Quiero hacer referencia en particular al punto de acuerdo por el que el Senado expresa su reconocimiento a las acciones de coordinación implementadas en Tapalpa, Jalisco, el pasado 22 de febrero.
Primero que nada, acompaño y valoro mucho la dictaminación de esta comisión porque reconoce, antes que otra cosa, lo que debe ser reconocido y además exhorta en la dirección correcta.
Pero sí quisiera dejar constancia del espíritu con el que presenté el punto de acuerdo original, porque al acumular ambas proposiciones, el dictamen diluyó la dimensión financiera, que era el núcleo de mi planteamiento.
Primero, lo que no está en discusión: el valor de las mujeres y los hombres de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República esto no admite matices.
En Movimiento Ciudadano reconocemos la operación sin reservas y la valentía de quienes la llevaron a cabo.
Pero ese reconocimiento les debe algo concreto a los 25 elementos de la Guardia Nacional que perdieron la vida, al agente de la Fiscalía de Jalisco, a la persona civil que también perdió la vida y que era ajena a los hechos. Les debemos una evolución en la estrategia.
El mismo 22 de febrero lo vimos, el caos generado por los hechos de violencia no fue el caos de una estructura derrotada. Fue la respuesta coordinada de una organización que sigue operando. Lamentablemente la caída del líder no significa el desmantelamiento de la organización.
Y la razón es simple: mientras la maquinaria que genera, mueve, lava e invierte miles de millones de dólares permanezca intacta, el incentivo para ocupar el lugar vacante también permanece. Y con él, el ciclo de violencia.
Mi punto de acuerdo propuso exhortar al Ejecutivo a priorizar, dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la inteligencia financiera y el desmantelamiento de las estructuras económicas del crimen. Cosa que el dictamen sí recoge, pero de manera parcial.
Y lo que el dictamen omite es nombrar las obligaciones que México ya firmó en esta dirección. La Convención de Viena de 1988 que obliga a tipificar el blanqueo de capitales y a decomisar los instrumentos del delito. La Convención de Palermo que define al grupo delictivo organizado en torno al beneficio económico. La Convención de Mérida que establece el embargo preventivo y la incautación. Y las 40 Recomendaciones del GAFI exigen unidades de inteligencia financiera operativas.
Los compromisos están suscritos. Lo que nos falta como nación es cumplirlos.
También se omite en el dictamen la necesidad de coordinación entre la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General, el Centro Nacional de Inteligencia, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el SAT, las fiscalías estatales. Porque sin esta articulación, la inteligencia financiera no puede producir resultados.
Cada peso decomisado, cada cuenta congelada, cada empresa fachada que es desmantelada representa un golpe que no genera represalias contra civiles, no pone en riesgo a nuestros elementos de seguridad y daña de forma duradera la capacidad operativa del crimen organizado.
El dinero del crimen tiene nombre, tiene cuentas, tiene empresas y tiene cómplices dentro del sistema financiero. Y seguirlo es la diferencia entre atacar de raíz a una organización o darle tiempo para que nombre a su siguiente jefe.
Muchísimas gracias, presidenta.
