Por. J. Jesús Lemus
A la crisis de desaparecidos que azota al país, se suma otra, la de los malos manejos en las fiscalías estatales sobre los recursos económicos destinados a la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. En la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas se apunta un caso de escándalo por la falta de transparencia sobre los pagos de servicios técnicos a favor de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG).
En el centro de la polémica se encuentra la actual vicefiscal Elizabeth Almanza Dávalos, la que en la pasada gestión se desempeñó como Fiscal de Personas no Localizadas, periodo en el que no se transparentaron los pagos a los forenses guatemaltecos, y donde la Fiscalía de Tamaulipas utilizó fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
De acuerdo con datos oficiales de la citada organización de ayuda internacional, la USAID financió con 24 millones de dólares a proyectos de búsqueda e identificación de personas en cinco fiscalías estatales del país, entre ellas la de Tamaulipas, donde la entonces Fiscal de Personas Desaparecidas, es decir, Elizabeth Almanza Dávalos, hizo uso discrecional de esos fondos.
La colaboración entre la Fundación de Antropología Forense de Guatemala y la Fiscalía de Tamaulipas fue reconocida por propio Fiscal Irving Barrios Mojica, el que en su sexto informe de actividades refirió que policías, peritos y gentes del Ministerio Públicos “fueron capacitados en la aplicación de las ciencias forenses en la búsqueda de personas desaparecidas, con el apoyo de la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala”.
Esa colaboración, con la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, no fue altruista. Hubo pagos de por medio, los cuales no se han transparentado, pero más que eso, lo que es peor es que -pese a esa colaboración con cargo al erario de la Fiscalía-, no se registraron avances en materia de identificación de los restos óseos rescatados por los colectivos de buscadoras.
Datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) refieren que, durante el periodo de gestión de Elizabeth Almanza Davalos, como Fiscal de Persona Desaparecidas, en Tamaulipas se registró el descubrimiento de por lo menos 2 mil 453 fosas clandestinas.
Por la incapacidad de Elizabet Alamanza, la Fiscal de Personas Desaparecidas, pese a estar pagando un servicio de asistencia técnica a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, al no poder avanzar en la identificación genética de los restos óseos de personas localizados en las fosas, el numero de desaparecidos en gavetas y anfiteatros aumentó.
Tamaulipas, según los datos estadísticos del SESNSP, fue el primer estado en registrar una crisis no solo de personas desaparecidas, sino de incapacidad oficial para lograr una correcta identificación genética de los restos de personas localizadas, pese a la elevada cantidad de recursos económicos destinados parta ese fin, desde la federación, el gobierno estatal y de organismos internacionales, como la USAID.
Durante la gestión de Elizabeth Almanza Dávalos como titular de la Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de Tamaulipas, se llegó a la acumulación de más de 14 mil restos óseos y cuerpos completos en espera de ser identificados, en tanto que los pagos por nada no cesaron a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala.
La opacidad en los pagos para la identificación genética de restos óseos, cuerpos enteros o semicompletos, solo se entiende con la complicidad de Ana Laura Martínez Pastrana, la Coordinadora de Asesores, la que es reconocida al interior de la Fiscalía de Tamaulipas, como “la mano que mece la cuna”, por el peso de sus decisiones logísticas, operativas y administrativas.
Los pagos por servicios periciales que Ana Laura Martínez Pastrana autorizó para que la entonces Fiscal de Personas Desparecidas pagara a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, ascienden -o al menos así están registrados en las finanzas de la Fiscalía- a más de 20 millones de pesos por intervención de los peritos forenses. Y se han registrado al menos cinco intervenciones por año, desde que se firmó el acuerdo de colaboración.
Hay que resaltar, solo para referir el gran negocio en que se ha convertido la crisis de desaparecidos que se padece México, que organismos internacionales, no gubernamentales, como la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, mantienen convenios de colaboración, a costos millonarios, con diversas Fiscalías estatales, sin que sus esfuerzos se puedan materializar en una más rápida identificación de los cuerpos o restos óseos encontrados tras la desaparición forzada.
En el caso de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, se sabe por fuentes públicas abiertas que hoy en día, aparte de con la Fiscalía de Tamaulipas, también mantiene convenios de colaboración con las fiscalías estatales de Colima y Sinaloa, que son de los estados que forman parte de la lista del top ten de desaparecidos.
El desaseado comportamiento de la hoy vicefiscal de Elizabeth Almanza Dávalos no solo es referente en cuanto al manejo de los recursos. Colectivos de madres buscadoras han denunciado públicamente que Almanza Dávalos ha realizado exhumaciones en fosas clandestinas, sobre todo en la zona de Reynosa y Nuevo Laredo, sin avisar debidamente a los familiares de víctimas, y sin transparentar el trato que se les da a los restos encontrados.
Elizabeth Almanza Dávalos también es referida, por voces desde adentro de los colectivos de madres buscadoras, de haberse beneficiando económicamente con el programa de la Fiscalía de Tamaulipas que ofrece recompensas económicas a personas que aportan datos para la ubicación de no los no localizados.
Dinero del fondo de recompensa, acusan madres buscadoras, no solo ha ido a parar a la bolsa de Elizabeth Almanza, sino que también ha beneficiado a algunos delincuentes que participaron en las mismas desapariciones que se buscan esclarecer.
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