Por. J. Jesús Lemus
A la vista de todos, aun sin ser escuchado por el gobierno estatal, José Mireles no quitó el dedo del renglón: se decidió a organizar a un grupo de ciudadanos que armados pudieran hacer frente al crimen organizado.
En un solar de su casa convocó a una reunión a varios de sus amigos y volvió a exponer su punto de vista, tantas veces repetido ante los padres de familia de la escuela secundaria de Tepalcatepec; habló de la necesidad de armarse para defenderse de las células al servicio de los caballeros Templarios, y esta vez sus palabras tuvieron eco.
Entre los presentes estaban Ricardo Valdez, de Aquila; Adalberto Fructuoso comparan, de Aguililla; Ramón Contreras Orozco, de La Ruana; Jesús Gutiérrez, de La Ruana; Ángel Gutiérrez Aguilar, de Tepalcatepec; Hipólito Mora, de La Ruana; Misael González, de Coalcomán; Luis Antonio Torres, de Buenavista, y Jesús Díaz, de Chinicuila.
La mañana del 24 de febrero de 2013, Mireles personalmente organizó la instalación de las primeras barricadas, dirigió a los primeros grupos de civiles armados que salieron a tomar las calles y a controlar el acceso a los poblados, y supervisó la defensa de los municipios alzados ante la eventual reacción del crimen organizado.
Desde Morelia, el gobierno de Fausto Vallejo trató de ignorar al movimiento: mandó difundir en todos los medios de circulación estatal y regional la agenda del jefe del Ejecutivo. Trató de sepultar el alzamiento; de su lado, en la nómina oficial, estaban muchos periodistas y medios que decían marcar liderazgo en la opinión pública.
Al mediodía del 25 de febrero, el doctor Mireles se estrenó en los medios nacionales de comunicación; los locales le hicieron vacío. La mayoría de los medios informativos de México daban cuenta del valor de un médico que dejaba la comodidad del consultorio y cambiaba el estetoscopio y la bata blanca por el chaleco antibalas y las armas: buscaba encarar al crimen organizado.
La prensa local anunciaba acciones del gobierno de Fausto Vallejo. En los días subsecuentes la ola mediática nacional creció a tal grado que sacudió el cómplice silencio en el que se envolvían medios y autoridades locales; pronto fueron apareciendo, a cuentagotas, algunas notas sobre “incidentes” provocados por civiles armados en la zona de Tierra caliente.
Desde un principio el discurso de Mireles fue bravo. No se anduvo por las ramas, habló de las cosas en forma puntual: aseguró que en todo el sur de Michoacán existía un poder alterno al del estado, el de los narcos; que muchos funcionarios incrustados en la estructura del gobierno de la entidad y en muchos municipios únicamente obedecían a los intereses del crimen organizado, que los caballeros Templarios los habían puesto allí; que los intereses económicos entre narcos y algunos políticos eran de tal envergadura que no les importaba llegar a cualquier exceso para defenderlos.
El discurso de Mireles fue respaldado por los escasos integrantes del grupo que dio en llamarse consejo Michoacano de Autodefensas. En el consejo estaban representados los movimientos armados que habían tomado los municipios de Tepalcatepec, Buena Vista Tomatlán, Chinicuila, Arteaga, Coahuayana, Tumbiscatío, Apatzingán y Coalcomán, donde el primer paso para llevar a cabo la guerra contra el crimen organizado fue decretar la expulsión de las policías estatales.
Junto a la lucha contra las células del narcotráfico se decretó un boicot al gobierno de Fausto Vallejo, al que se le acusó siempre de mantener vínculos estrechos con las estructuras de los caballeros Templarios; se llamó a la desobediencia civil contra la administración estatal, y la gente dejó de pagar impuestos locales y de atender las instrucciones emanadas desde Morelia para sumarse a los grupos de civiles armados, que comenzaron a vigilar los pueblos y las comunidades rurales. Desde entonces resaltó la extraordinaria organización entre los grupos de civiles entreverados por las armas.
El rápido crecimiento de los grupos de autodefensa, la movilización sincronizada, los sistemas de radiocomunicación, el equipo de guerra utilizado, el armamento y la transportación, entre otras cosas, hicieron que se iniciara un debate a nivel nacional sobre el financiamiento del movimiento. Fue alentado desde el interior del gobierno estatal, desde donde se trató de denostar a toda costa los reclamos de seguridad de los vecinos que encabezaba Mireles.
Y es que el movimiento, que inició con apenas 330 personas de ocho municipios, muy pronto —en menos de tres meses— ya llegaba a más de tres mil ciudadanos activos, armados y pertrechados para el combate.
Las escaramuzas que se dieron entre autodefensas y células del crimen organizado entre febrero y mayo de 2013 no tuvieron parangón; en algunas el saldo fue de sesenta a ochenta muertos. cada bando recogía a sus caídos y se alistaban para otro encuentro.
El gobierno de Michoacán se diluía entre la preocupación mediática por el estado de salud del gobernador y la deuda pública heredada por la administración estatal pasada. En los corrillos oficiales se insistía en el extraño origen del financiamiento de los grupos de civiles armados.
A pesar de las sospechas del gobernador acerca de la participación de la Federación en el levantamiento de los civiles armados, el Ejecutivo estatal dio todo su respaldo a la Federación para que incrementara la presencia militar en la entidad.
ofreció su apoyo para la instalación de al menos tres cuarteles más en Michoacán, mismos que estarían en los municipios de la zona limítrofe con Jalisco, a fin de hacer una suerte de blindaje al estado; el gobernador era otro cuando estaba ante funcionarios federales.
También el mandatario miró con buenos ojos y expresó su beneplácito a la propuesta de militarizar la seguridad pública de los municipios. Noventa y ocho de los 113 ayuntamientos de la entidad tenían a principios de 2015 respaldo formal del Ejército; en al menos once los militares tomaron el control de la seguridad pública, desplazando a los cuerpos de policía locales. Los municipios que primero tuvieron soldados como policías fueron Vista Hermosa, Briseñas, Uruapan, Apatzingán y Lázaro Cárdenas.
El extraño acercamiento entre el gobierno estatal y la cúpula militar en Michoacán causó nerviosismo entre la dirigencia de los grupos de autodefensa, donde se sabía que algunos funcionarios estatales eran cercanos colaboradores del crimen organizado.
Se denunció la posibilidad de que los mandos militares, que oficialmente llegaron a la entidad para hacerse cargo de la seguridad pública, pudieran terminar respaldando a los grupos de la delincuencia organizada, contra quienes se mantenía la guerra.
En forma inmediata se demandó la salida de los cuerpos de seguridad federales. Esa fue la primera fricción entre los grupos de autodefensa y el gobierno federal, que se había manifestado aliado.
Para exponer sus presunciones, ante el vacío que los medios de comunicación locales les hacían, los grupos de autodefensa optaron por manifestar su exigencia a través de las redes sociales.
Fue un recurso de comunicación insólito pero eficiente: ese fue el foro que permitió a Mireles manifestarse vivo ante el mundo. A través de la red se informó públicamente sobre la relación personal y familiar que mantenían algunos integrantes de primer nivel del gobierno estatal con líderes de los caballeros Templarios.
El primer aludido fue el entonces secretario de Gobierno y exgobernador interino Jesús Reyna, quien no tardó en desmarcarse de las acusaciones.
Después, los señalamientos de la dirigencia de las autodefensas tocaron a funcionarios de peso como el propio gobernador, al que se señaló como comprometido con algunos dirigentes de los Templarios; lo mismo la senadora del prd Iris Vianey Mendoza, a quien se le cuestionó su relación personal con Melissa Plancarte, hija de uno de los líderes del cártel, con quien apareció en el video de una fiesta que se difundió en las redes sociales. Una decena de alcaldes fueron mencionados por los insurgentes como colaboradores de los caballeros Templarios.
En contraofensiva, la voz autorizada del cártel, Servando Gómez, también utilizó el mismo medio para señalar a los grupos de autodefensa como “parapetos” de cárteles contrarios al michoacano, los que estarían buscando posicionarse en el estado.
Las versiones que llegaron desde los Templarios apuntaban a un financiamiento de los grupos de autodefensa por parte de los cárteles Jalisco Nueva Generación y del Chapo Guzmán, quienes se han interesado históricamente en el control de las rutas del narcotráfico que parten desde Michoacán hacia diversos puntos del sur de Estados Unidos y otros países allende el Pacífico.
En su dispersa política mediática el gobierno de Michoacán, ante el brote de insurgencia de los pobladores cansados del sometimiento al crimen organizado, también fortaleció la versión de que era un movimiento financiado por cárteles antagónicos a los Templarios; esa fue la tesis reinante antes de que se diera la primera iniciativa local para sentarse al diálogo. El secretario Jesús Reyna dijo públicamente que de los grupos de autodefensa, como muestra de buena voluntad, debían exhibir disposición para dejarse investigar y demostrar que no estaban siendo financiados ni tenían relación con grupos criminales; la propuesta fue rechazada por las autodefensas, que arreciaron la campaña de información sobre los nexos entre Reyna García y los caballeros Templarios.
Los grupos de autodefensa insistieron en denunciar la colusión entre el gobierno local y el cártel michoacano, y la ofensiva del crimen organizado se intensificó:
sumada a las acciones de guerra realizó una campaña mediática en redes sociales para señalar desde la clandestinidad la supuesta relación entre mandos del Ejército y miembros de otros cárteles, entre ellos el de Jalisco Nueva Generación y del Pacífico, que aspiraban al control de Michoacán.
Desde el portal YouTube se señaló que esa era la estrategia oficial dictada desde la Presidencia de la República.
Los caballeros Templarios volvieron a manifestar su capacidad de reacción ante la ofensiva. comenzaron a movilizar, a veces con amenazas, a veces por convicción, a los grupos sociales que mantenían bajo su control; la presencia de las fuerzas federales fue rechazada con manifestaciones públicas en diversos puntos de Tierra caliente y de la costa.
En Lázaro cárdenas hubo un paro generalizado del transporte público para exigir la salida de la Policía Federal y el Ejército: el argumento expuesto por algunos líderes transportistas para defender su movimiento y la demanda de retiro de las fuerzas federales de la zona del puerto era el fundado temor de ser criminalizados por la decisión unilateral de algún mando, lo que era suficiente para encarar un proceso penal en una cárcel de máxima seguridad.
Los transportistas, pescadores, agricultores y comerciantes que movilizó el crimen organizado también protestaron en los municipios de Aquila, Aguililla, Coalcomán, Buena Vista Tomatlán y Tepalcatepec, donde la Federación suplió a los policías municipales tras conocer el nivel de corrupción e infiltración de las corporaciones.
La militarización en Michoacán era un tema que en lo público avalaba el gobernador, pero en privado la cuestionaba y hasta la rechazaba, reconociendo los excesos en que incurrían los militares frente a la población civil.
Los grupos civiles movilizados por el crimen organizado también realizaron plantones y tomas de carreteras locales en diversos puntos, principalmente en aquellos municipios donde los militares eran responsables de la seguridad pública; la ruta que comunica Lázaro cárdenas con la zona minera de Aquila fue bloqueada por casi una semana en por lo menos siete puntos.
Los grupos de autodefensa se abocaron a liberar esa vía de comunicación en medio de aquella fórmula indescifrable: los militares protegían los municipios, pero sus órdenes eran no desalojar a la población civil que exigía su salida; los civiles movilizados por el crimen organizado estaban secundados por patrullas de sicarios para atender cualquier agresión de los grupos de autodefensa, pero entre estos últimos la mayoría no querían ir contra la población civil.
