Por. J. Jesús Lemus
En lo que representa uno de los sismos políticos más profundos en la historia reciente de México, la Interpol ha activado de manera oficial las fichas rojas de localización y captura internacional contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y un grupo de altos funcionarios y exfuncionarios de su administración, a solicitud expresa del Gobierno de Estados Unidos.
La emisión de estas alertas internacionales, confirmada en la conferencia matutina por la presidenta Claudia Sheinbaum, responde a un indictment , la acusación formal, emitido por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York.
A los implicados se les acusa formalmente de conspiración para el tráfico de drogas —especialmente fentanilo, cocaína y metanfetaminas— y posesión de armas de fuego de uso exclusivo militar, presuntamente por utilizar sus cargos públicos para brindar protección institucional y filtrar operativos a la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
Originalmente la lista estadounidense contemplaba a 10 personajes clave de la política sinaloense, pero el tablero se ha movido drásticamente tras dos entregas voluntarias, la del general Gerardo Medina, que era el secretario de seguridad de Sinaloa, y la del ex tesorero del estado Enrique Diaz Vega.
Se sabe que Ruben Rocha, el exgobernador, se encuentra en Sinaloa, habiendo solicitado una licencia temporal tras rechazar categóricamente las acusaciones, tachándolas de “calumnias sin fundamento”. Continúa bajo resguardo domiciliario con escolta local y protección estatal tras una evaluación de riesgos.
El senador oficialista, Enrique Inzunza, también cuenta con la alerta internacional activada. Hasta el momento no se ha reportado que cuente con seguridad federal especial ni ha solicitado resguardo. Tampoco se sabe en donde se encuentra.
Juan de Dios Gámez Mendívil, el Alcalde de Culiacán, también señalado en el entramado criminal bajo investigación, tampoco se encuentra localizable, nadie lo ha visto desde que fue señalado de socio del Cártel de Los Chapos, por el gobierno de Estados Unidos.
Las fichas rojas ya no aplican para Gerardo Mérida Sánchez (exsecretario de Seguridad Pública estatal) ni para Enrique Díaz Vega (extitular de la Secretaría de Finanzas). Ambos exfuncionarios evadieron la captura en suelo mexicano al viajar a Estados Unidos para entregarse voluntariamente a las autoridades de ese país, donde ya negocian acuerdos de culpabilidad como testigos protegidos para delatar a los mandos superiores de la red.
Desde la perspectiva puramente operativa, la ficha roja de Interpol funciona como una alerta de detención internacional, lo que significa que si Rubén Rocha Moya o cualquiera de los otros siete exfuncionarios que permanecen en el país cruzaran la frontera o intentaran salir de México, serian capturados de inmediato por las policías del país receptor.
La presidencia mexicana aclaró que el gobierno no ejerce una vigilancia particular o arraigo doméstico sobre los acusados, argumentando que no hay una disposición legal interna que obligue al Ejecutivo a vigilarlos permanentemente. Mientras la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene sus propias carpetas abiertas, la ley de seguridad nacional impide que agencias extranjeras realicen arrestos directos dentro del territorio nacional.
El caso entra ahora en una fase crítica de tensión diplomática. Mientras el Gobierno de México ha enviado una nota diplomática exigiendo que Estados Unidos comparta pruebas irrefutables, las líneas de investigación avanzan con las declaraciones que los exsecretarios de Finanzas y Seguridad ya están rindiendo ante los fiscales de Nueva York.
