los fallecidos, la fiscalía le atribuye responsabilidad en actos de tortura contra decenas de pobladores y violaciones graves a los derechos humanos de la comunidad.
Los eventos que hoy tienen al exmandatario de Michoacán al borde de la captura ocurrieron entre el 4 y el 5 de abril de 2017, cuando los comuneros de Arantepacua mantenían un conflicto agrario con el pueblo vecino de Capácuaro. Como medida de presión, habían retenido cerca de 100 vehículos de carga, de transporte de mercancías comerciales.
La Incursión se dio baja la justificación de recuperar los vehículos. Silvano Aureoles, en su calidad de jefe máximo de las fuerzas estatales, presuntamente ordenó un operativo masivo. Cientos de elementos de la entonces Policía Michoacán ingresaron a la comunidad con armas de alto poder.
Lo que debía ser un operativo de recuperación vehicular se convirtió en una masacre. Según las investigaciones de la Fiscalía y organismos de Derechos Humanos, la policía disparó de forma indiscriminada contra viviendas y civiles desarmados. Se documentó que las víctimas fueron ejecutadas de forma directa y que hubo allanamientos ilegales y tortura sistemática.
Junto a Aureoles, la justicia busca a Juan Bernardo Corona, quien fuera su Secretario de Seguridad Pública, y a 14 agentes estatales de la policía, vinculados directamente con las ejecuciones.
Informes recientes de inteligencia estatal han señalado una línea de investigación sumamente delicada: se presume que, durante su huida hacia el norte del país y su posterior salida hacia los Estados Unidos, el exgobernador pudo haber recibido apoyo logístico de grupos de la delincuencia organizada que operan en la región bajo la instrucción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
Este caso representa un hito judicial en Michoacán, ya que es la primera vez que un exgobernador enfrenta cargos por homicidio calificado derivados de decisiones tomadas durante el ejercicio de su mando policial, elevando el caso de una negligencia administrativa a un crimen de lesa humanidad a nivel estatal.
