Por. J. Jesús Lemus
Las mentiras de la clase gobernante sobre la realidad del litio en nuestro territorio, no solo se circunscriben a la ubicación de los depósitos de ese metal, esas falsedades también son recurrentes sobre las concesiones y las empresas mineras trasnacionales que ya se encuentran en proceso de exploración o explotación de los yacimientos.
Como si el gobierno federal tuviera miedo de algo, se niega a toda costa la información certera. Hay clara evidencia del recelo institucional al verter información sobre la minería relacionada con el litio. Se niega en forma sistemática transparentar quién está o estará a cargo de la extracción de litio en nuestro país.
De acuerdo con datos oficiales, si los creyéramos a pie juntillas, deberíamos pensar que, al cierre de este trabajo, no había una sola empresa minera extranjera ni nacional que tuviera a su cargo siquiera una concesión minera para lograr la explotación de litio.
Según el gobierno federal, no hay mineras trasnacionales explorando el suelo mexicano en busca de litio. Eso fue lo que respondió oficialmente la Secretaría de Economía cuando de manera oficial se le preguntó —como parte del trabajo de investigación de este texto— cuántas y cuáles eran las empresas mineras trasnacionales que estaban, en suelo mexicano, siendo beneficiadas con algún tipo de permiso o concesión minera para la explotación de litio. En una respuesta oficial debidamente pensada, el gobierno federal respondió que se tenían cero registros de empresas mineras trasnacionales que contaran con una o varias concesiones mineras para la explotación de litio.
En la misma pregunta que se le hizo al gobierno federal para saber cuántas empresas de capital extranjero cuentan con permisos o concesiones de exploración en el suelo mexicano para buscar litio, también se le cuestionó sobre cuántas y cuáles son las empresas que cuentan con permisos o concesiones para explorar y explotar bancos de otros metales o minerales considerados en las leyes mexicanas como estratégicos, igual que el litio, tal sería el caso del plomo, níquel, cadmio, manganeso y zinc.
La respuesta de la SE a esta interrogante también fue que no se contaba con ningún registro de alguna empresa minera trasnacional haciendo en suelo mexicano trabajos de exploración o explotación de yacimientos o depósitos de los minerales mencionados.
Esa respuesta, por mal intencionada, solo la pueden creer aquellos que tengan menos de dos dedos de frente. Sola se desmiente con los datos contenidos en los informes de 2023 de la Cámara Minera de México, en donde se detalla que la industria minera nacional y trasnacional establecida en suelo mexicano, solo en lo que hace al año 2022, ha destinado 467 millones de dólares para realizar exploraciones de litio, y que se han invertido 612 millones de dólares para explorar los yacimientos de níquel.
En el citado informe de la Cámara Minera de México se refiere que las inversiones hechas en la exploración de litio y níquel, solo por hablar de dos de los metales estratégicos más demandados a la fecha en el mundo, se ubican en el cuarto sitio de los metales con mayor inversión de exploración, solo superados por los trabajos de búsqueda que se hacen para ubicar oro, cobre y plata.
Queda en evidencia la mentira del gobierno federal y su gerencia de negocios, la SE, cuando niega en forma oficial y sistemática la existencia a la fecha de empresas mineras trasnacionales haciendo labores de exploración o explotación de litio en suelo mexicano.
La mentira oficial de que no existen empresas explorando o explotando el litio mexicano se desfonda cuando la propia se señala tácitamente en otra repuesta de información, al dar a conocer el listado “Proyectos Mineros operados por Compañías de Capital Extranjero 2013”, que sí hay empresas mineras extranjeras haciendo labores de exploración y explotación de litio.
Según se puede leer en el citado listado de proyectos mineros, solo en cuanto hace a la exploración y explotación de litio —que tanto niega el gobierno mexicano—, la empresa española Sutti Mining, S. L., mantiene bajo exploración tres proyectos en el lago Salinas, en San Luis Potosí, y otros cinco proyectos en la zona conocida como Santa Clara, en la zona del semidesierto, en los límites de San Luis Potosí y Zacatecas.
En esos ocho proyectos, donde además de litio se revisan las reservas de potasio con miras a su explotación industrial, la empresa Sutti Mining, S.L., trabaja en concesiones asociadas con la empresa paraestatal mexicana LitioMX, de reciente creación.
Bajo los intereses de la clase gobernante que la administra, la SE también oculta la concesión otorgada para la explotación de litio en el sitio conocido como Cerro Prieto, en el municipio de Mexicali.
El proyecto —según se indica en el listado oficial de proyectos mineros a cargo de trasnacionales— está entregado a dos empresas, la Panamerican Lithium Corp., de capital estadounidense, y la minera Escondida Internacional, supuestamente de capital mexicano. Estas dos empresas, en el Cerro Prieto, además de litio también exploran las reservas existentes de oro y plata.
No debe pasar por alto que, aun cuando oficialmente no aparece registrada en la versión pública del padrón de proyectos mineros a cargo de extranjeros de la SE, la empresa canadiense One World
Lithium se encuentra a cargo de los trabajos de exploración para la búsqueda de litio en la zona conocida como Salar del diablo. Esta región, que cuenta con una superficie de más de 75000 hectáreas, aparece en el panorama minero nacional como un sitio sin concesiones mineras por parte del gobierno federal, pero la minera canadiense está explorando esa región desde 2019.
En sus informes públicos la trasnacional canadiense, que explora el suelo de la zona del Salar del diablo, en Baja California, refiere que sus muestras de suelo indican la presencia no solo de litio, en cantidades suficientes como para hacer viable económicamente cualquier proyecto extractivo, sino que también existen evidencias para la explotación industrial de otros elementos como boro, cobalto, cesio, potasio, magnesio, sodio y vanadio. de esto, la Secretaría de Economía del gobierno federal ni siquiera se da por enterada… o tal vez sí.
otro proyecto de litio que trata de ocultar la SE, de los que están a cargo de las empresas trasnacionales dedicadas ya de lleno —con algo de ventaja— a la exploración de las reservas de ese metal estratégico, es el que está corriendo la empresa Sutti Mining, S.L., en Zacatecas, en la zona conocida como Lago Los Barriles, en donde esta empresa de capital español, sin necesidad de ninguna sociedad como la que tiene con LitioMX, S.A., en San Luis Potosí, está haciendo el desarrollo para siete minas de litio, las que podrían competir en cuanto a producción con las minas que se ubican en la zona de reserva de litio, en Sonora, las que aun oficialmente no se han entregado a ninguna trasnacional.
Pero sin duda uno de los proyectos mineros de litio de mayor envergadura, que tal vez por lo mismo es escondido por el gobierno mexicano, es el que llevan cabo las empresas canadienses Bacanora Mineral Ltd. y Rare Earth Minerals Plc., las que están explorando más de 100 000 hectáreas de suelo en el municipio de Bacadéhuachi, en el corazón del desierto de Sonora.
Esa superficie fue entregada por la Federación a través de 10 concesiones mineras, las cuales tienen una vigencia de 80 años, con posibilidad de renovarse al menos una vez más. Por eso las mineras —dicen en su página oficial— cuentan con la posibilidad producir “carbonato de litio de grado batería de alta calidad para su distribución a clientes potenciales en Asia según sea necesario”.
Con el control de una gran parte de las reservas de litio mexicano, la meta de esta empresa es ser la principal proveedora mundial de materia prima para la elaboración de baterías eléctricas a base de litio, para todo tipo de dispositivo, desde un teléfono celular o una computadora, hasta un automóvil o una unidad industrial de alto consumo eléctrico.
Sobre este proyecto en particular, a cargo de las empresas canadienses Bacanora Mineral Ltd. y Rare Earth Minerals Plc., que el gobierno federal mantiene bajo reserva extraoficial, cabe decir que es parte del proyecto nacional de litio, el plan que el gobierno de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López obrador ideó para entregar el litio a una clase privilegiada de mexicanos, asociados con extranjeros, mediante la simulación de la nacionalización de ese metal.
Si no fuera así, no se entiende entonces la razón del gobierno mexicano de haber emitido una ley presidencial, anunciada como un decreto expropiatorio de todas las reservas nacionales de litio, que terminó siendo un fiasco.
Se dijo en su momento que dicho decreto expropiatorio del litio, del presidente Andrés Manuel López obrador, era del tamaño de la nacionalización de la industria eléctrica hecha por el presidente Adolfo López Mateos, o de las dimensiones de la expropiación petrolera ejecutada por el presidente Lázaro Cárdenas del Río.
Pero ni una cosa ni la otra. El decreto de AMLo fue el parto de los montes. Fue una mentira. Nunca hubo nacionalización. de acuerdo con lo que refiere el decreto del 18 de febrero de 2023, solo una pequeña porción del suelo mexicano es la que “se declara zona de reserva minera de litio, denominada Li-MX 1”, el resto del suelo mexicano con yacimientos o depósitos de litio se deja libre para concesionarse, pero bajo la administración del organismo público descentralizado denominado Litio para México, el cual surge en la escena nacional a partir del decreto presidencial del 23 agosto de 2022, en donde se establece que “el objeto de [la empresa] Litio para México es la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio, ubicado en territorio nacional, así como la administración y control de las cadenas de valor económico de dicho mineral”, y refiere —el mismo decreto— que para que esa paraestatal cumpla con su objetivo, “podrá asociarse con otras instituciones públicas y privadas”.
Es decir, aun cuando se dijo oficialmente que el litio se estaba nacionalizando, la realidad es que el litio mexicano continúa como antes, abierto a la inversión extranjera y privada, solo que ahora para invertir se requiere una sociedad mercantil con la empresa encargada de administrar y controlar las actividades necesarias para la producción, transformación y distribución de productos derivados del litio.
Es necesario precisar lo anterior, porque el embuste del presidente López, aludiendo a una nacionalización del litio cuando en realidad se le están abriendo las puertas al capital internacional, solo ratifica lo que hasta aquí se ha venido demostrando, que la clase gobernante y empresarial que llegó con la mentada Cuarta Trasformación tiene puestas sus ambiciones —y toda la intención del saqueo— sobre la gran cantidad de litio que existe en todo el territorio nacional, y la supuesta nacionalización del litio solo se utiliza como cortina de humo para cometer el atraco.
Si no fuera así, el “decreto de nacionalización del litio” habría nacionalizado el litio. Habría dejado a los capitales privados extranjeros o nacionales sin posibilidad de inversión en ese sector estratégico de lo energético. Por lo menos los 82 campos de litio que se reconoce oficialmente que existen a la fecha serán de predominio nacional.
Nada tendrían que ver con las exploraciones las empresas mineras trasnacionales. Y no estaría el gobierno federal echando maromas para esconder —ante la opinión pública y algunos cuestionamientos informativos de la prensa— muchos de los campos de litio que ya están descubiertos.
La estrategia oficial de esconder los campos de litio es una realidad. Eso no puede ocultarse. La trampa se sigue dando. Tomemos solo como caso demostrativo el estado de Sonora. Ahí, dice la SE, se tienen reservas importantes de litio en 13 campos con alta prospección minera.
Esos yacimientos o depósitos de litio se ubican cada uno de ellos en los municipios de Tubutama, Santa Cruz, Pitiquito, Nacozari de García, Huásabas, Aconchi, Soyopa, ónavas, Suaqui Grande, La Colorada, divisaderos y dos en Nogales (Anexo, mapa 5). Pero si en esos municipios es donde se concentran los grandes campos de litio en Sonora, tal como lo informa la SE, entonces ¿por qué no todos esos campos están contemplados en la zona de reserva de litio “nacionalizada”?
La zona de reserva de litio que supuestamente fue nacionalizada por el presidente López obrador, con una extensión territorial de 234 855.2 hectáreas,14 solo contempla los campos mineros de litio de los municipios sonorenses de Arivechi, Bacadéhuachi, Sahuaripa, Granados y Nácori Chico; ninguno de estos campos está mencionado en la lista oficial de los 82 sitios mineros de litio que reconoce la se. También, dentro de esa misma reserva “nacionalizada”, están los municipios sonorenses de Huásabas y divisadero, los cuales sí se mencionan en la lista oficial de los 82 lugares con litio que se manejan oficialmente.
¿Por qué solo unos cuantos campos de litio de Sonora fueron decretados como zona de reserva nacional? ¿Por qué no se “nacionalizó” todo el litio mexicano? La respuesta a esas interrogantes tiene que ser una: porque la nueva clase gobernante mexicana está observando en el litio nacional un modelo de negocios a futuro que les puede ser más rentable que el petróleo.
De otra forma no se entiende el interés que de la noche a la mañana —al contar con información privilegiada— ha surgido en decenas de funcionarios estatales de Sonora y del gobierno federal por comprar —a veces en sociedad, a veces en solitario— grandes extensiones de terrenos desérticos en aquellos municipios donde ni siquiera se dan las biznagas, pero que en el subsuelo cuentan con una riqueza incalculable.
